Ante un nuevo ciclo electoral: el contexto y la opinión pública andaluza para una perspectiva de cambio

 

Rafa Rodríguez

Contenido

1. A) Global: retroceso en democracia, igualdad y sostenibilidad. 3
2. Las élites globales no tienen una propuesta reformista. Sin reformas crece la desigualdad. 3
3. Se agrava la crisis ambiental 3
4. Retroceso democrático. 3
5. B) UE: una reforma necesaria que en esta nueva etapa adquiere más importancia. 5
6. La democracia, la sostenibilidad y el Estado del Bienestar deben ser la propuesta de la Unión Europea para el mundo. 5
7. Es necesario una reforma de su institucionalidad. 5
8. El Brexit y la hostilidad de Trump contra la UE han reforzado el proyecto europeo. 6
9. C) España: el cambio debe llegar al gobierno y al Estado. 7
10. Un gobierno minoritario que paraliza el Parlamento pero ejecuta políticas contra las clases medias y populares. 7
11. Una gestión injusta de la crisis. 8
12. No ha habido cambios estructurales en el modelo económico que nos hizo tan vulnerables ante la crisis. 11
13. El reforzamiento del nacionalismo españolista y el recorte de las libertades empuja el crecimiento de Ciudadanos. 11
14. Las CCAA: la aplicación del 155, acuerdos de gobernabilidad e incumplimiento de la renovación del modelo de financiación autonómica. 13
15. La ciudadanía se está movilizando en torno a tres grandes sectores sociales. 16
16. D) Andalucía. 18
17. Autoposicionamiento ideológico. 18
18. Sentimientos nacionales y modelo de Estado. 19
19. La percepción de los principales problemas. 20
20. La junta: sin proyecto de cambio. Los ERES, la posibilidad de adelanto electoral y la subida de Ciudadanos. 21
21. Previsiones de resultados electorales. 23

Bibliografía. 24

 

A) Global: retroceso en democracia, igualdad y sostenibilidad

1.     Las élites globales no tienen una propuesta reformista. Sin reformas crece la desigualdad

• La crisis de la globalización visualizada tras el crac financiero de 2018 nos ha situado en una dinámica de aumento de la desigualdad, un presente lleno de interrogantes, un futuro incierto y un retroceso democrático porque las élites globales han renunciado a cualquier perspectiva de reforma, optando por atrincherarse en sus espacios de privilegios. Esa es la propuesta de Trump y del Brexit, pero también de los partidos ultraderechistas tanto en Europa como en muchos lugares del mundo. Un horizonte autoritario que ve en la manipulación del Big Data y en la nueva biopolítica una oportunidad sin precedentes para la manipulación social.
• La renuncia por parte de las élites a una respuesta reformista ante los riesgos globales está provocando la pérdida de capacidad de decisión de los Estados, el deterioro de los sistemas de protección social, la ruptura de los consensos sociales, el deterioro de las instituciones democráticas y en particular de los mediadores (partidos y sindicatos) y un pesimismo generalizado en la opinión pública que por vez primera vislumbra que el futuro va a ser peor que el pasado.

2.     Se agrava la crisis ambiental

• La crisis ambiental cuyo exponente más visible es el cambio climático sigue agudizándose con sequías, inundaciones e incendios de una intensidad desconocida. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), la agencia de la ONU especializada en el tiempo, el clima y el agua, ha confirmado que 2017 fue uno de los tres años más cálidos en el planeta desde que se tienen datos, junto con 2015 y 2016. Las lluvias de los últimos días no palían la sequía más severa del siglo en 2017, el año más cálido y el segundo más seco en España. La temperatura media mundial en superficie de 2017 superó en 1,1ºC a la de la era preindustrial.

3.     Retroceso democrático

• Hay una incompatibilidad entre la renuncia de las élites a las reformas globales y la democracia. La reacción defensiva de las élites ha preconizado no solo que lo “mío” es lo primero frente a los “otros”, sino que ha construido a los enemigos en base a la diferencia, el de fuera, el desconocido, el extraño, el emigrante, el pobre, que se convierten en una amenaza que compite por la escasez de recursos económicos y laborales, tomando la forma política, en muchos casos, de un nacionalismo excluyente que está obteniendo éxitos electorales como ha ocurrido en las recientes elecciones italianas en el centro y norte de Italia con la Liga Norte.
• El ataque a la democracia viene desde tres frentes:

1. El aumento de regímenes y gobiernos autoritarios en las grandes potencias como EE.UU. China y Rusia hasta potencias medianas como Turquía, Egipto o Filipinas. También en el interior de la UE sobre todo los Estados del Este como los que forman el grupo de Visegrado (Hungría, Chequia, Eslovaquia y Polonia). Todos tienen en común el ascenso de líderes autoritarios con poderes casi ilimitados.
2. El auge de partidos neofascistas que condicionan la agenda y las políticas como la Liga Norte en Italia, el Frente Nacional francés o la AFD en Alemania y otros que también tienen mucha fuerza en Austria, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Finlandia o Grecia.
3. Mediante el desprestigio de las instituciones democráticas y en particular de los mediadores (partidos y sindicatos).

