Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Rafa Rodríguez
1. Introducción
En una crisis global
Estamos viviendo una época de transición que se caracteriza por la aceleración de la emergencia climática, la remilitarización de las relaciones internacionales, el genocidio del gobierno de Israel contra el Pueblo palestino, la inflación generalizada, el aumento de la desigualdad o la amenaza autoritaria.
La globalización neoliberal no ha hecho más que agudizar la debilidad de los Estados ante las grandes multinacionales y los gigantes tecnológicos como Apple, Meta (antes Facebook), Microsoft, Amazon o Alphabet (Google). Ningún Estado por sí solo puede afrontar desafíos como la crisis ecológica cambio climático, la inestabilidad económica, la desigualdad social y territorial, la precarización del trabajo, el poder de las grandes corporaciones y las plataformas digitales, o los paraísos fiscales.
Si la globalización supuso la desregulación de los mercados, incluidos los financieros, el proyecto de reconstrucción necesita que sean los poderes públicos democráticos quienes puedan embridar a las oligarquías y regular los mercados.
Hoy el federalismo es sinónimo de democracia efectiva por su capacidad de articular territorios, desde el municipio hasta la escala global, pasando por las Comunidades Autónomas (en nuestro caso), el Estados y las construcciones políticas continentales como la Unión Europea. Solo una nueva red articulada de estructuras democráticas y federales puede darles la vuelta a las actuales relaciones entre los poderes públicos y las oligarquías económicas y los mercados.
Un proyecto de país necesita un modelo territorial federal
España es un país plural y no puede construirse sin contar con toda su pluralidad territorial por lo que es necesario articular un proyecto que sea federal y republicano.
El actual Estado de las Autonomías no ha podido corregir que España siga siendo un Estado muy desigual, territorial y socialmente. El modelo territorial español no está acercando los niveles de renta y riqueza de los territorios sino por el contrario se está acentuando la divergencia. Basta con ver los últimos resultados estadísticos de la Encuesta de Población Activa (EPA) o de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), en las que se constata cómo se ha ido escindiendo el territorio entre una parte rica que está por encima de la media (País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña, La Rioja o Aragón) y una parte empobrecida (Andalucía, Canarias, Extremadura, Murcia, Castilla – La Mancha) que continúa siendo un área marginal en la inversión pública y privada, con un bajo nivel de industrialización e innovación.
Una estructura federal sí puede corregir la desigualdad. Eso es lo que sucedió en la República Federal de Alemania con ocasión de la unificación del país. Las diferencias de renta entre los Lander del oeste y del este eran enormes y, sin embargo, en el transcurso de unos años se ha ido produciendo una notable convergencia entre ellos.
Entre los múltiples retos que se presentan está el de contener un nacionalismo españolista a la ofensiva, simplificado y patrimonializado por la derecha con una vuelta a un nacionalismo centralista y excluyente.
Al mismo tiempo, el conflicto identitario no puede ocultar el elemento material en la distribución territorial del poder. Un modelo de Estado federal, es decir con múltiples centros de poder, tiene como finalidad material activar las potencialidades de cada territorio al mismo tiempo que establecer los mecanismos de equidad y solidaridad necesarios para una mejor distribución de los recursos y por lo tanto para la convergencia territorial y social.
Andalucía reivindica igualdad social y territorial
El actual modelo territorial no ha resuelto el atraso relativo de Andalucía con otras comunidades españolas y europeas. Seguimos teniendo una situación de desigualdad estructural, tal como reflejan todos los indicadores. Especialmente llamativos son los índices de desempleo, precariedad laboral y el hecho de ser tener los pueblos y los barrios más pobres de España.
A esta situación se suma que la crisis ecológica se está manifestando con especial dureza en Andalucía: al calor sofocante de este interminable verano climático se ha unido la sequía estructural y la pérdida acelerada de la biodiversidad.
