Andalucía 10 (propuestas andalucistas contra la crisis): 4. Consulta popular para la creación de la Caja Única Andaluza.

La crisis bancaria fue el detonante de la crisis y la causa de la extraordinaria intervención entre 2007 y 2010 de los gobiernos para sostener los sistemas financieros que han disparado los niveles de déficit públicos actuales. Sin embargo, ahora el poder económico no solo quiere que ese déficit lo paguen por completo los trabajadores sino que además quiere quedarse con lo que queda de los sistemas financieros públicos.

 

El poder económico quiere subordinar al poder político sin disimulos y para ello plantea privatizar las Cajas mediante una triple estrategia:

 

a)     La desarticulación territorial para vaciarlas de contenido social, desvinculándolas de su conexión con los proyectos estructurados en torno a las Comunidades Autónomas. Se trata de verdaderas deslocalizaciones financieras para proceder a un robo masivo sin oposición popular, con la excepción de aquellas Comunidades con conciencia y poder político nacional, en el que la desarticulación puede producir graves conflictos.

 

b)    Su conversión en sociedades anónimas, tal vez mediante una solución “a la italiana” separando el negocio financiero de la obra social.

 

c)     La modificación de la ley que regula las cajas en España (LORCA) para hacer que se integren en la patronal bancaria, de la mano de las propuestas del gobernador del Banco de España. (En esta crisis los organismos ademocráticos se han convertido en los portavoces de los poderes económicos.)

 

El triunfo de esta estrategia significaría impedir cualquier perspectiva para una salida propia de la crisis en Andalucía y seguramente el fin de la viabilidad política de nuestra autonomía, que va a sufrir enormes restricciones en las inversiones públicas y privadas. Esta estrategia cuenta con la alianza activa de la oligarquía económica andaluza, representada por la CEA, que está rompiendo a marcha forzada el consenso tradicional con el gobierno andaluz (acuerdos de concertación) ante el horizonte de que puedan ya ganar los que de verdad son los suyos.

 

Por eso, abogamos por una medida de carácter extraordinario: la realización de una Consulta popular para que la ciudadanía andaluza se pronuncie sobre la conveniencia o no de la creación de la Caja Única Andaluza. Ante esta disyuntiva es al Pueblo andaluz al que le compete decidir si quiere la autonomía que votó el 28 F o solo quiere una autonomía administrativa sin elecciones propias, con diputaciones y sin poder financiero. De nuevo, la defensa de la autonomía aparece como la fuerza que necesitamos para defender lo público, la igualdad y el patrimonio de la mayoría frente a la estrategia del expolio que los poderes económicos están impulsando para salir ellos de la crisis. El propio Estatuto de Autonomía prevé la consultas populares para asuntos de especial importancia para Andalucía ¿ y acaso no lo es el que dispongamos o no de un instrumento financiero propio, en las actuales circunstancias? (artículo 111.3 «La ley regulará las modalidades de consulta popular para asuntos de especial importancia para la Comunidad Autónoma en los términos previsto en el artículo 78”).

 

En línea con la posición defendida por ATTAC España (www.attac.es) afirmamos con rotundidad que impulsar la caja única andaluza para convertirla en el banco público andaluz es una medida que técnicamente es oportuna y perfectamente viable pero que solo se podrá adoptar si, frente al deseo privatizador de los poderes financieros, tiene el apoyo ciudadano.

 

Es evidente que uno de los principales obstáculos que tiene Andalucía para pasar de la actual realidad de dependencia económica a un modelo de autonomía real es la carencia de un sistema financiero propio: o Andalucía fortaleza su poder financiero o pasa definitivamente a la segunda división. País vasco, Cataluña y Galicia lo están haciendo; incluso el propio estatuto de Autonomía, en el artículo 162.1, lo prescribe “Los poderes públicos andaluces contribuirán al fortalecimiento del sector financiero andaluz y propiciarán su participación en los planes estratégicos de la economía.”.

 

El tiempo hoy es más valioso que nunca, sobre todo cuando existen demasiadas amenazas que pueden agravar la situación: crisis bancaria, fin de los fondos europeos en 2013, subida del petróleo, cambio climático, crisis del euro o segunda recesión con su secuela de cierre de empresas y aumento del paro. El gobierno andaluz tiene que dejar de hacernos perder el tiempo. Le pedimos una posición clara y rotunda. Tiene que aprender que la falta de estrategia y los continuos cambios de dirección es lo que nos ha conducido a esta situación extremadamente crítica.

 

Cajasol y Unicaja, por sus dimensiones, son las cajas andaluzas que están llamadas a liderar el proceso. Sin embargo la situación es extremadamente grave por la confluencia de tres factores:

 

1.     Los representantes de algunas cajas están defendiendo sus intereses particulares:

 

a)     La escandalosa gestión de Cajasur por la Iglesia, que fue dirigió la gran oposición a la caja única, (y cuyo último escándalo ha sido que la entidad ha pagado 4,3 m. a Castillejo por su pensión, quien infló su póliza en un millón cuatro meses antes de dejar la caja) ha provocado la intervención del Banco de España que decidirá la adjudicación antes del día 15 de julio entre las siete entidades (Unicaja, Cajasol, Caja Madrid, BBK, BBVA, Sabadell y Cívica) que habrán de presentar la oferta económica vinculante antes del 8 de julio. Salvo Unicaja y Cajasol, que plantearían la absorción de la cordobesa, el resto de cajas aspirantes propondrán un modelo de integración vía SIP. Sería un escándalo que, por ejemplo, la caja de ahorros de Madrid se quedara con Cajasur quién, a su vez, ha recibido 4.465 millones de ayudas públicas del FROB. Es imprescindible que Unicaja y Cajasol presenten una oferta económica conjunta.