• Joseph Nye ha acuñado el concepto de “Poder afilado” para describir el comportamiento de las grandes potencias para influir en el mundo, que incluye el regreso a técnicas de propaganda y manipulación a través de las redes sociales (fake news); desprestigio de la democracia; aumento de gastos militares; intentos de alteración de resultados electorales; ciberataques de autores difusos; guerras comerciales; ataques militares e incluso asesinatos de opositores en cualquier Estado. Para Nye el poder afilado significa la militarización y la destrucción del poder blando.

B) UE: una reforma necesaria que en esta nueva etapa adquiere más importancia

1.     La democracia, la sostenibilidad y el Estado del Bienestar deben ser la propuesta de la Unión Europea para el mundo

• En este contexto de retroceso democrático global, el proyecto de UE adquiere aún más importancia. La democracia, la sostenibilidad y el Estado del Bienestar deben ser la propuesta de la Unión Europea para el mundo. Sin esa propuesta la perspectiva de una democracia global perdería profundidad y también la Unión perdería su sentido.

2.     Es necesario una reforma de su institucionalidad

• La UE es una estructura institucional incoherente: no tiene un gobierno federal, aunque es muy exigente con las políticas económicas de los Estados miembros y la propia normativa europea prevalece sobre la legislación de los estados miembros. Al mismo tiempo, la permisividad con la existencia de paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos por parte de las multinacionales hace aún más inviable la cohesión económica del espacio europeo.
• La crisis que el actual diseño institucional de la estructura de la Unión Europea tiene tres causas fundamentales que se han implementado entre sí:

1. La situación de desigualdad económica de origen entre los Estados que forman parte de la UE.
2. La incoherencia institucional alejada de la gobernanza democrática.
3. Los efectos de la crisis global.

• El punto de partida de la situación de los Estados era la desigualdad económica sobre todo en el tejido industrial y en la composición de la Balanza de Pagos, lo que presentaba una realidad muy polarizada entre los Estados del norte, industrializados y con una balanza comercial excedentaria y los Estados del sur, poco industrializados y con una balanza comercial deficitaria.
• El sistema institucional europeo en vez de formar un sistema coherente está compartimentado en tres niveles políticos y económicos:

1. Los Estados miembros. Tienen la soberanía formal, las instituciones elegidas democráticamente (gobierno, parlamento), el sistema fiscal y presupuestario y la emisión de la deuda pública. No tienen moneda propia (por lo que no pueden ajustar su competitividad mediante devaluaciones o revaluaciones) ni un banco central que ejerza como tal (los bancos centrales de los Estados tienen unas funciones muy limitadas).
2. La Unión Europea. El conjunto de la UE (formado por los 19 estados de la zona Euro + 8 estado que no forman parte del Euro) es en realidad un conglomerado heterogéneo de Estados, un espacio de libre de circulación de mercancías, personas y capitales con una débil estructura de gobernanza política porque, aunque tienen instituciones políticas comunes (Parlamento, Consejo, Comisión, Tribunal de Justicia), éstas carecen de legitimidad democrática directa o cuando una de sus instituciones la tiene (el parlamento europeo) lo es solo nominalmente porque está privada de las funciones de un verdadero parlamento (potestad legislativa y legitimación del ejecutivo). Además, los órganos ejecutivos (Consejo, Comisión) están institucionalmente paralizados por la regla de la unanimidad, lo que acentúa la crisis actual (levantamiento de muros interiores, la ausencia de una política exterior común o la quiebra de los principios básicos de los derechos humanos como en el tratamiento a las personas refugiadas).
3. La zona euro, formada por 19 estados, constituye un espacio monetario de naturaleza federal, con el Banco Central Europeo (BCE) al frente, que comparte una moneda, pero carece de instituciones políticas comunes.

3.     El Brexit y la hostilidad de Trump contra la UE han reforzado el proyecto europeo

• La UE vive un momento crucial determinado por el proceso de salida del RU (brexit), la recuperación económica, el auge de los autoritarismos, los próximos cambios en el BCE y los resultados de las elecciones en Francia, Alemania e Italia. Paradójicamente, el Brexit y la hostilidad de Trump contra la UE han reforzado el proyecto europeo. Sin gobernanza democrática no hay eficiencia institucional ni sistema monetario completo y efectivo. La UE necesita avanzar con urgencia hacia el federalismo para lo que es importante la conexión del eje franco- alemán con los Estados del sur de Europa.

 

