Manuela Martínez / Escucho en la radio que el Partido Popular tiene previsto aprobar todas las leyes pendientes en la segunda quincena de octubre. Lo hace, dice su portavoz en el Senado, José Manuel Barreiro, por obligación y responsabilidad, para cumplir los compromisos adquiridos con los ciudadanos en su programa electoral.
¿Cumplir con el programa electoral? ¿Qué programa? ¿El que “vendió” para ganar las elecciones? ¿El que conocemos gracias a las hemerotecas porque desapareció de su página web desde el mismo momento en que Rajoy ocupó la Moncloa? ¿O el ideológico que ha venido imponiendo a “decretazo” limpio?
No se puede ser más cínico. Ni tampoco más irrespetuoso y desleal con la ciudadanía y las instituciones democráticas que la representan.
Resulta grotesco escucharlos hablar de compromisos adquiridos con los ciudadanos, cuando no han cumplido ni una sola de sus promesas electorales y, peor aún, cuando, una y otra vez, han hecho justo lo contrario de lo que habían prometido.
Lo cierto es que, casi agotada la legislatura, el Partido Popular parece que no dejará de sorprendernos hasta el último minuto. Ahora, con la convocatoria de elecciones generales a la vuelta de la esquina, le entra la prisa y pone a punto el “rodillo” para sacar adelante más de treinta leyes pendientes.
Ya no es sólo la tramitación exprés de los Presupuestos Generales del Estado, a sabiendas de que será otro Gobierno el que tome las riendas de nuestro país a finales de año. También ha metido el turbo a la polémica reforma parcial de la Ley del Aborto, la del Recurso Previo de Inconstitucionalidad para los Estatutos de Autonomía, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la de Segunda Oportunidad, la de la Carrera Militar, la de Asistencia Jurídica Gratuita, la del Sector Ferroviario, la de Patrimonio Natural y Biodiversidad, la del Voluntariado, la del Tercer Sector de Acción Social… y, ojo, la Ley de Seguridad Nacional, que asegura “la defensa de España y de sus principios y valores constitucionales” y permite, en condiciones excepcionales, que el presidente del Gobierno asuma la dirección de medios personales y materiales autonómicos.
Lo preocupante es que, con las prisas, el PP impone al poder legislativo un funcionamiento con escasa calidad democrática. De hecho, muchas de estas leyes ni siquiera se debatirán en plenario. Saldrán de la Comisión correspondiente para su aprobación “asegurada”, gracias al “rodillo” parlamentario del que viene abusando el Partido Popular durante toda la legislatura.
En definitiva, como ha sido habitual en estos casi cuatro años, el PP pasa de ciudadanía y de oposición.
Y por muchos mensajes triunfalistas que difundan, con Rajoy en la Moncloa, España se ha convertido en un país más pobre en todos los aspectos. Hemos perdido posiciones en términos de calidad de vida, empleo, cohesión social y territorial, igualdad, protección social, distribución de la renta, accesibilidad a los servicios públicos esenciales, calidad democrática, transparencia, lealtad institucional, solidaridad internacional… en definitiva, en todo lo que nos diferencia de los países más avanzados socialmente, que gozan de un estado de bienestar consolidado y una democracia sana y que soportan tasas de fraude y corrupción meramente anecdóticas.
¿Será por eso que no acabo de entender los últimos datos que nos aportan los sondeos electorales?
@Manuela_MJ
solidariedad
por la solidariedad
funcionario jubilafo