Iniciativa Andalucista
Ante las alarmantes noticias de que la Guardia Civil ha entrado en las sedes de la Generalitat y ha detenido a numerosas personas que ocupan cargos políticos en el ejecutivo catalán, entre ellos al Viceconsejero de la Consejería de Hacienda que dirige Oriol Junqueras, Iniciativa Andalucista condena enérgicamente esta vía represiva que solo sirve para echar más leña al fuego.
Estas detenciones se suman a la inaudita decisión del fiscal general del Estado de ordenar a las Fiscalías llamar a declarar a 715 alcaldes que habían manifestado la voluntad de sus ayuntamientos de colaborar en el referéndum del 1 de octubre, al registro de empresas de comunicación e imprentas para requisar propaganda electoral y a la publicación la Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que el Estado central asume directamente al pago de los sueldos y salarios de los empleados públicos de Cataluña.
Con estas detenciones parece que el gobierno de Rajoy ha optado definitivamente por la vía penal para responder al conflicto territorial de Cataluña a pesar del destrozo que supone esta manera de proceder para nuestro sistema democrático, de la monstruosidad jurídica que implica al actuar sin ninguna habilitación constitucional y del aumento exponencial que va a provocar en el rechazo de la opinión pública en Cataluña, ya sea independentista o no, a cualquier acuerdo con el Estado español.
Iniciativa Andalucista quiere hacer un llamamiento para retomar la vía política mediante el diálogo multinivel, con la participación de todas las Comunidades Autónomas, para romper esta escalada represiva que sólo lleva a dificultar aún más cualquier posible acuerdo. El código penal no puede en ningún caso hacer el trabajo de la política, y esto es lo que parece que el PP no sabe o no quiere entender. Primero prendió la llama impugnando el Estatut para acosar al gobierno tripartito catalán, después ha dejado que se propague el incendio y ahora quiere que el incendio tome tal dimensión que sea prácticamente imposible apagarlo.
Iniciativa Andalucista siempre ha defendido una solución pactada dentro de la legalidad vigente porque el propio orden vigente debe servir para cambiar las cosas de orden. Si no, estamos abocados a la violencia y lo que necesitamos es política. Toda la ciudadanía está interesada en poner fin a esta situación inaudita desde las soluciones que aporta el sistema democrático. Si Cataluña es una nacionalidad reconocida estatutariamente, un sujeto político nacional, debe tener el derecho a decidir su encaje institucional pero no de cualquier manera sino mediante acuerdo político, sin romper el principio de legalidad, modificando a tal efecto la Ley Orgánica de Referéndum como cuando tras el 28F se generó un conflicto entre la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo andaluz y la literalidad de esa Ley Orgánica por lo que la Ley se modificó por consenso para evitar esta clase de conflictos.
Tenemos a nivel internacional como referente la Ley de Claridad canadiense del año 2000, y la Sentencia del tribunal Constitucional de Canadá que la originó, que postuló un referéndum pactado, convocado por el Estado central, que requería una mayoría cualificada, una pregunta clara y una reforma de la Constitución.
La solución tarde o temprano (cuanto antes mejor) será un referéndum pactado, pero la represión del Gobierno del PP contra cargos políticos del ejecutivo catalán, contra cargos electos municipales y contra la ciudadanía en general solo sirve para envenenar aún más el conflicto y deteriorar profundamente a nuestro sistema democrático. Iniciativa Andalucista hace un llamamiento a todos los partidos progresistas para que se unan a la reclamación urgente DE que el gobierno del PP pare este despropósito porque el peor de todos los caminos posibles es precisamente emprender esta escala represiva.
Una puntualización la sentencia que da lugar a la Ley de Claridad canadiense no viene originada por ninguna sentencia del Tribunal Constitucional canadiense, que no existe como tal, sino de la Corte Suprema de de Canada (Supreme Court of Canada ) que ejerce las funciones de interpretación de conflictos constitucionales, un equivalente al Tribunal Supremo español. La diferencia es importante puesto que la Corte Suprema es poder judicial y el TC es poder legislativo. ¿Y que hace el poder legislativo aplicando y tutelando la ley directamente como está ocurriendo en España?