¿A quién beneficia la corrupción por capítulos?

Raúl Solís | Nos levantamos con un serial de corrupción por capítulos. Cada día un titular más escabroso que transmite la idea de que el poder político español nada entre la corrupción. Casos judiciales convertidos en seriales que pretenden todo menos acabar con la corrupción. Siendo grave la corrupción, que lo es, no es el verdadero mal que aqueja a este país, ni la causa por la que estemos atravesando por una crisis causada por la corrupción fiscal, financiera y empresarial que cometen los dueños de los mismos medios de comunicación que llenan sus portadas con casos de corrupción.

No leeremos nunca en El Mundo que 31 empresas del IBEX 35 tributan la mitad del PIB español en paraísos fiscales, 550.000 millones de euros que convierten los 60 millones de Bárcenas en una propina. Juntando todos los casos de corrupción en España, que han sido varios, no llegaríamos siquiera ni a los 1.200 millones de euros, una cifra que de volver a las arcas públicas no lograría frenar ningún recorte de los 80.000 millones de euros que el Estado ha recortado desde 2008.

Entonces, ¿por qué parece que vivimos en un Estado de excepción donde todos los políticos deben parecer que son éticos y el desprestigio a la actividad política y a sus instituciones es un deporte de Estado con hordas de seguidores? No es gratuita la campaña de los medios de comunicación propiedad del Banco Santander, BBVA, FCC, El Corte Inglés, Iberdrola,  Ferrovial, Acciona o tantas y tantas empresas que se benefician de los servicios diplomáticos españoles para extender sus negocios en el extranjero, pero que no benefician en nada a este país gobernado por las élites económicas y financieras a las que el poder político le molesta, por muy de derechas y obediente que éste sea.

Los poderes financieros y de las grandes multinacionales son los verdaderos gobernantes del mundo y de El Mundo, de ahí que usen sus herramientas para desprestigiar las instituciones y esparcir la desafección ciudadana hacia los políticos y la democracia. De lo contrario, los ciudadanos podrían tener constancia que la crisis económica española es una ficción propiciada por paraísos fiscales de las empresas del IBEX 35 y por las SICAV, una figura fiscal made in Spain que permite que Emilio Botín pague 100.000 euros a Hacienda por una fortuna de 4.000 millones de euros.

¿Hemos leído alguna vez en El Mundo, en El País, o en algún otro medio de comunicación del establishment comunicativo español, un análisis pormenorizado del dinero español que duerme en paraísos fiscales? ¿O que si el dinero de las empresas españolas tributara en España, no tendríamos que haber hecho ningún recorte porque tendríamos un superávit de 10.000 millones de euros? ¿O por qué el modelo productivo español es inexistente por la sencilla razón de que, durante los años de bonanza, el flujo de dinero que se movía por España era cuatro veces mayor que el dinero real que se produjo?

¿Hemos leído alguna vez en algún medio de comunicación español que Botín ha sido portada de medios estadounidenses por tener su fortuna en paraísos fiscales? ¿O que el mismo fondo de inversiones que pide al FMI más dureza contra los países del sur de Europa, posee el 70% de las acciones del Grupo Prisa –El País o Cadena SER-? ¿O que el mayor accionista de El Mundo, un italiano dueño de la Automovilística FIAT, es un íntimo amigo de la Familia Real española y, por tanto, ha prohibido a Pedro J. Ramírez publicar asuntos que cuestionen el status quo de los Borbones?

Esta crisis tiene un objetivo perseguido durante años por los anarcocapitalistas: acabar con el poder político a base de extender la sensación de que todos los políticos son iguales para detener cualquier posibilidad de cambio real en las estructuras que producen este mundo insostenible por injusto.

Cambiar el modelo productivo y la política fiscal significa ir en contra de los que cometen la corrupción fiscal, financiera y empresarial, es decir, los bancos y las empresas del IBEX 35 a las que El Mundo se debe. Pedro J. Ramírez no quiere acabar con la corrupción, quiere acabar con el poder político y qué mejor manera que extender la idea de que todos los políticos son iguales para que no vayan a votar los que se desaniman, que son los que aspiran a acabar con la corrupción que cometen los dueños de El Mundo sin que los medios de comunicación lo publiquen por capítulos.

No es baladí que PSOE, UPyD, PNV y CiU, partidos también sostenidos por las élites financieras y los lobbys neoliberales, no quieran elecciones anticipadas, sino una moción de censura que podría terminar con un hombre de las élites como presidente del Gobierno y una gran coalición entre los partidos políticos llamados a mantener el establishment de los verdaderos gobernantes del mundo. No es la corrupción a por lo que van, sino a por la democracia para convertirla en una tecnocracia dirigida por un burócrata “ni de izquierdas ni de derechas”. Por eso, el mejor antídoto para acabar con la corrupción, con todas, es convocar elecciones anticipadas y empezar desde cero en forma de proceso constituyente.