Blas Infante, 2009

Hemos tenido que esperar hasta la ley de la memoria histórica de 2007 para ver derogada de manera expresa una ley de febrero de 1939 cuyo preámbulo de escalofrío decía que se promulgaba “con la intención de liquidar las culpas políticas contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja y a entorpecer el triunfo providencial e históricamente ineludible del Movimiento Nacional”.

En virtud de esta ley, el 24 de mayo de 1940, cuatro años después de su muerte, fue condenado Blas Infante “como incurso en un caso de responsabilidad política de carácter grave a la sanción de pago a cantidad de dos mil pesetas”.

Es difícil traducir estas dos mil pesetas a euros de 2009. Según el valor adquisitivo de la moneda estamos hablando de dos mil euros. Pero en proporción al valor de la casa de Coria del Rio que también estima la sentencia, esta sanción sería de cincuenta mil euros. El cálculo cuantitativo es difícil.

Sin embargo el cálculo cualitativo, el tamaño histórico de la infamia, es muy fácil. Imaginemos que los familiares de una víctima de ETA deben abonar cuatro años después a sus asesinos un “impuesto revolucionario” igual al siete por ciento del valor de su vivienda.

Hay más: imaginemos que durante setenta años el estado refrenda la legitimidad de esa deuda, que durante treinta años de estado constitucional se sostiene la validez de esa sentencia.

Desde la ley de la Memoria Histórica de 2007 esa sentencia es ilegítima, pero aún no ha sido anulada. Nulidad significa en derecho tamquam non essent, como si no existiera. Luego existe.

Hace setenta años de todo esto, pero aquella sentencia existe, el estado constitucional nacido en 1978 no ha tenido el valor de anularla.

Hablo de Blas Infante, pero podríamos hablar de cada uno de los dos mil cuatrocientos fusilados en las tapias del cementerio de Granada. Por cierto, su lápida conmemorativa ha sido retirada de las tapias por un gobierno municipal que al mismo tiempo defiende la permanencia del monumento a José Antonio en Bibataubín. Hablo de Blas Infante, pero no hay consuelo en el mal de muchos.

El único consuelo viene de otro lado: si la verdadera muerte es la segunda, la del olvido, entonces Blas Infante vive. Asesinado que no sentenciado a los 51 años de edad, víctima del terrorismo que no de la guerra, su yo biográfico desapareció. Pero su yo intelectual vive, “El Ideal andaluz” ha cumplido cien años, su enorme intuición persiste, su concepción de Andalucía como continuo histórico está vigente y el grito con el que se despidió de este mundo resuena todavía: viva Andalucía libre.