Constitución, autonomías y déficit estructural

POR FERNANDO ÁLVAREZ-OSSORIO  (Profesor de derecho constitucional)

Una de las virtudes que los redactores del nuevo artículo 135 de la Constitución ventean para legitimar su reforma es el sometimiento definitivo de las Comunidades Autónomas al principio de estabilidad presupuestaria. Es decir, el conjunto de administraciones que componen nuestro Estado no podrá gastar en principio más de lo que ingresa, correspondiendo a la Unión Europea fijar los márgenes de déficit estructural que en ningún caso podrán superarse.

Dichos límites, exceptúa el citado artículo, sólo podrá ser rebasado cuando se produzcan concretas circunstancias de emergencia y siempre que así lo aprecie el legislador orgánico estatal. Queda así, frente a las “incontrolables e irresponsables” autonomías, todo atado y bien atado. Visto lo que hay, no debe extrañarnos que la prensa de centro derecha de este país celebre el acuerdo y que el Partido Popular quiera atribuirse el tanto frente a unos ciudadanos hartos del permanente debate sobre la articulación territorial del Estado. Es, así lo exponen sin tapujos en sus editoriales, el triunfo de la Nación frente a las indomables partes que la integran. Como conclusión cabría decir que la grave crisis económica y esta nueva modalidad de Constitución de emergencia ha encontrado en las Comunidades Autónomas el chivo expiatorio que, para purificarnos, debe ser paseado con sambenito de demonios y llamas ante Europa y los mercaderes.
Sin que se pueda negar lo evidente, pues es más que cierto que nuestra elevada deuda pública ha sido en gran medida alimentada por los Gobiernos autonómicos, la acusación no deja de tener algo de paradójico. ¿Acaso no han sido mayoritariamente el PP y el PSOE quienes han gobernado nuestras autonomías durante estos treinta años de democracia? Con la señalada excepción del País Vasco y Cataluña, ¿no han sido estos partidos los que han gestionado en sus autonomías el núcleo duro de nuestro Estado Social? La desconfianza que frente a las Comunidades Autónomas rezuma el nuevo artículo 135 CE es así la mayor muestra del “déficit estructural” que padece nuestro sistema autonómico, al punto que los dos grandes partidos ni siquiera se fían ya de la gestión (responsable) de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, por más que estas estén presididas por sus propios correligionarios. Embridar en corto a las Autonomías ha sido la solución más fácil para tranquilizar, eso se espera, a los dueños de un mercado que ya nos han anticipado un otoño caliente para ellos mismos y muy frío para los demás.
Sin embargo, con tiempo y reflexión las cosas podrían ser de otra manera. Durante treinta años hemos alimentado un sistema autonómico básicamente competitivo y muy poco o casi nada cooperativo. Ante la inexistencia de lugares de encuentro y de diálogo en común en la casa del Estado, cada Comunidad Autónoma ha ido arañando para sí lo que podía de un Estado que, dependiendo de las mayorías políticas coyunturales, era más o menos resistente. El Estado que hemos vivido hasta hoy no ha sido, como solemos llamarlo, el Estado de las Autonomías, sino el de un Estado y 17 Autonomías, en una permanente rivalidad a 18 difícil y costosa de sostener. La legislatura que viene debería servir para cerrar lo que en 1978, por distintas circunstancias, no se pudo. Si los mercados nos reclaman fiabilidad en las cuentas y se la damos a nivel de Constitución, a lo mejor también podemos ofrecerles, sin necesidad de que nos lo pidan, la imagen de un Estado Autonómico cooperativo, corresponsable e integrado que, partiendo de su unidad, sepa reconocer las diferencias, a ese mismo nivel.