Cada alumno sin beca le cuesta 26.000 euros a la sociedad y nadie le exige nada

 

Encarna Maldonado, 18/11/2013.Diario de Sevilla. Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén y durante 13 años gerente de esta institución, Juan Hernández Armenteros es uno de los principales expertos en financiación universitaria en España. Es respetado pero también temido porque habla claro. Guste o no. Con los datos en la mano subraya que un becario cuesta 38.000 euros y tarda cinco años en terminar los estudios universitarios, mientras el no becario cuesta 26.000 euros y necesita más de siete años. Cree que exigirle una nota media de 6,5 al primero y nada al segundo es una manera de excluir, no de ahorrar. Lamenta que se hayan fijado tasas sin conocer el coste real de los estudios, de modo que en solo un año hay diferencias de 216 puntos en el precio de la matrícula de una misma carrera. Además, afirma que la subida de los precios, en contra de lo previsto, no cubre ni un 25% de los 900 millones que se le han recortado a la universidad.

-¿Cuánto cuesta un alumno en la universidad?

-El coste medio de un curso son 5.118 euros y el promedio que tarda un estudiante en terminar son 7,14 años. Es decir, un titulado cuesta 36.000 euros. A esa cifra hay que restarle una media de 900 euros de matrícula por año, lo que quiere decir que cada egresado le cuesta a la sociedad  29.000 euros.

-¿Y un becario?

-Antes de la normativa Wert, con datos de 2011,  costaba 38.000 euros. El becario tarda de media 5,2 años en terminar la carrera por lo que cuesta 26.000 euros, cifra a la que hay que sumar la ayuda que recibe, lo que eleva el coste total a 38.000 euros.

-¿Debe preocupar el coste de los becarios para exigirles un plus en rendimiento académico?

-Si el becario cuesta 100 a la sociedad, el no becario le cuesta 77. Esa es la diferencia entre uno y otro. Exigirle más rendimiento académico al becario es simplemente un cambio de sistema para excluir gente de la universidad.

-¿Cree que realmente el sistema busca cerrar la universidad a determinados alumnos?

-Antes estaba la beca salario para alumnos con ingresos familiares dentro del umbral 1 de renta y una modalidad amplia de ayudas que  incluían desplazamiento interurbano por kilómetro, movilidad para estudiar fuera de la provincia… Toda esa variedad de ayudas la han anulado. Solo han dejado las  becas fijas de renta y residencia, con una cantidad de 1.500 euros cada una, cuanto antes eran 3.500 y 2.500 respectivamente. O sea, han simplificado las ayudas y bajado las dotaciones. Adicionalmente, los alumnos podrán acceder a la parte variable de la beca con un mínimo de 60 euros y el resto a determinar. Para la beca de renta hay que estar en el umbral 1, es decir hay que ser prácticamente pobre de solemnidad porque los ingresos para una familia de cuatro miembros no pueden superar los trece mil y pico euros, para la movilidad se exige el umbral dos y para la beca de matrícula el umbral tres. De esa forma ya se empieza a excluir.

-Y las exigencias académicas

– El 78% de los alumnos no son becarios pero la sociedad les paga de media 26.000 euros de media de coste de la enseñanza durante su etapa universitaria y sólo les exige un 5 de nota de acceso, sin ningún otro requisito de permanencia. Sin embargo, el becario, que sólo recibe un 23% más de dinero público,  tiene que acabar como máximo en cinco años para no perder la  beca, se le exige una nota media de 6,5 y para poder renovarla una exigencia del 100% en toda las enseñanzas y del 85% en las técnicas.  Antes se pedía un 5 y para la renovación aprobar el 60% de los créditos en las enseñanzas técnicas y el 80% en el resto de las enseñanzas. Es decir, el rendimiento académico  se ha elevado un 25% en todas las ramas, menos en las técnicas, donde se exige un 42% más.

-¿Cuántos becarios hay y cuántos acabará habiendo?

-El 22% de los estudiantes universitarios tiene beca y pasaremos a un 14 ó 15%, es decir volveremos a los niveles de 2004/2005

-La eficacia del sistema universitario se ha puesto en duda y con ese argumento se ha justificado  el endurecimiento de los requisitos académicos a los becarios porque no se puede gastar dinero público sin exigir resultados.

-Hemos estudiado los datos de los alumnos de todas las universidades públicas de los últimos 10 años  y hemos visto que la Universidad Pompeu i Fabra es la más eficiente de todo el sistema. Está 25 puntos por encima de la media del sistema, mientras que la menos eficiente está casi 50 puntos por debajo de la Pompeu i Fabra.  ¿Por qué esas diferencias? La respuesta está en las notas de acceso y en los requisitos de progreso y permanencia que exige. En la Pompeu i Fabra si no apruebas el 50% de los créditos en primero tienes que abandonar, sino apruebas todo el curso en dos años también también y  solo permiten cambiar una vez de carrera.  El alumno que llega a esa universidad, por tanto, llegan con un nivel de autoexigencia alto y está demostrado que los factores motivacionales y la presión de la institución para que se progrese influyen en el rendimiento académico.