 

b)    Cajasol y Caja de Guadalajara están en trámites de un proceso de «fusión fría» que no responde a ninguna racionalidad financiera ni a los intereses generales de Andalucía.

 

c)     Caja Granada está actualmente también inmersa en un proceso de “fusión fría” con entidades financieras foráneas.

 

2.     La Junta no ha defendido sus competencias:

 

a)     El artículo 75 del Estatuto de Autonomía otorga competencias exclusivas sobre el régimen jurídico de las fusiones y el artículo 14.bis de la Ley andaluza de Cajas de Ahorro determina que “2. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, autorizar, previo informe del Banco de España, cualquier fusión en la que intervenga alguna Caja de Ahorros con domicilio social en Andalucía.”. Se trata pues de ejercer las competencias.

 

b)    Sin embargo, la Junta no se ha sumado al recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat al artículo 8 del RD Ley sobre el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), porque invadía sus competencias estatutarias ya que vulnera el derecho de veto sobre las operaciones de fusión de las cajas radicadas en Cataluña al prever que el Banco de España pueda autorizarlas en determinados casos. Extremadura, Madrid y Galicia, también han recurrido este artículo del FROB.

 

3.     El Gobierno de Madrid y el PP apoyan el proceso de desarticulación y privatización:

 

a)     En la reunión mantenida el pasado mes de mayo en La Moncloa entre Rodríguez Zapatero y Rajoy, acordaron que el 30 de junio habría un “mapa definitivo de las cajas de ahorro» (sin la intervención de la Comunidades Autónomas) y que realizarían una reforma de la LORCA en un plazo de tres meses. Uno de los puntos claves que se aprobarán será el establecimiento la emisión de cuotas participativas con derechos políticos para favorecer la captación de capital privado. Ya en enero de 2007, el gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordoñez, había alentado las fusiones entre cajas de ahorro de distintas comunidades.

 

b)    El Gobierno del Estado ha presentado un recurso de inconstitucionalidad a algunos de los preceptos de la Ley de Cajas de ahorros aprobada recientemente por el Parlamento gallego que defienden que Galicia tiene derecho a fusionar las entidades de crédito de la Comunidad.

 

Los andalucistas defendemos la caja única andaluza con las siguientes características para

 

1.     Pública.

Las cajas son las únicas entidades financieras que hoy día persiguen fines de interés social. Su privatización sería un grave quebranto para el erario público y para todos sus impositores y clientes. No debe competir con la banca privada, toda vez que comporta un tipo de financiación de servicio público dedicada a cubrir precisamente las demandas de crédito que la banca privada está dejando de resolver. Hay que prohibir completamente la utilización de filiales y sociedades extraterritoriales domiciliadas paraísos fiscales.

 

2.     Profesionaliza.

 Hay que garantizar la presencia de los poderes públicos y los intereses sociales en sus órganos de dirección y control de conformidad con principios de estricta democracia, de pluralidad y plena transparencia, y particularmente, que existan contrapoderes efectivos que eviten la concentración indeseada de poder o la mera imposición de cuotas partidistas.

 Pero en ningún caso se pueden convertir como hasta ahora en instrumentos de los partidos para sus fines particulares. Los representantes de los Partidos no deben estar de consejeros. El PSOE tiene 40 representantes en las cajas, entre ellos Monteseirín y Bustunduy. El PP tiene 19 vocales entre ellos Juan Ojeda y Ricardo Tarno. Proponemos la eliminación de la presencia directa de los partidos políticos en la dirección y en los consejos de administración de las cajas y su sustitución por técnicos de reconocido prestigio en el sector nombrados por consenso del parlamento andaluz.

3.     No especulativa.

Las cajas tienen que responder a un modelo de banca distinto al que ha provocado la crisis. Tienen que tener claro cuales son los préstamos o los productos financieros que pueden distribuir. Tienen que realizar las tareas apropiadas que le corresponden funcionalmente a la banca y no las especulativas que ha producido la globalización. Deben gestionar el riesgo, asignar capitales, ofrecer crédito, especialmente a las PYMES, y operar un sistema de pagos eficientes

4.     Comprometida con el impulso de un nuevo modelo económico.

 No podemos dejar que intereses ajenos a Andalucía frustren la posibilidad de que Andalucía pueda disponer de un instrumento financiero propio. No vamos a permitir este robo y menos aún cuando es necesario que vuelva a fluir el crédito a las empresas y a las familias andaluzas. Además, ante el fin, en 2013, de los fondos europeos en el actual contexto de déficit público, pueden ser el gran instrumento financiero para poder generar un modelo económico basado en la generación y uso sostenible de recursos endógenos, el sostenimiento de los servicios públicos esenciales como la enseñanza y la salud, la I+D+i pública y privada, la actividad de las pequeñas y medianas empresas o el microcrédito.

 

Defender el carácter público de la cajas y convertirlas en el banco público andaluz no solo es absolutamente imprescindible para salir de la crisis como forma de paliar la falta de financiación procedente de la banca privada y que está llevando al cierre y al paro a miles de empresas y personas, sino para garantizar que a medio y largo plazo la economía andaluza pueda cambiar de modelo productivo.