C) España: el cambio debe llegar al gobierno y al Estado

1.     Un gobierno minoritario que paraliza el Parlamento pero ejecuta políticas contra las clases medias y populares

• La pasada XI Legislatura se produjo una situación de impasse durante trescientos catorce días en los que ni siquiera pudo efectuarse una investidura de un Presidente. No se aprobó ninguna iniciativa legislativa con rango de ley y el Gobierno eludió al control parlamentario en esa peculiar situación, lo desembocó en la presentación de un conflicto entre órganos constitucionales ante el Tribunal Constitucional aún no resuelto.
• Tras las elecciones generales de 2016, la XII Legislatura comenzó invistiendo al Presidente a Rajoy. Pero el Grupo Parlamentario mayoritario, el Popular, tiene tan sólo 134 Diputados sobre un total de 350. Existen siete Grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y diecinueve Diputados en el Grupo Mixto.
• No se produjo un acuerdo de legislatura ni un Gobierno de coalición, si bien el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha apoyado al Gobierno en diversas cuestiones y votó la investidura presidencial tras suscribirse un acuerdo de investidura con ciento cincuenta medidas, aunque se presenta al mismo tiempo como parte de la oposición.
• El gobierno tiene una precaria mayoría y no ha aprobado aún los Presupuestos Generales del Estado para 2018 siendo prorrogados los de 2017, lo que constituye un claro indicio de problemas de gobernabilidad. Solo una docena de leyes han sido tramitadas y significativamente casi el doble los decretos-leyes emanados y, salvo en un caso, todos fueron convalidados y nada más que tres tramitados como leyes.
• La Mesa del Congreso ha aceptado como regla general el veto gubernamental a las proposiciones de ley de los grupos de la oposición, y se ha prorrogado muchas veces el plazo de presentación de enmiendas de estas iniciativas: dos mecanismos que se usan en fraude de ley para el bloqueo de la oposición. El gobierno (a marzo de 2018) ya ha vetado 56 proposiones de ley y los grupos parlamentarios de Ciudadanos y PP, utilizando su mayoría en la mesa del Congreso, han paralizado más de veinte iniciativas legislativas mediante la ampliación del plazo de enmiendas de forma que la proposición de ley nunca llega a tramitarse.
• Hay varias instituciones cuyos titulares no se han renovado como el nombramiento de un nuevo Defensor del Pueblo y permanece al frente el Adjunto primero, pese a que el cese del titular se produjo el 6 de junio de 2017.
• Tampoco se ha avanzado en un pacto de Estado en materia de educación, tras la experiencia del conflicto provocado por la Ley Wert (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, LOMCE) que no fue negociada y ha sido además declarada parcialmente inconstitucional en la STC /2018, de 20 de febrero, referida al uso del castellano como lengua vehicular en la enseñanza. El PSOE y Podemos han tenido que abandonar la ponencia de estudio de un pacto de Estado en educación en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado ante la negativa del PP de aceptar una financiación suficiente.

2.     Una gestión injusta de la crisis

• • En 2017 el PIB ha crecido un 3,1%; los beneficios empresariales y dividendos distribuidos (hasta septiembre), un 5,1% y un 11,7%, respectivamente. El IPC medio, un 1,96% (1,1%, a diciembre), los salarios un 1,44%, y las pensiones un 0,25%. Subsiste un elevado desempleo (17,2%), pese a haber bajado la tasa y un muy alto porcentaje de deuda pública (98,7%).
  • El crecimiento económico se ha basado en un modelo que aumenta la desigualdad y la pobreza. Sin embargo, la devaluación salarial no es la causa del crecimiento actual, como sugiere el gobierno del PP. El Informe Anual del Banco de España identifica los principales determinantes de este crecimiento: la política monetaria del BCE, los precios del petróleo, el tirón del turismo y una política fiscal tímidamente expansiva en 2015-2016 explican más de dos terceras partes. Las exportaciones también están contribuyendo al crecimiento, pero no más que en la anterior fase expansiva, ni como consecuencia de la reducción de los costes laborales (que se han trasladado de forma limitada a los precios).
  • El gobierno del PP también ha optado por eludir cualquier cambio en el modelo productivo y por el sacrificio de quienes no éramos responsables de la crisis, empobreciendo a las clases trabajadoras y medias, con perores condiciones laborales, recortando salarios y pensiones y aumentando la exclusión social mientras que ha crecido la concentración de la riqueza y el beneficio de las grandes empresas.

• España es el Estado de la UE donde mayor es la diferencia entre los que ganan el 20% más rico y el 20% más pobre, casi siete veces; donde más ha aumentado la pobreza y el número de trabajadores pobres desde el inicio de la crisis; donde menos han crecido los salarios y más las remuneraciones de los altos ejecutivos de las grandes empresas; donde más han aumentado los contratos temporales y a tiempo parcial y donde más han aumentado las desigualdades territoriales, de género y de edad.

• Las políticas del PP, apoyadas por Ciudadanos, han aumentado la desigualdad en tres planos:

