Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Andalucía afronta una coyuntura crucial: dos procesos electorales seguidos, el primero a cortes generales en noviembre de 2011 y el segundo, al parlamento andaluz, en el primer semestre de 2012. Y los afronta en una circunstancia extraordinaria: ser el territorio europeo que más ha sufrido la crisis al haber alcanzado la máxima cota de paro de toda la Unión Europea (UE), con una tasa del 30%. Ambos procesos electorales van a significar, además, el fin de la hegemonía del PSOE en España y en Andalucía.
Así, cuando se está desplegando la segunda fase de esta crisis, con una previsible recesión a partir del último trimestre del 2011 provocada de nuevo por EE.UU. y el cuestionamiento del dólar como moneda reserva internacional, nos encontramos en una pésima situación para enfrentarnos a ella a no ser que consigamos unirnos sobre la base de un nuevo discurso cívico para Andalucía y defender un proyecto realista en todos los niveles políticos administrativos, sobre la base de la igualdad para Andalucía, para salir de la crisis y afrontar los retos de esta nueva época, la de la crisis de la globalización, que obliga a diseñar una estrategia de transición hacia un sistema sostenible.
La actual división competencial que afecta a Andalucía ha asignado básicamente las políticas de demanda a la UE y al estado español y las políticas de oferta y servicios públicos a las CC.AA. Es necesario tener un proyecto común y defenderlo e impulsarlo en las tres instancias porque carece de sentido que se puedan diseñar políticas de oferta en Andalucía escindidas de las correspondientes políticas fiscal (Estado español) y monetaria (UE), ya que todas están totalmente interrelacionadas.
Muy sintéticamente, nuestra prioridad en el estado es la reforma de la política fiscal, tanto por la vía de los ingresos como de los gastos. El estado tiene que ingresar más para paliar el déficit y la deuda pública, pero ¿cómo?. En primer lugar luchando de forma efectiva contra el fraude fiscal que sobre todo se concentra en las sociedades financieras que pueden defraudar mediante una ingeniería contable “creativa” y la utilización de los paraísos fiscales. Se trata por supuesto de una necesidad “cuantitativa” pero sobre todo “cualitativa” porque el que no aparezcan las ganancias reales de los que más ganan priva de equidad al conjunto del sistema fiscal que es lo mismo que decir que priva de equidad al sistema social en su integridad. En segundo lugar hay que abordar la fiscalidad de todas las externalidades negativas que está fuera del sistema de precios: contaminación y reposición de los recursos; en tercer lugar hay que incluir en nuestro sistema fiscal a sectores que están exentos como las transacciones financieras al mismo tiempo que se penaliza la especulación que es otra externalidad negativa y por último hay que volver a gravar a las grandes fortunas (impuesto de patrimonio) y a los bancos por su riesgo sistémico (otra externalidad).
Desde la óptica de los gastos hay que poner un tope al déficit y a la deuda pero de forma no lineal con el objeto de que puedan desarrollarse políticas contracíclicas (gastar más cuando hay recesión y tener superavit cuando hay mayor actividad económica) de acuerdo con los llamados presupuestos de estabilización automática. La estabilidad fiscal del estado es fundamental por tres motivos: para mantener la autonomía con respecto a los mercados; para mantener el gasto social y para impedir la lucha entre territorios por unos recursos escasos donde Andalucía lleva, además, todas las de perder por carecer de la fuerza política propia que tienen otros territorios.
Además hay que reequilibrar social y territorialmente el gasto. Frente al sistema actual de ayudas caracterizado por su desorganización y dispersión defendemos la renta social básica que garantice un umbral mínimo de ingreso a todas las personas como un derecho fundamental para atender a las necesidades más importantes: alimentos, vestido y vivienda. Territorialmente es necesario una nueva financiación autonómica y local que se corresponda con la actual situación caracterizada por la fractura de los territorios en función de los niveles de paro y la caída de los ingresos de los ayuntamientos (que la ley asocia “malvadamente” a la actividad urbanística). En 2014 Andalucía, además, dejará de recibir los fondos comunitarios para la convergencia regional por lo que le corresponde al estado cumplir el mandato constitucional de atender a la cohesión territorial, renovando la cuantía y funcionalidad del fondo de compensación interterritorial.
En la UE tenemos que defender que realmente la zona euro pueda tener una política monetaria acorde con su condición soberana de emisor de la moneda común. En estos momentos hay que avanzar hacia una estructura federal de los estados y territorios que forman el eurogrupo y confederal para los demás estados que pertenecen a la UE. Federalismo monetario, fiscal y también político ya que es la debilidad institucional la que está permitiendo los ataques especulativos al euro, desestabilizando la economía de muchos estados, empobreciendo a las clases populares y sumiendo en el paro a territorios como el nuestro.
Pero el esfuerzo fundamental lo tenemos que hacer en Andalucía: nuestra oferta productiva tienen que cambiar radicalmente para salir de la crisis y afrontar la transición hacia un nuevo sistema: el fin de la dependencia energética ligada a la dependencia de los combustibles fósiles tiene que ser nuestra principal prioridad así como abordar otro modelo de industrialización que diversifique el sistema productivo y lo conecte con la producción agroalimentaria a través de un sistema de distribución anclado en el territorio y no dependiente de las multinacionales.
En definitiva se trata de tener un proyecto propio con un poder político propio para avanzar en la autonomía real como única vía para no naufragar en la tormenta perfecta que está generando la crisis ambiental, económica y financiera del capitalismo en la globalización.
