Rafa Rodríguez
La base social central de la izquierda son las clases populares. Y el elemento fundamental de reconocimiento de las clases populares para reconocer a la izquierda como su representación política es su acción en favor de sus condiciones de vida.
Hay una gran cantidad de factores que afectan a las condiciones de vida de las clases populares (empleo, salario, pensiones, servicios públicos, cambio climático, seguridad ciudadana, salud pública, fiscalidad, etc.) pero hay un factor que se ha convertido en el centro de la disputa sobre la capacidad de la izquierda de obtener el reconocimiento de su representatividad por las clases populares, que es la inflación y en especial, la subida del precio de la vivienda.
La inflación afecta a las clases trabajadoras cuando el salario o las pensiones suben por debajo de la inflación (canal de ingreso laboral)[1]; en la devaluación de los activos (canal de riqueza) y en nuestra capacidad de compra de bienes y servicios (canal de consumo relativo)[2].
Lo primero que tenemos que hacer para impedir que la inflación perjudique a las clases populares es conocer su evolución y eso lo hacemos a través del índice de precios al consumo (IPC), que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El IPC establece una media de la subida de los precios de los principales bienes y servicios del consumo de los hogares y le da un peso sobre la totalidad del gasto mediante un porcentaje de cada grupo de gasto (ponderación), a partir de la información de gasto proporcionada por la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF).
Lo que ocurre es que tanto las medias como las ponderaciones son muy diferentes dependiendo de la clase social, el territorio, la edad o la nacionalidad.
La vivienda tiene un peso del 14,2% en el IPC desde 2022. Es decir, se estima que la media que una familia estándar gasta en vivienda es el 14,2 de su renta disponible, en la que se incluyen todos los gastos derivados de la vivienda (compra, hipoteca, alquiler, agua, luz, electricidad, impuestos, reparaciones, etc.).
Hay una gran dispersión tanto entre la variación del índice general del IPC en relación con la variación del precio de la vivienda, como entre lo que el IPC pondera como gasto de una familia media en vivienda y lo que realmente gastan las familias con menores ingresos, los jóvenes o los migrantes.
La variación anual del IPC en el mes de octubre ha sido del 1,8%, es decir, hay una inflación controlada, pero la variación anual del precio de la vivienda en el último trimestre ha sido del 7,8% y en Andalucía del 9,5%.
La vivienda tiene un peso del 14,2% en el IPC, pero lo que gasta en vivienda un hogar situado en el 20% de menor ingreso es el 42,5%[3].
Si sumamos la diferencia de subida entre los precios medios y el precio de la vivienda a la diferencia en el peso de gasto que tiene la vivienda para un hogar medio y para un hogar de menor renta, vemos que la información oficial no refleja el perjuicio que está causando la subida de los precios de la vivienda en las clases populares y la consiguiente desafectación política que produce en su conexión con el reconocimiento de la izquierda como defensora de sus intereses.
[1] El sueldo medio ha crecido un 5,3% en 2023, más que los precios, pero todavía es 7,6 puntos inferior al de 2009 en términos reales según datos de la Agencia Tributaria en la estadística Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias.
[2] https://www.bde.es/wbe/es/noticias-eventos/blog/la-inflacion-no-nos-afecta-a-todos-por-igual-de-que-depende-su-impacto.html
[3] Encuesta de presupuestos familiares (EPF) 2023. INE.