1. En el stock de riqueza. La distribución total de la riqueza tiene forma de pirámide invertida. En los últimos años el crecimiento económico ha favorecido cuatro veces más a los ricos que al resto de la población y el 10% de los más ricos concentra el 53,8% de la riqueza total mientras que el 90% solo tiene el resto. Es más, el 1% de la población más rica en España acumula más del 25% de la riqueza total, casi lo mismo que el 70% de la población (32,1%).
2. Las rentas primarias. El tipo de modelo productivo y la reforma laboral han provocado un paro estructural y que el empleo sea cada vez más precario y los salarios más bajos mientras crecen los beneficios empresariales de las grandes empresas. Según el INE, en 2017, el peso de los salarios en el conjunto de la economía cayó hasta el 47,3%, el menor nivel desde 1989. Durante la crisis se fuerza a devaluar salarios, sin distribuir esfuerzos entre distintos tipos de renta. Resultado: de cada 100 euros producidos en 2008 por hora trabajada, 59,5 euros remuneraban trabajo y 40,5 euros, capital. En 2017 son 56 euros y 44 euros, respectivamente. Se adoptan cambios estructurales en la distribución de la renta a través de la negociación colectiva, debilitando la posición negociadora de los trabajadores y trabajadoras. Esto tendrá, hasta que lo corrijamos, un impacto negativo también en Seguridad Social.
3. Las rentas secundarias. Los ingresos públicos se asientan en impuestos regresivos que penalizan las rentas del trabajo y favorecen a las rentas de capital. A título de ejemplo, como ha señalado recientemente el economista Vicente Clavero, los seis mayores bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter) no han pagado, en conjunto, ni un solo euro por el Impuesto de Sociedades desde el inicio de la crisis económica, pese a haber ganado 84.000 millones (en realidad, han tenido un saldo a su favor con Hacienda de 164 millones de euros). Mientras, el gasto público en España se sitúa 5 puntos por debajo de la media de la UE. España mantiene ingresos públicos claramente inferiores a los Estados de la eurozona, con menor capacidad de actuación para redistribuir renta mediante políticas fiscales de ingreso y gasto público.

• El aumento de la desigualdad es producto de la acción combinada de estos tres planos: una situación estructural de desigualdad, un modelo productivo insostenible e ineficaz que beneficia a los sectores del capital más especulativos y vinculados al Estado para obtener privilegios e impedir reformas estructurales (anula la predistribución) y una acción del gobierno que lejos de amortiguar las desigualdades las agudiza (impide la redistribución).
• Estas políticas injustas han perjudicado en especial a las mujeres, aumentado la brecha salarial y laboral, a las personas trabajadoras que han visto reducido sus salarios y empeorado sus condiciones de trabajo, a los pensionistas, a las que se les has recortado las pensiones reales, y a los jóvenes que sufren un 50% de tasa de paro y que muchos han tenido que optar por la emigración y a las personas paradas, que han ido perdiendo incluso el subsidio de desempleo que actualmente solo cubre al 40%.
• Según el último Informe del Defensor del Pueblo, desde 2008 se ha producido una transferencia de renta desde la parte inferior y media de la sociedad hacia la parte alta. Las clases medias se sienten amenazadas porque estas políticas las pueden llevar a un descenso a la pobreza y a los más pobres a la exclusión social. Los recortes en gasto sanitario entre 2009 y 20016 ascienden a 5.341 m. y en educación a 4.778. La cuasi congelación de las pensiones dutante años provoca un empobrecimiento constante de las personas pensionistas. 45.200 firmas han solicitado al Defensor un referéndum para una reforma constitucional que establezca el carácter público de las pensiones y su revalorización automática.

3.     No ha habido cambios estructurales en el modelo económico que nos hizo tan vulnerables ante la crisis

• La crisis no se ha utilizado para cambiar el modelo productivo, sino que ha reforzado sus grandes defectos estructurales: insostenibilidad ambiental, debilidad de la industria, predominio de servicios de bajo valor añadido e intensivos en mano de obra, especialización en productos de tecnología y de calidad medio baja, competencia vía precios, escasa diversificación de las exportaciones que además recaen sobre pocas empresas y que tienen un gran componente de bienes importados. Además, se han hecho los recortes más altos en actividades esenciales para el futuro como la investigación, las energías alternativas o la educación.

4.     El reforzamiento del nacionalismo españolista y el recorte de las libertades empuja el crecimiento de Ciudadanos

• La confrontación entre la vía unilateral a la independencia de los partidos soberanistas catalanes y el españolismo del PP y Ciudadanos ha provocado un aumento del nacionalismo españolista en todo el Estado, ligado a valores conservadores, que están implementando con recursos emocionales como la defensa de la prisión permanente revisable aprovechando los casos de delitos que han conmocionado a la opinión pública.
• Hay un evidente retroceso en las libertades por la acción combinada de un gobierno autoritario que ha aprobado leyes como la ley mordaza, una fiscalía con escasa independencia del ejecutivo, unos jueces, la mayoría, con perfil conservador y un Tribunal Constitucional con una composición condicionada por el PP. El resultado es una actuación del poder judicial y del ejecutivo que está recortando de forma alarmante los derechos y libertades democráticas, destacando:
• a) imputación a dirigentes políticos soberanistas catalanes por delitos de rebelión (aº 472 y ss del Código Penal) cuyo tipo penal exige que haya habido alzamiento violento y público, lo que evidentemente no se ha producido en el proceso soberanista catalán, y la más que dudosa imputación por sedición (aº 544 y ss. del Código Penal) así como su ingreso en prisión como medida cautelar, cuestionada por muchos juristas.
• b) censura sobre obras de arte y la condena por delitos de injuria a medios de comunicación, artistas o simples ciudadanos que deben estar amparados por el derecho a la libertad de expresión, sostén de la democracia.
• c) Andalucía hay que denunciar lo que ha ocurrido con los inmigrantes de la cárcel CIE de Archidona después de que muchos fueran trasladados allí el pasado 20 de noviembre, en situación irregular, habiéndose producido incluso la muerte de un migrante que un juzgado está investigando.
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha dado un duro correctivo a la justicia española, en especial al Tribunal Constitucional, al sentenciar que la quema de esa foto no intentaba lesionar la dignidad o la fama de don Juan Carlos, sino que fue una crítica política a lo que representaba, además de que en ningún momento hubo incitación a la violencia. Se trata, en definitiva, de un acto de libertad de expresión, garantizada por la Convención Europea de Derechos Humanos y la Constitución Española. Tal como ha escrito Adela Asúa “La libertad de expresión tiene límites, por supuesto, fundamentalmente no acoge a aquello que ayude a crear un ambiente de hostilidad hacia grupos vulnerables que están en riesgo de exclusión” pero no a quienes tienen poder.
• Para ocultar la desigualdad, favorecer el sentimiento nacionalista españolista y justificar el recorte de libertades, tiene especial importancia tienen la (no) reforma de RTVE que trataba de devolver a la corporación a la neutralidad informativa y el consenso fue aprobada por la Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. La nueva Ley exigía que en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor se arbitrase un concurso público para elegir a los diez miembros del consejo de administración con la participación de un comité de expertos designados por los Grupos parlamentarios que evacuase un informe a la comisión correspondiente; pero se preveía también que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, la elección se llevará a cabo con el procedimiento vigente. Pues bien, aún no se ha aprobado siquiera un reglamento de desarrollo y la RTVE incumple de forma escandalosa las normas profesionales de neutralidad política y e independencia profesional que rigen en cualquier Estado de la UE para las televisiones públicas. PSOE, Podemos y Ciudadanos han decidido comenzar a aplicar la Ley a pesar del obstruccionismo del PP:

