Raquel Gallego y Joan Subirats (UAB)
En la mayoría de países de la OCDE y también en otros muchos países ha ido emergiendo el debate sobre el impacto de la descentralización en la equidad. La investigación de la que aquí damos cuenta ha tratado de responder a la pregunta de hasta qué punto la descentralización política en España ha generado una mayor inequidad entre los ciudadanos además de analizar la diversidad existente en el campo de las políticas sociales en el conjunto de las 17 CCAA. Las conclusiones del estudio apuntan a que, treinta años después del establecimiento del Estado de las Autonomías, el panorama de datos y el análisis de políticas llevado a cabo sugiere que existe un más que notable corpus común de principios, valores, beneficios y servicios. Pero también una periferia en la que las diferencias entre regiones, en términos de determinadas prestaciones y la existencia o no de determinados servicios, son más manifiestas.
¿Es siempre positiva la descentralización? Según este argumento, en la medida que los poderes públicos con capacidad de decisión se acercan más al territorio, las políticas pueden ajustarse más a las necesidades específicas de su población. Puede asimismo considerarse como positivo el hecho de que las comparaciones y la “competencia” entre las diferentes regiones genere lógicas de benchmarking, de aprendizaje e incentivos para la mejora general de las políticas públicas. Desde otra perspectiva, en cambio, la descentralización puede poner en peligro la equidad dentro del estado, debido a las dinámicas diferenciadoras que se pueden ir produciendo entre los territorios y que podrían acabar generando un incremento de las desigualdades entre sus ciudadanos. Por otro lado, este debate se enmarca en un proceso de reconsideración sobre las propias políticas de bienestar, sus límites y sus posibles inadecuaciones en relación a las nuevas realidades productivas, sociales y familiares.
¿Qué ha ocurrido en España? Como sabemos, el proceso de descentralización política y administrativa que se inició en España con la transición democrática de finales de los años setenta ha presentado una extensión e intensidad sin precedentes en la historia del país. Ha convertido a un Estado inicialmente unitario en uno de los más descentralizados de Europa, tratando de resolver así tensiones entre centro político y nacionalismo periférico que tenían un largo recorrido histórico. Lo cierto es que en apenas treinta años las regiones españolas o Comunidades Autónomas, han pasado de no existir a gestionar más de una tercera parte del gasto público del Estado (porcentaje explicable por el gran peso en su presupuesto de políticas como sanidad, educación o servicios sociales), dirigen a más de un millón y medio de empleados públicos (con fuerte presencia de personal sanitario y maestros) y han aprobado e intentan hacer cumplir una cifra superior a las tres mil leyes propias. Todo ello desde instituciones que dirigen dos centenares de consejeros y presidentes autonómicos y más de un millar de parlamentarios. Y además conviviendo con un nivel local de gobierno, con fuerte tradición, representado por los más de 8.000 ayuntamientos y decenas de diputaciones provinciales que se distribuyen en todo el territorio español.
Las distintas opciones que han ido tomando las CCAA se han desplegado en un contexto en el que se observa la persistencia de las diferencias territoriales en relación con ciertas características de la población, tales como la estructura por grupos de edad y aspectos vinculados a la relativa urbanización o realidad rural, o incluso la intensificación de las diferencias en relación a los fenómenos nuevos, como la inmigración y los nuevos hábitos sociales. Sin embargo, la tendencia conduce hacia la convergencia con respecto al desarrollo económico, en algunos casos, o con respecto a la disponibilidad y la dedicación de recursos públicos por habitante de las políticas de bienestar en los demás, aunque no existe una correlación positiva entre ambos aspectos.
Los datos generales indican que las distancias en términos de bienestar se han reducido, pero al mismo tiempo, la percepción de la ciudadanía en las respectivas regiones entiende que las diferencias existentes antes de la creación de las Comunidades Autónomas siguen estando presentes en muchos aspectos si bien reconocen una mejora generalizada en las políticas de bienestar. Las evidencias van por el lado de la convergencia, las percepciones por el lado de las diferencias y, sobre todo, por el lado de la desconfianza hacia una posible profundización de las mismas derivada de las dinámicas bilaterales de negociación entre gobierno central y gobiernos autonómicos. Todo ello apunta a que el tema de la construcción descentralizada de las políticas de bienestar en España seguirá dando que hablar en los próximos años. Nuestra nvestigación muestra como, por el momento, el valor de la igualdad no ha sido alterado por la voluntad de responder al valor de la diversidad, siendo ambos valores igualmente presentes en las bases constitucionales del Estado democrático español. En el futuro, deberemos analizar si el proceso de convergencia en los aspectos básicos de las políticas sociales analizadas conduce o no a dinámicas de emulación y de aprendizaje entre las Comunidades Autónomas.
Esta investigación fue llevada a cabo por un equipo de investigación del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la UAB coordinado por Raquel Gallego y Joan Subirats y formado por José Adelantado, Miguel Àngel Alegre, Eva Alfama, Pablo Barberà, Xènia, Chela, Mariña Couceiro, Julio Couto, Marta Cruells, Sheila Gonzàlez, Mariela Iglesias, Gabriela Monteiro y Clara Riba.
Financiada por el Institut d’Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya, está prevista la publicación para finales del 2010 del libro Raquel Gallego-Joan Subirats (eds.) Descentralització i desigualtat en l’estat de benestar: Evolució sòcio-estructural, percepcions i polítiquesautonòmiques. Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics.
Publicado en el Blog de la UAB : http://politicaigestio.uab.cat/