Andalucía cuenta, entre otras potencialidades, con un conjunto de recursos naturales, valores paisajísticos, o recursos hídricos, nuestro gran río, que conforman nuestro medio ambiente, nuestro ingente patrimonio natural, sobre el que tenemos la obligación colectiva de proteger y entregar intacto a las generaciones futuras. El Estatuto de Andalucía de 2007, en su artículo 28 consagra el derecho de los andaluces a un “medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable”, y también se proclama en ese precepto el derecho de los andaluces al “acceso a la información medioambiental de que disponen los poderes públicos”. Con carácter previo, en el artículo 10 de nuevo Estatuto, en el que se establecen los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, se consagra como objetivo número siete “la mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas mediante la protección de la naturaleza y el medio ambiente”.
Esta conexión entre calidad de vida y protección ambiental es muy importante desde el punto de vista axiológico, como concepto de modelo de Estado y de políticas públicas, es un asunto central, que también aparece en el artículo 45 de nuestra Constitución, aunque no estrictamente como derecho fundamental especialmente protegido, sino como principio rector de la política social y económica, con valor de jurídico no de derecho fundamental, sino de principio informador de la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, que no implica aplicabilidad o vinculación directa. Sería necesaria una legislación específica de desarrollo, que en estos 32 años de período constitucional no se ha producido, es decir, aún está por desarrollar específicamente los contenidos constitucionales esenciales del artículo 45.
Respecto al conjunto de valores que constituyen el medio ambiente de Andalucía, considerados en el ámbito urbano, se ha desarrollado en nuestra tierra una creciente demanda social y ciudadana para definir y aplicar políticas ambientales claras a nivel local, con el objetivo de poner en práctica estrategias municipales de sostenibilidad. Esta estrategia local es potencialmente generadora de nuevas actividades profesionales y empleo, que de hecho ya constituyen un nuevo yacimiento de empleo real. Un caso muy claro es el sector de las energías renovables, con una potencialidad clara en nuestra tierra.
Metodológicamente, los contenidos de las políticas locales de medio ambiente que se desarrollen en Andalucía han de ajustarse a la realidad de cada ámbito territorial, y han de elaborarse con la participación más amplia posible en su elaboración (ciudadanos y colectivos implicados). Recordemos que en la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad (Carta de Aalborg, 1994) se destacó especialmente el protagonismo de los ciudadanos y la participación de la comunidad en los programas locales de medio ambiente. Además, para la eficacia de la política medioambiental local son imprescindibles acciones permanentes de educación e información ambiental, con el doble objetivo transversal de hacer más ambiental la actuación municipal en su conjunto y más informada y comprometida a la ciudadanía.
En la perspectiva de la constitución de las próximas gobiernos locales que se constituyan a partir del 22 de mayo de 2011, los ejes estratégicos de una buena política local de medio ambiente a desarrollar en los Ayuntamientos andaluces debieran ser la gestión de los residuos urbanos con el objetivo de la consecución del ciclo integral de los residuos urbanos, la gestión sostenible del agua, o el fomento del transporte público colectivo. Otros objetivos y actuaciones locales a realizar serían las relacionadas con la contribución desde lo local a la aplicación de la normativa sobre calidad del aire, diseño de políticas de eficiencia energética, medidas serias contra la contaminación lumínica y acústica, así como políticas de protección y rehabilitación del patrimonio histórico de las ciudades, como elemento integrante también del medio ambiente urbano.
Importante línea estratégica sería la apuesta por un modelo de urbanismo sostenible, que supone una planificación racional y sostenible de los usos del suelo, es decir, la necesaria y obligada incorporación de la variable ambiental en la planificación del territorio, la aplicación de medidas de apoyo a la rehabilitación de viviendas en los cascos históricos, como alternativa a un crecimiento desmedido de las ciudades, apostando por un modelo de ciudad compacta, evitando la ocupación innecesaria de suelo, o el necesario incremento de los espacios verdes en nuestras ciudades.
Una cuestión esencial para la eficacia de las policías locales de medio ambiente es el organigrama municipal en esta materia. Es imprescindible la creación de Delegaciones Municipales de Medio Ambiente, que incluyan a las empresas y organismos municipales con competencia medioambiental (empresas municipales de residuos, aguas, transporte público, urbanismo, etc), bien estructuradas en la organización interna del Ayuntamiento y del presupuesto municipal, con recursos humanos cualificados suficientes para desarrollar toda esa ingente labor. Complementariamente, también sería muy conveniente que desde las áreas de alcaldía o presidencia se impulsaran políticas de coordinación con fines de sostenibilidad de todas las áreas, organismos y empresas municipales. El medio ambiente ha de ser objetivo global de toda acción de gobierno local.
En toda esta acción local por el medio ambiente, los ciudadanos andaluces tenemos un reto colectivo, la articulación participada y democrática de municipios responsables ambientalmente, con la fundamental implicación de los colectivos comprometidos en la defensa y respeto del medio ambiente. Los intereses privados y empresariales no pueden marcar las estrategias de desarrollo sostenible de los municipios en Andalucía. Hemos de corregir los desastres de los últimos años y mirar con más amplitud de perspectiva. El poder local ha de ser ejemplar en la defensa del medio ambiente, pero de la mano con el poder ciudadano.
Ciertamente, que será la sociedad civil, los grupos locales ciudadanos y políticos, de los que podrían surgir propuestas electorales específicas, que incluyan lo verde en sus estrategias y programas. Que la apuesta por el medio ambiente deje de ser algo marginal y pase a tener un papel central en la planificación de nuestros pueblos y ciudades. Quizá el período de democracia local 2011-2015 debiera ser el momento de que los poderes locales, en alianza con el poder ciudadano, caminen hacia una nueva etapa de profundización democrática, apostando por uno de los objetivos del Estado Social más importante: la defensa del medio ambiente.
me interesa recibir más información al respecto, me podría dirigir a mi dirección electrónica el Estatuto de Santa Lucía, gracias