• Estas dinámicas, tanto de reforzamiento del nacionalismo españolista por la reacción al process en Cataluña como por la deriva autoritaria que entronca con lo que está sucediendo a nivel global y que propicia “”gobiernos de ordeno y mando”, han sido aprovechadas por Ciudadanos para incrementar su apoyo electoral y colocarse según la mayoría de las encuestas como el partido más votado, frente a un PP que ha sido el culpable de la situación que se ha generado en Cataluña y que está cercado por los procesos judiciales que están juzgando a cientos de responsables políticos de ese partido, inmersos en los grandes escándalos de corrupción (están imputados cuatro exministros, seis expresidentes de CCAA, cinco expresidentes de diputaciones, cinco parlamentarios, 18 consejeros de CCAA, tres extesoreros nacionales y hasta 800 concejales y cargos menores). Los poderes económicos están apostando por disponer de dos alternativas, PP o Ciudadanos, en función de como vayan discurriendo los acontecimientos.

5.     Las CCAA: la aplicación del 155, acuerdos de gobernabilidad e incumplimiento de la renovación del modelo de financiación autonómica

• El principal conflicto en el sistema de organización territorial del Estado ha sido la aplicación en Cataluña del mecanismo extraordinario de intervención sobre los órganos de las CCAA previsto en el artículo 155 CE (aprobado por Resolución de la Presidencia del Senado de 27 de octubre de 2017). Es la primera vez que se llega a esta grave situación de emergencia. La causa directa fue la aprobación por el Parlamento de Cataluña, por el procedimiento de lectura única y sin permitir enmiendas, de la Ley del Referéndum de Autodeterminación (Ley 19/2017, de 6 de septiembre), la celebración del referéndum del 1 de octubre y la posterior aprobación de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (Ley 20/ 2017, de 8 de octubre), declaradas inconstitucionales. Pero, tras la aplicación del 155, las cosas sigan estando donde estaban: en un impasse entre las posiciones independentistas e inmovilistas.
• Las elecciones de 21 de diciembre tuvieron una elevada participación de 79,04%. Los partidos independentistas alcanzaron un 47% de los votos y una mayoría parlamentaria de 74 escaños (Junts per Catalunya, ERC y CUP), aunque Ciudadanos fue el partido más votado. No obstante, el resultado electoral mantiene el grave escenario: bloque institucional y una Cataluña fragmentada en dos mitades.
• Únicamente la voluntad de diálogo político y de acometer las reformas jurídicas necesarias –constitucionales y estatutarias entre ellas- puede arreglar este grave conflicto para salir de esta situación de emergencia, pero previsiblemente no será ni sencillo ni rápido.
• En diciembre se creó la Comisión parlamentaria en el Congreso para la evaluación y modernización del Estado autonómico, sin la participación de Podemos, que ha comenzado a funcionar principios de 2018 con múltiples comparecencias, pero que no perece que esté avanzando y que también ha abandonado Ciudadanos.
• También el Consell de la Generalidad de Valencia acaba de hacer una propuesta de reforma constitucional donde se insinúa la vía de una iniciativa de varias CCAA.
• El Tribunal Constitucional sigue dificultando que las CCAA hagan efectiva muchas de sus competencias, sobre todo en políticas sociales (SSTC 134 y 145/2017, respectivamente, de 16 de noviembre y 14 de diciembre sobre acceso a las prestaciones sanitarias), al realizar una interpretación expansiva muy amplia de las normas básicas del Estado en detrimento de las competencias estatutarias, incluso sobre servicios públicos esenciales. Una excepción ha sido la STC 79/2017, de 22 de junio sobre la Ley de Garantía de la Unidad del Mercado, que ha recibido una declaración parcial de inconstitucionalidad.
• Los Gobiernos autonómicos con mayoría absoluta han desaparecido salvo en Galicia y Ceuta. Los sistemas de gobierno autonómicos se están parlamentarizando, restringiendo el antaño muy intenso liderazgo presidencial.
• Destaca en Castilla la Mancha la entrada de Podemos en el Gobierno presidido por el PSOE con una vicepresidencia y una consejería. Es la primera vez que Podemos entra a formar parte de un gobierno autonómico y el primer Gobierno de coalición en la región.
• En la Comunidad Valenciana se ha producido la renovación del Acuerdo del Botánico entre el PSOE y Compromís, que les mantiene en el Gobierno con el apoyo de Podemos. Destacan los signos de recuperación económica, con una alta tasa de recuperación de empleo. También ha habido una alta producción normativa. Se han aprobado los presupuestos para 2018 tras lograrse acuerdos entre las tres fuerzas y también ha habido importantes reivindicaciones ante el Gobierno central: financiación, corredor del Mediterráneo, etc.
• El modelo de financiación de las CCAA continúa sin revisarse, si bien tras la Conferencia de Presidentes, se creó una Comisión de expertos que ha elaborado un importante informe. Las desigualdades en el tratamiento de las CC.AA. por parte del Estado central se ha agravado por la aprobación de la metodología para el señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021, y algunas modificaciones en la regulación del Concierto Económico.
• Por último, hay que destacar la reciente propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco, y las de Cantabria, Región de Murcia, Canarias y Comunidad Valenciana, que ya están en el Congreso para su tramitación. La última parece bloqueada a través de la ampliación del plazo de enmiendas. La de Canarias se está negociando, pero no parece fácil el acuerdo respecto de algunos de sus contenidos. Finalmente, las propuestas de Murcia y Cantabria, que han entrado en 2017, tienen un objetivo común: la eliminación del aforamiento de los miembros del Gobierno y el Parlamento autonómico.