Moreno Bonilla además nos está conduciendo a una involución con un programa caduco de neoliberalismo centrado en la privatización de los servicios públicos a los que, día a día, deteriora, mientras, baja los impuestos a los grandes patrimonios. No era esto por lo que el pueblo andaluz se movilizó el 4 de diciembre de 1977 y ganó el referéndum del 28F de 1980.
En lo que parece un nuevo proceso en la organización territorial del Estado, una Andalucía, antes pionera del federalismo español, puede quedar marginada.
La ausencia política de Andalucía en el debate territorial supone un factor de desequilibrio porque somos el territorio donde la defensa del federalismo ha sido más importante ya que ha supuesto la conexión histórica entre los sentimientos andalucistas y la cultura de izquierda.
Esta ausencia es aún más incongruente dado que somos uno de los territorios que más sufrimos la desigualdad y que por lo tanto más motivos tenemos para reivindicar un cambio en la organización territorial del Estado que aumente tanto nuestros niveles de autogobierno como establezca mecanismos efectivos de redistribución de los recursos.
Desde Andalucía, la perspectiva de reconstrucción de este mundo exhausto y amenazado de la globalización nos ofrece las expectativas de superar nuestra situación de dependencia que ha ido unida al capitalismo de las energías fósiles. La transición ecológica en todas partes tiene que ir dirigida a la justicia social pero aquí, en esta tierra, su vinculación en sustantiva. Superar nuestra posición de subalternidad económica, acentuada en la época de la globalización, exige la estrecha conexión entre federalismo, igualdad interna y externa y transición ecológica.
Andalucía, como como sujeto político constitucional, debe contrapesar la posible deriva de que España se divida entre los privilegios de las Comunidades ricas y una recentralización en el resto del Estado. Andalucía tiene el derecho y la obligación de exigir una relación equitativa.
Reivindicamos el desarrollo íntegro de muestro Estatuto de Autonomía, la cooperación territorial, la igualdad y la solidaridad en un nuevo impulso federalista para superar las desigualdades territoriales y sociales. Para ello necesitamos más autogobierno, una estructura federal en España y en la UE y gobiernos progresistas.
Frente al fracasado proyecto de la derecha, manifestamos la necesidad de un nuevo tiempo para Andalucía. Si entonces fue comenzar la conquista de la autonomía plena, ahora es impulsar la transición verde con justicia social frente a la dependencia y la subalternidad económica que seguimos padeciendo, acrecentando nuestra autonomía estratégica especialmente en energía, innovación, industria y alimentos e impulsando la cultura para la construcción de un mundo mejor.
Es imprescindible que la sociedad andaluza recupere su dinamismo y se empodere de nuevo para recuperar el peso que tuvo en el conjunto del Estado: el cambio en el Estado no es posible sin la participación activa del pueblo andaluz porque la realidad social nos empuja justamente en el sentido de la complementariedad: ni Andalucía puede salir de la crisis diferencial a la que nos han conducido el desarrollismo y la difuminación de nuestra identidad colectiva sin la transformación del Estado español, ni es posible el cambio que necesita el Estado español sin Andalucía como un potente sujeto político.
Defendemos un modelo de Estado republicano y federal, en el que la jefatura del Estado sea elegida democráticamente, en el que los Estatutos de la Comunidades Autónomas tengan plenamente naturaleza constitucional y en el que haya mecanismos de participación y codecisión de las Comunidades Autónomas en el gobierno del Estado y de la Unión Europea, en el contexto de una cultura de respeto y tolerancia hacia todas las formas democráticas de los sentimientos de pertenencia nacional.
2.Desplegar en toda su extensión el Estatuto de Autonomía
Queremos que se aborden de inmediato los traspasos competencias, efectivos y medios de:
- La competencia exclusiva sobre el servicio de transporte ferroviario cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz, incluido el servicio de cercanías (art. 64 del Estatuto de Autonomía).
- La creación de la Policía Autonómica (art. 65 del Estatuto de Autonomía), especialmente orientada a la protección de las mujeres contra la violencia machista y a la protección del medio ambiente.