-¿Quien impone esos criterios de permanencia y progresión?

-Corresponde a cada universidad, pero ahí se hace poco. El caso es que el becario tiene una exigencia de rendimiento académico y una exigencia temporal para acabar los estudios, pero a los que reciben el 77% del coste de sus estudios del dinero público nadie les exige nada. Nosotros [en alusión a José Antonio Pérez García de la Universidad Politécnica de Valencia], por encargo de la CRUE, elaboramos en 2010 un documento que se presentó a la comisión de financiación. Planteamos que el sistema de financiación del alumnado tenía cuatro patas y un orden de actuación concreto: primero tener información objetiva del cuánto cuesta un alumno, o sea, una contabilidad analítica que permita establecer un coste medio de referencia. Segundo determinar los precios. Planteábamos que la primera matrícula no superara el 15% del coste medio de referencia, la segunda matrícula como máximo el 50% y la tercera el 100%. El tercer punto eran las becas, porque tenemos un porcentaje de becarios muy reducido y un presupuesto público para ayudas muy bajo.  Decíamos, cuando usted implemente la política de precios lo primero que tiene que hacer, esa misma tarde como mucho, es aumentar las becas y abrir los umbrales económicos de referencia.  El cuarto punto era generar una cultura de responsabilidad para el alumno que recibe un subsidio de carácter general.

-¿Qué normas de progreso y permanencia sugiere?

-Las mismas que para los becarios. El requisito para renovar una beca tiene que ser el mismo que para permanecer en la universidad se tenga o no beca. Hay que establecer las mismas condiciones para el becario que para el subsidiado porque el dinero púbico lo reciben todos y las normas de progreso y permanencia tienen que ser para todos. El informe de la Comisión Mixta de Financiación se hizo con el horizonte 2020 porque los cambios no se pueden hacer de un día para otro.

-Pues no se ha hecho así, precisamente

-Justo al revés. El ministro Wert y en un decreto de abril de 2012 cambia la LOU y establece que las universidades pueden cobrar entre el 15 y 25% en primera matrícula, hasta el 50% en segunda, el 75% en tercera y el 100% en cuarta. Y eso ya. ¿Por qué ya? Le dice a los rectores que si cobran más, ingresarán más y tendrán más dinero porque él les va a recortar. Fue cuando se recortaron los 10.000 millones en educación, sanidad y dependencia. Pero de las normas de progreso y permanencia ni se habla ni se recomienda nada, la contabilidad analítica se desplaza a 2015/2016, o sea se fijan las cantidades que deben pagar los alumnos sin conocer los costes, y se suben las notas para conseguir becas, simplifica la tipología de las ayudas y se genera mucha incertidumbre entre los estudiantes de familias con menos renta.

-¿Por qué?

Imagina una familia de Jaén con renta de umbral 1 cuyo hijo, que es listísimo y cumple todos los requisitos académicos, quiere estudiar Arquitectura y se tiene que ir a otra provincia. Imagina que le dan la beca fija de renta y movilidad, o sea se va con 3.000 euros, pero en febrero ya no tiene ni un euro y el Ministerio todavía tiene que agregar todas las calificaciones para empezar a repartir la parte variable de la beca. Eso quiere decir que llega junio o julio sin saber qué dinero recibirá por la beca variable. ¿Puede un alumno en esas condiciones estudiar fuera de su provincia?  Y luego tiene que aprobar el 85% de los créditos entre junio y septiembre. Eso en las titulaciones técnicas lo consiguen sólo el 1,5% de los estudiantes.

-¿Cómo es el escenario de tasas y becas en nuestro entorno?

-En España el alumno paga una cantidad moderada, recibe poca beca y, además, la tendencia regresiva, a pagar más y recibir menos. En las universidades públicas de Reino Unido el estudiante paga mucho, 5.000 euros cada curso, pero el 70% son becarios, en Noruega o Suecia el alumno no paga nada y el 90% además recibe ayudas, mientras que el caso contrario es Chile, donde pagan mucho y reciben pocas becas.

-¿Cómo ha sido la evolución de los precios en la universidad?

-En el curso 1992/1993 la diferencia entre el precio máximo y mínimo era de 32 puntos. Diez años después la brecha aumenta 50 puntos, y en un año la brecha es de 216. Los 60 créditos  de Medicina en Barcelona cuestan 1.600 euros más que en Granada. Un estudiante de Historia de Barcelona paga 924 euros más que otro en Santiago. Lo que se ha hecho es liberalizar los precios de manera que la brecha se ha acentuado sin que exista ningún elemento objetivo que lo justifique, porque no hay contabilidad analítica.