6.     La ciudadanía se está movilizando en torno a tres grandes sectores sociales

• La ciudadanía se está movilizando en torno a tres grandes sectores sociales: las mujeres, los pensionistas y las personas con un trabajo precario. La potencia de estas movilizaciones ha cogido por sorpresa a la derecha española, tanto del PP como de Ciudadanos (cada vez con un perfil menos liberal y más conservador por su táctica de querer identificarse con el votante del PP), haciendo visible las consecuencias de las políticas de desigualdad que defienden e impulsando como alternativa los valores de igualdad, protección social y solidaridad que defiende el conjunto de organizaciones políticas, sociales y sindicales que se ubican en la izquierda.
• Todas estas experiencias, en las que han colaborado las plataformas o coordinadoras sociales convocantes, los sindicatos de clase y los partidos de izquierda, han demostrado que la conexión entre causas justas sentidas mayoritariamente por la ciudadanía y la unidad de la izquierda es capaz de cambiar la agenda del gobierno, hacer hegemónico un sentido común propicio a los intereses populares frente al sentido común neoliberal y avanzar en una mayoría electoral que pueda ser alternativa a la mayoría que hoy gobierna (PP con el apoyo de Ciudadanos).
• La histórica movilización de millones de mujeres el 8 de marzo, que ha sido la mayor de cuantas se han convocado a nivel global, ha demostrado que el movimiento feminista no sólo es hegemónico, imparable, también es libre, diverso, transversal, rompe fronteras de organizaciones y partidos, para conectar directamente con la ciudadanía. La capacidad de movilización tiene muy escasos antecedentes recientes, que se remontan al 15M o el No a la Guerra.
• El feminismo es ya un significante poderoso y un movimiento social y político que no para de crecer que cuestiona el funcionamiento del capitalismo, de las relaciones laborales, las relaciones de pareja, la crianza, los cuidados, el lenguaje, los acosos, la violencia machista. La denuncia de la desigualdad atraviesa todos los ámbitos y pone en crisis todos los ámbitos de la vida. El hecho de que el feminismo esté construido precisamente sobre el discurso de la igualdad le coloca en el corazón mismo del conflicto que atenaza a buena parte de las sociedades democráticas. Por eso, quizás, ha reaparecido con tanta fuerza, porque encabeza con más claridad que ningún otro movimiento la lucha por los derechos civiles, es decir por los derechos que garantizan la capacidad de los seres humanos para participar en la vida civil y política. Y a hacerlo en pie de igualdad, sin que ningún poder, público o privado, pueda discriminarle por razón de sexo, raza, edad, incapacidad, nacionalidad, religión u otras características.
• Las masivas manifestaciones por unas pensiones dignas del 22 de febrero y del 17 de marzo de 2018 contra una subida del 0,25% son la respuesta a la indignación que ha provocado este “incremento” y a la reiterada pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, cuando los productos básicos como la luz, el gas, los alquileres, el agua, etcétera han subido mucho más. Hay que tener en cuenta que para los jubilados el Índice de Precios al Consumo es mucho más sensible que el general. Además, el gobierno del PP ha acabado con el fondo de las pensiones sin dar ninguna alternativa al déficit estructural, lo que pone en riesgo al propio sistema para las generaciones futuras. Los pensionistas reclaman que las pensiones suban con arreglo al IPC y rechazan tanto la subida del 0,25% como el opaco factor de sostenibilidad que entrará en vigor al año que viene. Las pensiones suministran rentas imprescindibles para el 19% de la población (33% en 2050) y también para la demanda interna de bienes y servicios.
• Existen alternativas al mero ajuste de gasto, empobreciendo a pensionistas actuales y futuros: recuperar el Pacto de Toledo, reforzar la estructura de ingresos por cotizaciones y la financiación adicional del Estado, manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando el marco de revisión periódica del sistema y acordando medidas para mantenerlo en rasgos reconocibles entre las distintas generaciones.
• Los argumentos en torno a la posibilidad de subida o no de las pensiones han conducido a visualizar que las pensiones son una pieza de un engranaje de las políticas económicas y la situación actual de las pensiones suponen una impugnación a la totalidad de la política económica del PP: la reforma laboral de 2012 y la precarización del trabajo, «con salarios de miseria» que limitan las cotizaciones a la Seguridad Social; las medidas de austeridad que restringieron el gasto social, como el copago farmacéutico; el rescate de las autopistas quebradas, etc.
• Los jóvenes, el núcleo duro del precariado, protagonizaron las movilizaciones del 15M, también están volviendo a movilizarse incluso protagonizando huelgas en las empresas que han hecho de la precariedad su norma como Amazon. El último Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud identifica a la población joven como “el colectivo con mayores probabilidades de encontrarse por debajo del umbral de pobreza económica, sufrir carestía material severa o residir en hogares con baja intensidad de empleo”. Sólo el 19,4% de las personas entre 16 y 29 años consigue hoy irse a vivir a una vivienda fuera del hogar; y las relaciones laborales de corta duración van ganando hegemonía entre la población joven, de tal manera que los contratos indefinidos representan menos del 8% del total de los nuevos contratos registrados por el Servicio Público de Empleo Estatal.