- Las competencias ejecutivas sobre la Seguridad Social, que se determinen en aplicación de la legislación estatal, incluida la gestión de su régimen económico, con pleno respeto al principio de unidad de caja (art. 63.3. del Estatuto de Autonomía).
- Las competencias ejecutivas sobre las políticas penitenciarias (art. 67 del Estatuto de Autonomía).
- La ejecución de la ordenación del transporte de mercancías y personas que tengan su origen y destino dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea el titular de la infraestructura. (art. 64.3. del Estatuto de Autonomía).
- La competencia ejecutiva sobre la expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales estatales (art. 52.3. del Estatuto de Autonomía).
- La competencia compartida sobre la coordinación de los centros y estructuras de investigación de Andalucía (art. 54.2. del Estatuto de Autonomía).
- La competencia compartida sobre el régimen de becas y ayudas estatales (art. 52.2. del Estatuto de Autonomía).
Reivindicamos revitalizar nuestro Autogobierno impulsando el desarrollo completo del Estatuto en todas sus posibilidades, haciendo realidad los derechos que contempla tales como:
- Hacer efectiva una renta básica que garantice condiciones de vida digna a aquellas personas que no las disfrute por su situación personal o económica, y en consecuencia, reformule su actual modelo de prestaciones que no asegura el objetivo estatutario (art.º 23 del Estatuto de Autonomía)
- Un Plan Integral Participado y Concertado de intervención en cada una de las barriadas en las que se concentra inadmisibles niveles de pobreza, así como un plan de erradicación del chabolismo y la infravivienda al ser un objetivo básico contenido en el art. 10.14 del estatuto de Autonomía.
Participación en órganos y empresas de titularidad estatal
La estructura federal se basa en los principios de autogobierno más gobierno compartido, por eso consideramos importante la participación de la Administración andaluza en los órganos y empresas de titularidad estatal que afectan a nuestra tierra, tal como el Banco de España, la Agencia Estatal Tributaria, AENA, Puertos del Estado, etc.
Así mismo el cumplimiento de las previsiones del Estatuto de Autonomía:
- La participación en la planificación y gestión de las infraestructuras de titularidad estatal en materia de red ferroviaria, situadas en Andalucía en los términos previstos en la legislación del Estado (art. 64 del Estatuto de Autonomía)
- La participación en la fijación de la voluntad del Estado respecto de las políticas que afecten a esta materia en el ámbito de la Unión Europea y en otros organismos e instituciones internacionales. (art. 54.3 del Estatuto de Autonomía).
Igualmente, en cumplimento de lo establecido en el Estatuto de Autonomía:
- Activar la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en el artículo 184 del Estatuto de Autonomía, con funciones tan relevantes como debatir las inversiones que el Estado realizará en la Comunidad Autónoma, que deberían estar cuantificadas en relación al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado.
- 3. Por una nueva financiación autonómica basada en el principio de equidad
Particular importancia tiene la reforma del sistema de financiación autonómica que lleva años de retraso, ya que todavía sigue en vigor el de 2009 que ha caducado en 2014, porque no solo garantiza la prestación de los servicios públicos en la Comunidad, sino que además es el mecanismo más poderoso de transferencias de renta entre territorios, por lo que es determinante para el desarrollo del Estado del bienestar.
Una financiación autonómica justa debe estar basada, como criterio de reparto, en el principio de equidad (reparto de fondos en función del número de habitantes) y no en el principio de ordinalidad como sucede con este sistema de financiación (reparto de fondos por contribución por habitante), porque de lo contrario lo que se provoca es el aumento de las desigualdades.
El modelo que sigue vigente lejos de garantizar la equidad ha generado una mayor desigualdad entre territorios y no garantiza la suficiencia de recursos a las Comunidades Autónomas. Somos deficitarios en los servicios públicos fundamentales, cuya nivelación debe garantizar el sistema (sanidad, educación y asistencia social) y necesitamos inversión pública para transformar el sistema productivo y crear empleo.
Necesitamos una nueva financiación autonómica en base a los principios de suficiencia, equidad, autonomía y cohesión territorial y financiación por habitante ajustado.