-Otro argumento bastante extendido es que sobran universitarios y que tenemos un problema de sobrecualificación.

-Un universitario en España gana un 40% más que otro con Bachillerato y la horquilla entre la ESO y la Universidad es de 60 puntos, pese a que estamos 17 puntos por debajo de la media de la OCDE. Cuando estudiamos los datos vimos que entre 2005 y 2011 se pasó de una tasa del 5% al 12% de desempleo en titulados universitarios, mientras que quienes sólo tenían la ESO pasaron del 10 al 28%.  Más años de escolaridad significan más renta, más posibilidades de incorporarse al mercado laboral y de permanecer en él. Esos son los incentivos individuales. Luego está la rentabilidad social porque, según los datos de egresados de 2010 (antes del plan Bolonia), la tasa de retorno de la inversión que se hace en un licenciado es del 10% y de un diplomado del 4%. Decía hace unos días Ángel Gabilondo en unas jornadas en Jaén que estar sobrecualificado es como estar súpersano. Uno no está súpersano, está sano o no lo está. Hay que estar cualificado, igual que hay que estar sano.

-¿La subida de las tasas ha compensado el recorte en las transferencias que han sufrido las universidades?

-Las universidades han visto que la subida de los precios no cubre ni el 25% de la caída de la financiación. Era de esperar.

-¿Por qué?

-Las transferencias se han reducido en 900 millones en dos años, pero los precios públicos en 2010 no llegaba a 800 millones y, claro, los precios públicos no se han duplicado. Se han duplicado en tercera matrícula pero ahí sólo están el 10% de los alumnos. Además, los estudiantes son racionales y si ven que no van a aprobar no se matriculan, así que al final las universidades se han quedado con menos ingresos y con una mayor duración para terminar los estudios.

-¿Y la investigación?

-La inversión en investigación universitaria estaba en el orden de unos 1.400 millones. En 2010 el Ministerio transfería 480 millones, otros 550 los aportaban las comunidades autónomas y los 400 restantes eran inversión privada. Ahora la inversión privada se ha ajustado, las comunidades la han ajustado y el Ministerio también, así que estaremos como máximo en unos 950 millones millones o como mucho en 1.000. Quiere decir que el recorte va a afectar al funcionamiento operativo. Lo primero que ahorras es instalaciones y equipamiento, después en actividad investigadora y en tercer lugar en plantilla. No se pueden ahorrar 900 millones encendiendo menos la luz.

-¿Cómo se pueden recortar 900 millones y que haya una situación de relativa calma en la universidad?

-Porque el decreto de 2012 permitió que esto fuera posible. Aumentaron los precios con una previsión que no se ha cumplido pero que algo ha ayudado y, sobre todo,  dotó de capacidad productiva a la estructura del profesorado.

-Porque se pone a dar clase a todos los profesores que no tenían sexenios vivos de investigación.

-Hasta el decreto de 2012 la norma indicaba que el PDI doctor podía dedicar un tercio de su actividad a investigación y dos tercios a docencia. Eso eran ocho créditos más 24. Ahora se reconoce actividad investigadora sólo  a quien tiene más de tres sexenios y se le aplica una reducción del 50% de su dedicación laboral para el desempeño docente.

-Pero quien investigaba, los acreditaba para poder cobrarlos.

-No todos. Todo el trabajo que se hace con el artículo 83 [contratos de investigación] no lo valoran los sexenios, tampoco cuenta si escribes un manual o en determinadas revistas… Nada de eso. El problema es que no puedes cambiar las reglas del juego de un día para otro. No puedes aplicar una norma con carácter retroactivo. Pero el Ministerio de Educación ha hecho los números y ha visto que de una plantilla de 88.000 personas a tiempo completo, 64.000 son doctores y el 30% tiene sexenios. Si antes estaban todos con  ocho créditos de investigación y 24 de docencia, ahora mayoritariamente pasan a 32 créditos de docencia, así que se acaba la presión porque hay capacidad productiva de sobra. El sexenio se cobra a 130 euros al mes y el máximo que se pueden tener son seis, que suponen 880 euros pero que no tiene ni el 2% del profesorado en España. Es decir, el sexenio no se buscaba por ningún tema económico, sino por una cuestión de prestigio. De todas formas, si el Ministerio lo quiere hacer así que lo haga, pero que las reglas se juego se sepan porque una persona de 40 años que está a mitad de su trayectoria profesional y que tendrá como mucho un sexenio no le puedes cambiar las reglas a mitad de partido. Y además, ¿quién tiene sexenios? En ciencias experimentales, donde hay menos alumnos y, por tanto, menos necesidades docentes. Si embargo, hay menos sexenios en ciencias sociales, donde hay muchos más alumnos y  existen desequilibrios importantes entre áreas porque ese comportamiento lineal no permite asignar de manera eficiente los recursos.