• Estas masivas movilizaciones tienen en común la lucha en la calle contra la desigualdad como alternativa al bloque institucional y la falta de perspectivas de cambio frente al gobierno de Rajoy.

D) Andalucía

1.     Autoposicionamiento ideológico

No se han registrado cambios significativos en la ideología de los andaluces en los últimos años. En concreto, en la escala ideológica del 0 al 10, la posición media del electorado es de 4,78 puntos. En cuanto al posicionamiento de los principales partidos políticos en esta escala, no se presentan variaciones significativas con respecto a ediciones anteriores.

2.     Sentimientos nacionales y modelo de Estado

• Continúa siendo mayoritaria y con tendencia al aumento, la identificación dual con Andalucía y España (70,8%). En segundo lugar se posiciona el sentimiento de ser más andaluz que español en un 13,9%. Los sentimientos exclusivistas, tanto del sentimiento español como andaluz, son muy minoritarios.

• Con respecto a la organización territorial del Estado, se sitúa en primer lugar la preferencia por un Estado con Comunidades Autónomas como en la actualidad (48,5%), aunque registra un leve descenso. En el último año han aumentado en casi seis puntos, los partidarios de un Estado sin autonomías (28%). La preferencia por un Estado federal que la encuesta identifica con más autonomía se sitúa en el 18,9%, mientras que la posibilidad de que se reconociese el derecho a la autodeterminación para las CCAA sólo lo apoya el 2,6%.

3.     La percepción de los principales problemas

• Según la encuesta de CAPDEA los principales problemas para las andaluzas y andaluces son el “desempleo” (80,7%) que continúa siendo el primer problema de la Comunidad, seguido por la “sanidad” (34,6%) y la “corrupción” (28,8%) que desplazan a la “educación y la enseñanza” (27,5%) al cuarto puesto. En quinta y sexta posición, figuran la política (25,8%) y la marcha de la economía (20,9%), respectivamente.