Demandamos un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad y corrija la actual situación de infrafinanciación.
Mientras esta reforma no se produzca, en los Presupuestos Generales del Estado deberán se garantizar a las Comunidades Autónomas infrafinanciadas, como es el caso de Andalucía, la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado.
Reivindicamos tramitar una modificación legal de alcance general para todas las Comunidades Autónomas de régimen común que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con éste, originada por el impacto negativo del ciclo económico, para lo cual se determinará qué parte del incremento de deuda obedece al impacto del ciclo, pudiendo también acudirse a transferencias para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado, caso de ser necesario.
Esta operación supondrá, al menos, la asunción del entorno del 20% de la deuda viva contraída por la Junta de Andalucía con la Administración General del Estado en los mecanismos de liquidez estatales.
4. Fondo de Compensación Interterritorial e inversiones del Estado
El Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) es una pieza fundamental para alcanzar la cohesión, ya que es el instrumento constitucional que tiene la función de corregir los desequilibrios y hacer efectivo así el principio de solidaridad entre los territorios para promover inversiones que generen directa o indirectamente la creación de renta y riqueza, corrigiendo la desigualdad estructural. Sin embardo, el FCI carece de relevancia cuantitativa en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha acabado siendo un instrumento marginal de la política territorial, por lo que debe dotarse en la cuantía suficiente para cumplir con su función constitucional.
5.Cohesión social y territorial de Andalucía
La cohesión territorial de Andalucía, mejorando la vertebración interior de nuestra comunidad, es una prioridad por lo que es imprescindible hacer frente al problema de la despoblación de determinadas comarcas andaluzas con actuaciones encaminadas a mejorar las vías de comunicación, medios de transporte públicos y sostenibles, garantizar los servicios básicos de salud, educativos, financieros, el acceso a internet e incentivar fiscalmente el asentamiento en dichas zonas de personas y empresas para que las distintas comarcas mantengan niveles homogéneos de desarrollo y prestaciones sociales en condiciones de equilibrio interterritorial, revitalizando las comarcas vaciadas, haciendo efectivo uno de los objetivos del Estatuto de Autonomía: la consecución de la cohesión territorial, la solidaridad y la convergencia entre los diversos territorios de Andalucía, como forma de superación de los desequilibrios económicos, sociales y culturales y de equiparación de la riqueza y el bienestar entre todos los ciudadanos, especialmente los que habitan en el medio rural. (art.º 10. 8º y 161).
6. Fondos de la UE
Los nuevos fondos europeos son una gran oportunidad para Andalucía, tan necesitada de inversión para poder transformar nuestro modelo productivo, pero su aprovechamiento va a depender de la orientación política de los planes de ejecución.
Los fondos europeos Next Generation pueden contribuir de manera decisiva a estos objetivos si somos capaces de presionar para conseguir que la Junta de Andalucía los utilice de forma adecuada.
En todo caso, la distribución de estos fondos también deberá ser equivalente al peso de la población andaluza para garantizar de forma efectiva el equilibrio territorial, en los términos del artículo 138.1 y 2 de la Constitución.
La base federal descansa en el municipalismo. El ámbito municipal establece una relación de cercanía entre la ciudadanía y sus representantes que permite formas de hacer política de elevada calidad democrática, porque la actividad municipal es la que mejor se presta a la introducción de dinámicas participativas y de control democrático
El municipalismo no se reduce a la mera gestión, sino que nuestra vocación municipalista nos lleva a construir un municipalismo reivindicativo y también redes de cooperación intermunicipal que preserven el protagonismo de los ayuntamientos en la defensa de intereses comunes.
