Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Javier Durán / El peaje de respaldo supone un ataque radical a las posibilidades de las familias para reducir su factura eléctrica. La realidad de nuestro sistema eléctrico consiste en un monopolio donde coexisten varias empresas que carecen de competencia real ya que cada una está adscrita a un territorio y disfruta de su mercado en exclusiva. Este monopolio, además, está formado por empresas privadas cuya única finalidad es sacar el máximo beneficio de una red eléctrica que- no olvidemos- fue y sigue construyéndose (los usuarios están obligados a pagar la instalación y a cederla a la compañía cuando se conectan a la red por primera vez) a base de los impuestos que paga la ciudadanía.
Las empresas que producen electricidad se han puesto de acuerdo para presionar al ejecutivo con el objetivo de expulsar del sistema a la única competencia real que tienen: la producción distribuida de energía. Ya sea solar fotovoltaica, termosolar, eólica, u otras tecnologías que están por llegar al mercado, la legislación impone una traba tras otra para evitar que los usuarios puedan convertirse en pequeños productores y de esta forma aliviar su maltrecha economía.
El «peaje de respaldo» es la punta del iceberg formado por los obstáculos a la producción de energía a pequeña escala, algunos de estos obstáculos los encontramos en situaciones como que una comunidad de vecinos que decidiera utilizar su azotea para generar energía eléctrica fotovoltaica está obligada a convertirse en empresa, o que el sistema no permite que se pueda conectar un generador eólico doméstico a la red. Así mismos los trámites administrativos para conectar una instalación a la red están diseñados para inhibir cualquier intento de hacerlo (las llamadas a las compañías eléctrica para pedir información de como hacerlo están sobretarificadas, pudiendo alcanzar costes de hasta 1000 €, solo por solicitar información).
Todos estos obstáculos están diseñados siguiendo una estrategia: aniquilar la escasa, pero incipiente competencia de este monopolio. No solo se trata de un asunto ambiental: el asunto esconde una nueva manifestación del conflicto social: por primera vez en la historia los ciudadanos tienen en sus manos los medios de producción renovable (sol, aire, calor) y esto va radicalmente en contra tanto de los intereses económicos del gran capital trasnacional, como de la manera de producir a la que nos tiene acostumbrado el capitalismo. Al mismo tiempo que las renovables suponen una esperanza para las clases más humildes, constituyen una amenaza para los grandes capitales que luchan por la explotación en exclusiva de los recursos naturales (renovables o no). Es lamentable que el ejecutivo central se pliegue una y otra vez a los intereses de las compañías frente al de los ciudadanos.
Por si esto fuera poco, el bloqueo a la producción renovable distribuida va en contra de la viabilidad y eficiencia técnica de la red eléctrica. Para que una red esté equilibrada, los puntos de producción deben localizarse lo más cercanos posible a los puntos de consumo: como los segundos están distribuidos a los largo del trazado, los primeros deben localizarse de forma distribuida. La forma más eficiente de hacerlo es mediante las instalaciones de autoconsumo, ya sean de usuarios particulares, comunidades de vecinos, cooperativas de producción o pequeñas empresas.
Se da la circunstancia, además que el código técnico de la edificación, CTE, norma de obligado cumplimiento en nuestro país, insta a instalar placas solares en todos los edificios de nueva construcción o en aquellos que se rehabiliten (placas fotovoltaicas para edificios comerciales e industriales). De esta forma, los usuarios deben conectarse a la red y pagar el peaje aunque hayan sido obligados por la normativa vigente a instalarlas.
No saldremos de esta crisis de manera sólida y duradera hasta que cambiemos el sistema económico. La forma en que produzcamos la energía que consumamos es una pieza clave en dicho sistema. Mientras que cada vez está más claro que las renovables son el único futuro posible para nuestra sociedad, el gobierno insiste en basar nuestro desarrollo en métodos extractivos como el pernicioso fracking o las extracciones de hidrocarburos en la costa malagueña.
En ningún país de nuestro entorno existe este peaje abusivo. Alemania, el país del que copiamos todas las reformas reductoras de derechos sociales, aplica una política que prima a las renovables frente a las fósiles, a la producción distribuida frente a la centralizada. El gobierno español copia de Alemania la política económica, pero no la energética.
Como vector de desarrollo, social y económico, el gobierno andaluz debe tomar la iniciativa utilizando alguna de sus empresas públicas para explotar las energías renovables, y particularmente la eólica marina que esta disponible en nuestras aguas litorales. Esto supone una importante inversión pública, pero Andalucía necesita un plan especial para el empleo que sea capa de generar actividad para parte de ese millón de parados que tenemos. Estas empresas públicas tendrían la capacidad de refinanciarse con los ingresos procedentes de la producción de la energía. Dinamarca, un país de 5 millones de habitantes (Andalucía tiene ocho), produce toda su energía mediante generadores eólico-marinos. Si ellos pueden, aquí también se puede, solo debemos presionar a nuestro gobierno con la misma eficacia que lo hacen ellos. Además, una vez amortizada la inversión podría ser una estupenda manera de alimentar el presupuesto de la Junta de Andalucía y así evitar toda la oleada de recortes que nos amenaza día a día.
Andalucía necesita una hoja de ruta que consiste en 1. Lucha contra el paro mediante inversión pública. 2. Impulso al cambio de modelo energético 3. Soberanía energética. 4. Sostenibilidad económica (recuperación de la inversión). 5. Financiación pública. 6. Justicia social (mediante los nuevos fondos procedentes de la explotación publica de la energía renovable).
Javier Durán es arquitecto y miembro de Primavera Andaluza