4.     La junta: sin proyecto de cambio. Los ERES, la posibilidad de adelanto electoral y la subida de Ciudadanos

• En Andalucía, el gobierno de Susana Díaz con el apoyo parlamentario de Ciudadanos tiene paralizada tanto la acción de gobierno como la actividad parlamentaria, siendo incapaz de aminorar la brecha de desigualdad que padecemos y de ofrecer cualquier proyecto de cambio. Como dato más importante, la tasa de paro en Andalucía es del 24,43% mientras que la media en España es del 16,55, según los datos de la última EPA.
• Hay una desigualdad histórica de carácter estructural que causó el Estado centralista que no ha terminado de solucionar el Estado autonómico, a pesar del avance que ha supuesto, y que se ha agravado por la crisis. Lejos de converger en la cohesión, retrocedemos. Los que estábamos peor hemos caído más y nos recuperamos menos. Andalucía es rica, pero está a la cola de la desigualdad. Por dar sólo algunos datos, nuestra tasa de paro es diez puntos superior a la media del Estado y 20 puntos más que la media de la UE; el PIB per cápita de Madrid supera en 50 puntos al andaluz; la inversión pública por alumno en el País Vasco es el doble de la de Andalucía; la tasa de riesgo de pobreza es en Andalucía del 35,4% mientras que en Navarra es del 9%, etc.
• El juicio por la corrupción de los ERES tiene sentado en el banquillo a la cúpula del PSOE que ha dirigido la Junta durante muchos años y en particular a los dos últimos presidentes, que han gobernado en Andalucía durante los últimos 15 años.
• En estas circunstancias es previsible un adelanto electoral para el otoño antes de que haya sentencia, para evitar la cercanía con las elecciones municipales y europeas y para tomar la iniciativa y fortalecerse internamente.
• Se mantienen al alza las valoraciones negativas respecto a la gestión realizada por el Gobierno de Andalucía en el último año, de modo que en la actualidad el 52,7% de la población califica la gestión como mala o muy mala, frente al 19,7% que la considera buena o muy buena.
• Aumentan los juicios negativos sobre la actuación de PP, Podemos e IU en la oposición. El 67,1% de los andaluces suspende la labor realizada por el PP y Podemos, mientras que para IU este porcentaje se sitúa en el 58,8%. Por el contrario, en relación a hace un año, se reducen en 7,5 puntos porcentuales los juicios negativos sobre la actuación de Ciudadanos en la oposición, situándose en la actualidad en el 36,5%.
• Ciudadanos ha pasado a ser es el partido que más simpatía inspira entre los andaluces con un porcentaje del 29,6%, seguido por el PSOE (22,4%), PP (14%) e IU (9,2%). Solo el 6,3% de los andaluces mencionan a Podemos como la fuerza política con la que más simpatizan.

• Susana Díaz continúa siendo la líder política andaluza más conocida, contando con el 91,6% de conocimiento popular. Le sigue Teresa Rodríguez con el 59%, Juan Manuel Moreno (58%), Antonio Maíllo (55,8%) y Juan Marín con el 41,9% de conocimiento.
• Los andaluces suspenden a los líderes políticos de los principales partidos andaluces. Los dos líderes políticos andaluces mejor valorados, al igual que el año pasado, son Juan Marín (4,76) y Antonio Maíllo (4,49), seguidos por Susana Díaz (4,38), Teresa Rodríguez (4,18) y José Manuel Moreno (4,14).

• La influencia de la percepción de la actuación en el conjunto del Estado de partidos y líderes políticos para la valoración en el ámbito autonómico es evidente. La actuación de un partido como Ciudadanos en Andalucía, que apenas tiene implantación y que no ha tenido ninguna actuación relevante en Andalucía, es premiada con un crecimiento de su apoyo en la opinión pública que no se corresponde con su labor en Andalucía. La ausencia material de un sistema político autónomo en Andalucía explica estos comportamientos.

 5.     Previsiones de resultados electorales

• Si hoy se celebrasen elecciones al Parlamento de Andalucía, el PSOE volvería a ser el partido más votado. En concreto, con una participación estimada del 60,4%, el PSOE recibiría el 34,1% de los sufragios válidos, frente al 19,8% que conseguiría Ciudadanos y el 18,3% que obtendría en PP. Por su parte, Podemos e IU recibirían el 10,5% y el 8,3% de los apoyos, respectivamente.
• El PSOE experimenta una pequeña bajada que, sin embargo, puede tener mayores consecuencias en el reparto de escaños porque en las elecciones de marzo de 2015 obtuvo cinco escaños por los restos. Ciudadanos desplaza al PP como principal partido de la oposición, lo que puede alterar su posición actual de apoyo parlamentario al gobierno de Susana Díaz. El crecimiento de Ciudadanos fagocitando un importante porcentaje de los votos del PP también permite que haya una mayor distancia entre el PSOE y el segundo partido. Los tres partidos que ocupan las posiciones de la segunda a la cuarta están prácticamente en una situación de empate.

 

Partido	X legislatura (22 de marzo de 2015)	Previsión EGOPA (11 de enero – 1 de febrero 2018)
PSOE	35,28% (47)	34,1%
PP	26,65% (33)	18,3%
Podemos	14,80 (15)	10,5%
Ciudadanos	9,24% (9)	19,8%
IU	6,86 (5)	8,3%
Participación	62,56%	60,1%

Bibliografía

1. Valoración general del Estado autonómico en 2017. Eliseo AJA (UB), Javier GARCÍA ROCA (UCM), José Antonio MONTILLA (UGR), y Laura DÍEZ (UB), Catedráticos de Derecho Constitucional.
2. ¿Realidad o ficción? La recuperación económica, en manos de una minoría. Oxfam.
3. Estadísticas económicas. INE
4. Otro conflicto sobre crecimiento y distribución. Carlos Bravo (Secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO).
5. Más Andalucía, más Europa. Andrés Lozano Pino y Juan José Merino Carrillo.
6. El nuevo poder “afilado”. Lluis Bassets.
7. Manifiesto de Economistas frente a la Crisis.
8. Informe Anual del Banco de España.
9. Estado del clima mundial. Organización Meteorológica Mundial (OMM).
10. La recuperación de Rajoy no da para subir las pensiones. Juan Torres.
11. Nada más poderoso. Soledad Gallego-Díaz.
12. 28F 2018: Andalucía mirando al futuro. Por una reforma federal y plurinacional para la igualdad y la convivencia. Paralelo 36; red Municipalista en común y Foro Socialista de Sevilla.
13. Informe del Defensor del Pueblo 2017.