Reivindicamos una efectiva autonomía municipal, con la clarificación de la división de tareas, competencias y recursos, ampliando las competencias de las entidades locales
Urge la mejora de la autonomía tributaria con mejores instrumentos para modular los ingresos, y aumentar su capacidad fiscal con una adecuada financiación basada en criterios de equidad, acometiendo una revisión en profundidad del componente de transferencias del sistema, que debe tener un objetivo explícito de nivelación para que, en el ejercicio de sus competencias, los ayuntamientos puedan dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
Las ciudades emergen como cruciales para combatir el cambio climático y hacer la transición energética justa. Necesitamos acelerar la transición mejorando el urbanismo y el medio rural, edificios y espacios públicos, servicios, sistemas de movilidad, modelo de turismo y comercio, etc.
Queremos reformar la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, estableciendo un marco competencial y financiero que garantice el principio de suficiencia financiera de forma que se asegure la prestación de unos servicios públicos de calidad por los municipios.
Asimismo, reivindicamos una Ley de Régimen Local que refuerce la autonomía local, con unas competencias definidas de los entes locales para que se puedan desarrollar las políticas públicas con garantías de calidad y transparencia.
8.Una alternativa federal para España
La reconstrucción y renovación económica y social de Andalucía requiere arreglos institucionales que culminen la democratización del Estado, a través de un modelo de organización territorial, superadora del Estado de las autonomías, que avance hacia un Estado Federal.
La visión federalista del Estado de las Autonomías tiene como horizonte estratégico la reforma de la Constitución de 1978 para aumentar el Autogobierno, la participación de las Comunidades en el Estado y en la Unión Europea, la cultura de la pluralidad territorial y la solidaridad interterritorial, ya que sin solidaridad interterritorial no hay redistribución y, por lo tanto, no hay una administración equitativa de los recursos
Esta visión federalista del Estado de las Autonomías se diferencia radicalmente de otras formulaciones en competencia. Se diferencia de la que renuncia expresamente a un horizonte político de avance y desarrollo del Estado de las Autonomías, al que concibe como un punto de llegada y no de partida. Esta perspectiva vive obsesionada con el “cierre del sistema” o deriva incluso en perspectiva recentralizadora.
En segundo lugar, se diferencia de la que defiende una lectura soberanista que, despreciando el Estado autonómico, a partir del supuesto principio de las nacionalidades (una nación = un Estado), solamente lo contempla desde una perspectiva táctica e instrumental, como un escenario subalterno de acumulación de fuerzas para la inexorable consecución de un Estado independiente.
Por eso, en nuestro horizonte, está la reforma federal de la Constitución, transformando el actual Senado, que es una Cámara sin funcionalidad real, en una Cámara de representación de los territorios. La supresión de las provincias como circunscripción para la elección de los senadores se presenta como una condición sine qua non para la federalización senatorial. Las competencias del futuro Senado serían primordialmente de especialización autonómica, es decir, la Cámara debatiría sobre materias que afectasen directamente a las competencias de las Comunidades Autónomas. Su ámbito legislativo también podría ampliarse a las entidades locales por lo que su vocación territorial quedaría reforzada y, naturalmente, las regulaciones de la Unión Europea que tratasen de competencias asumidas por las CCAA.
El Estado federal aconseja asimismo la federalización del Poder Judicial, algo que podría permitir renovar uno de los aparatos del Estado más corporativos y conservadores existentes en España.
Ese horizonte no ha de ser obstáculo para la articulación de mecanismos de cogobierno y de profundización federal a través de la legislación ordinaria y de los Estatutos de Autonomía. Reforzaremos y extenderemos la co-gobernanza desde el diálogo, la lealtad institucional y la colaboración territorial, Impulsando todos los órganos territoriales multilaterales de coordinación política como la Conferencia de Presidentes Autonómicos y las Conferencias Sectoriales, otorgándoles mayor capacidad de decisión. Asimismo, reivindicamos la distribución territorial de las instituciones constitucionales, desde el tribunal Constitucional al Consejo del Poder Judicial.
Frente a la desigualdad, la cohesión territorial y social, que son inseparables. en sus múltiples aspectos para cerrar la fractura entre la España rica del norte y la pobre del sur, entre los centros urbanos y la España vaciada.
