Centralismo madrileño, autopistas, medio ambiente y déficit público

Toda la política de infraestructuras de transporte desarrollada en España ha tenido como  objetivo fundamental el fortalecimiento del centro peninsular con un claro objetivo político de fomento del centralismo “efectivo” para contrarrestar la dinámica descentralizadora del Estado de las Autonomía. Los datos son elocuentes: la inversión forzada en infraestructuras radiales a cargo del erario público, el porcentaje de infraestructuras públicas destinado a Madrid, prácticamente se ha duplicado en los últimos cuarenta años. Así, mientras que se visualizaba la descentralización, y por lo tanto también sus problemas, se acentuaba los mecanismos centralistas de forma “oculta”, sobre todo la centralidad financiera y económica “ayudada” por el centralismo de las infraestructuras de comunicación. Sobre ellas no ha habido debate ni sobre su modelo ni sobre su coste. Por ejemplo, las inversiones del Estado sólo en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid fueron de 6.200 millones de €.

El desarrollismo más descarnado ha presidido la lógica de estas infraestructuras al abrigo de las actuaciones de “estado”, indiferentes a los nuevos conceptos de movilidad que iban calando en la opinión pública cada vez mas informada de los perjuicios que podían provocar sobre nuestra salud el aumento de las emisiones contaminantes, sus impactos sobre el medio rural o la desestructuración territorial que provocan.

El gobierno de Aznar, en 2003, inauguró los 63 kilómetros de la autopista de peaje entre Madrid y Guadalajara, la Radial-2, paralela a la autovía y proclamó a los cuatro vientos que las infraestructuras debían abrirse “a nuevas fuentes de financiación de iniciativa privada”, ya que el sistema de concesiones “no solo aporta fondos, sino que imprime una gestión más eficaz”.

Ahora nos enteramos que la R-2, como la R-3, la R-4 y la R-5, la Ocaña-La Roda, la que va al Aeropuerto de Barajas o la Alicante-Cartagena-Vera, todas de esa época, no han cubierto ni una de sus previsiones: sus costes se dispararon sobre todo por las expropiaciones y tienen un 30% del tráfico previsto. Hay nueve concesionarias (de constructoras y cajas de ahorro, principalmente) al borde de la quiebra. Entre todas acumulan una deuda de 3.800 millones de la que no pueden pagar ni los intereses, según informa el diario “El País”.

En los Presupuestos de este año hay 290 millones para las concesionarias privadas de estas autopistas. Parece que a ellos no les afecta los recortes.

Sin embargo, al mismo tiempo, no figuran en esos mismos presupuestos los fondos que la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía obliga al estado a transfir a Andalucía al prever que sus inversiones se distribuya en función de la población: en estos presupuestos la inversión que se destina a Andalucía representa un 14,6% cuando nos correspondería un 18% por nuestro peso población en el conjunto del estado, a lo que se suma la no transferencia de 1.504 millones correspondiente a los ejercicios de 2008 y 2009.

Esta “manera selectiva” de entender los recortes responden a una clara estrategia: asfixiar a las Comunidades Autónomas, especialmente a Andalucía y a su gobierno de izquierdas, con lo que indirectamente se destruyen los servicios públicos (salud, educación, dependencia, etc.) que son competencia de éstas, mientras que al mismo tiempo de convierten en deuda y déficit público las pérdidas de las grandes empresas privadas ya sean bancos o concesionarias de autopistas. Es decir, cuando tenían beneficios eran sus propietarios quienes se enriquecían mientras que ahora hacen que sea el conjunto de la sociedad quien se haga cargo de sus pérdidas. La lógica del mercado parece la lógica del embudo.

La derecha tiene claro su modelo en el que integra centralismo, desarrollismo, apoyo a las grandes empresas privadas, manipulación y recorte de la democracia, desmantelamiento del estado social, desprestigio de la política, de lo público y de la democracia y sabe perfectamente quienes son sus enemigos: las Comunidades Autónomas que conectan sociedad y poder, la democracia, la izquierda, el estado social, la ciudadanía informada y libre, en definitiva todo lo que supone reparto de poder y de beneficios sociales.

Nosotros, los que no tenemos poder individual sino que nuestro poder sólo reside en el poder de la mayoría también tenemos que ir construyendo con urgencia un modelo global (soberanía de la sociedad, democracia real, defensa del estado autonómico y social, estructura económica sostenible, conexión de la sociedad y la naturaleza, defensa derechos del trabajo, etc.) e identificando a nuestros enemigos prioritarios, que no son los que están más cercanos a nosotros sino todo lo contrario: la centralización del poder, los mercados financieros, la derecha, los enemigos de la democracia, de lo público y de la política. Contra ellos, sus políticas y sus obras, tenemos que unirnos aprendido a convivir entre nosotros como en un andaluz patio de vecino. Sólo derrotando a la derecha, y a sus valores, y transformando la izquierda, Andalucía podrá salir de esta crisis en situación de igualdad.