CÓRDOBA PÚBLICA. En defensa de Córdoba, en defensa de lo público

Texto de presentación de la Plataforma Ciudadana Córdoba Pública, el 10 de abril en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba.

Córdoba Pública nace como una alianza entre los trabajadores públicos y de las empresas al servicio de la administración, el tejido asociativo y la ciudadanía en general, para denunciar las consecuencias negativas de la ley de Reforma Local y pedir su retirada, así como para conseguir que el alcalde y su equipo de gobierno se comprometan a no cerrar, ni privatizar servicios municipales. Hoy, con la Ley de Reforma Local en la mano, están amenazados de cierre los servicios municipales de Juventud, Mujer e Igualdad, Cooperación, Educación, Centros de Mayores, Residencia de Mayores, etc., además de todas las empresas municipales que incurran en déficit, lo que puede ocurrir fácilmente, no sólo dada la naturaleza social de los servicios que prestan, sino por la reducción de transferencias desde el ayuntamiento. Amenazas que ya han empezado a cumplirse con la paralización de los Programas Educativos Municipales o la puesta en marcha de un plan de despidos y privatización en la empresa de cementerios, CECOSAM. Existen además cálculos de que, a nivel provincial, la Reforma Local supondrá la pérdida de unos 3.500 puestos de trabajo públicos. La Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales de España, por su parte, ha lanzado un comunicado estos días en el que calcula que, sólo en materia de servicios sociales, se pueden perder con la aplicación de la Reforma Local unos 60.000 puestos de trabajo en todo el país.

Por razones tan poderosas como estas nace Córdoba Pública, que no es un movimiento corporativo sino, como decimos, una alianza social en defensa de unos servicios públicos que son garantía del cumplimiento de los derechos básicos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución y  una herramienta fundamental para reducir las desigualdades, una herramienta para que los sectores sociales excluidos o en peligro de exclusión no queden abandonados a su propia suerte, una herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades. Eso son los servicios públicos, universales y gratuitos.

En estos momentos, vivimos una situación que, al margen de declaraciones políticas, los expertos describen en el último informe de la Fundación FOESSA – una de las más prestigiosas de nuestro país en estudios sobre desigualdad – como de “pobreza creciente y derechos menguantes” Entre esos derechos menguantes, la última vuelta de tuerca es la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida como Reforma Local. Dicha reforma se emprende con el pretexto de contener el déficit en los ayuntamientos, cosa que no se entiende porque los ayuntamientos apenas contribuyeron al déficit público en 2011 con un 0,39%, mientras en 2012 ya lograron un superávit del 0,22 % y en 2013 un  superávit record del 0,44, de modo que, en estos años en que el resto de las administraciones públicas seguían incrementando el déficit público, los ayuntamientos ingresaron 4.213 millones más de lo que gastaron, con el 90% de los municipios en superávit. No es de recibo que las instituciones públicas logren superávits record cuando la población se empobrece, ni que se cierren servicios públicos o se reduzcan prestaciones cuando más los necesita una población que sufre un enorme paro y con cada vez más hogares sin recursos. Pero sobre todo, si las leyes anteriores ya estaban facilitando un comportamiento económico positivo de los ayuntamientos, ¿por qué la Reforma Local?

Desde Córdoba Pública, pensamos que todo obedece a un planteamiento ideológico neoliberal de privatización y mercantilización de los servicios y de la sociedad en general. Y lo decimos porque los recortes en las administraciones públicas no se están traduciendo en un mayor protagonismo del tejido social, sino que tales recortes también se están trasladando al tejido asociativo, a las ONG que realizan su labor en el campo de la solidaridad social y a quienes la nueva ley de subvenciones obligará a disponer de al menos un 25% de financiación propia o privada, lo que pondrá en grave riesgo de cierre a la mayoría de ellas.

La Reforma Local, además, no nace en el vacío, sino que viene a consumar un proceso de ataque a los servicios públicos, que en el caso de Córdoba ha supuesto el despido de trabajadores en el IMDECO (Instituto de Deportes), en el IMDEEC (Instituto Municipal de Empleo), en Servicios Sociales, reducción de las Ayudas de Emergencia a familias en situación de extrema necesidad y un largo etcétera.

Es hora ya de frenar el deterioro de lo público, que finalmente se traduce en el deterioro de la ciudad, una ciudad ya deprimida cuya situación se agrava con esta Ley. Tenemos que ser conscientes  que, cuando se desmantelan los servicios públicos, no pierden los empleados públicos solamente, pierde toda la ciudad en su conjunto: a menor gasto e inversión pública, un mayor empeoramiento de la situación socioeconómica de la ciudad; a más privatización de servicios, más encarecimiento de los precios de los mismos y más sustitución de empleo digno por empleo precario; a más paralización de las bolsas de trabajo públicas, menos oportunidades para contrataciones y adquisición de experiencia y currículum de las personas inscritas; al cierre de programas educativos, nuestros hijos e hijas que dejan de participar en acciones que enriquecen su formación; a menos gasto en Ayuda a Domicilio, menos empleo de Auxiliares de Hogar y más personas dependientes desatendidas; al cierre de servicios de juventud, menos oportunidades para los jóvenes; al cierre de servicios de igualdad, menos oportunidades de defender sus derechos las mujeres; al cierre de los Centros de Mayores, peores condiciones de vida para ellos…

Por eso es tan importante que vayamos todos de la mano unidos, empleados públicos, empleados de empresas de servicios, colectivos sociales y ciudadanía. Por un ayuntamiento de todos y de todas, que vela por el interés público y no por los beneficios privados de unos pocos, un ayuntamiento como motor de impulso colectivo, de desarrollo cultural y socioeconómico, de fomento del empleo de calidad, de impulso de los derechos sociales.

Por eso, desde Córdoba Pública decimos alto y claro: no a la ley de Reforma Local, no al cierre o privatización de servicios públicos municipales. Córdoba Pública: en defensa de Córdoba, en defensa de lo público.

Plataforma Ciudadana Córdoba Pública. https://twitter.com/cordobapublica