El Manifiesto de Ventotene, el documento fundacional del federalismo europeo, fue escrito en junio de 1941 por los jóvenes antifascistas Altiero Spinelli, Ernesto Rossi y Eugenio Colorni, detenidos en la isla cárcel de Ventotene por sus actividades contra Mussolini. El texto, escrito en papel de fumar, escondido en un doble fondo de una caja metálica, vio la luz gracias a la labor de Ursula Hirschmann, que lo llevó clandestinamente a la península.
El manifiesto refleja con anticipación la pérdida de peso de los Estados ante la aparición de poderosas corporaciones económicas monopolistas, denunciando “la formación de gigantescos complejos industriales y grupos bancarios que presionaban al Gobierno para obtener la política que más apropiadamente respondía a sus intereses”.
El Manifiesto abogaba por “la definitiva abolición de las divisiones de Europa en Estados nacionales soberanos”, propugnaba que “una Europa libre y unida es premisa necesaria para el potenciamiento de la civilización moderna”, y concretaba que “la revolución europea deberá ser socialista, esto es, deberá proponerse la emancipación de las clases trabajadoras y la obtención para estas de condiciones de vida más humanas”.
Tras el giro neoliberal de los años ochenta, consolidado en las décadas siguientes, hemos vivido, durante demasiado tiempo, bajo la premisa de que Europa era irreformable, pero la hegemonía neoliberal en Europa nada tiene que ver con la naturaleza de la construcción europea.
Esta hegemonía tiene que ver, en realidad, con las transformaciones internas que muchos Estados miembros vivieron en los años ochenta y noventa el programa antisocial de Thatcher o el giro de Mitterrand hacia la austeridad (el rigueur) como principales ejemplos, tras las cuales las élites de dichos países se coordinaron para rehacer Europa en defensa de los intereses de unos pocos. La deriva neoliberal a nivel supranacional es resultado de ese mismo giro a nivel local, de los cambios a nivel estatal experimentados. Así, fue el pacto intergubernamental que ponía el interés de los mercados por delante de la vida de la gente común lo que derivó en la formulación del Tratado de Maastricht y del de Lisboa. Fue ese mismo pacto intergubernamental a favor de la austeridad el que, veinte años más tarde, doblegó la voluntad del pueblo griego e impuso recortes en los servicios públicos y en los sistemas de cuidados en toda Europa.
La buena noticia es que con un nuevo pacto podemos reformar la arquitectura de la Unión Europea, poniendo, esta vez sí, la protección de las personas primero. Europa es un pacto intergubernamental que debe convertirse en un proyecto democrático, social y federal. Hemos de romper la falsa alternativa entre democracias de los Estados y democracia europea, pues las primeras han de ser el motor de la segunda.
Una Europa federal es una respuesta pragmática y realista a los desafíos globales. Como primer paso es necesario abolir el derecho a veto en el Consejo Europeo y otorgar al Parlamento Europeo la facultad de iniciar legislación, entre otras. Estos cambios no solo agilizarían el proceso de toma de decisiones, sino que también reforzarían la democracia a nivel europeo.
Hoy, el avance hacia una Europa federal está amenazado por la extrema derecha, desde la victoria de Giorgia Meloni como primera ministra italiana a finales del año pasado hasta la más reciente de Geert Wilders en Países Bajos, pasando por los preocupantes avances de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales o la alianza entre el PP y VOX en España. El primer ministro húngaro Viktor Orbán actúa de forma más agresiva que nunca contra los intereses y los valores de la UE. Esta es la batalla política que se va a librar en las próximas elecciones europeas del 9 de junio de este año.
10. Participación en la UE y organismos internacionales
Andalucía debe estar presente, con representación propia garantizando siempre un diálogo previo, en las negociaciones que el Estado mantenga con Gibraltar y el Reino Unido y con el Reino de Marruecos en las materias que afectan a la Comunidad Autónoma.
Igualmente deberá ampliar su participación directa en las instituciones europeas y en los organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en nuestro territorio, como ocurre con los Länder alemanes o las Regiones belgas.
