"Crisis económica y Estado Social"

Por otro lado, según los últimos datos sociológicos, el principal problema de la sociedad actual es el desempleo como ha puesto de manifiesto el Centro de Investigaciones Sociológicas según el cual para la gran mayoría de la sociedad española el principal problema es el paro (para el 72% de los españoles).

Lo más importante para solucionar un problema es reconocer su existencia y sus dimensiones. Yodo el mundo ha reconocido ya la grave situación. Diagnosticado y dimensionando la grave situación de crisis económica, ahora toca por parte de las diferentes Administraciones arbitrar soluciones, tanto para eliminar sus causas como para paliar sus consecuencias. En este sentido, considero que no caben soluciones de política liberal clásica, más bien nuestro Gobierno debiera optar por el modelo de Estado Social, de Estado del Bienestar. Ahora toca ser solidario con los que sufren el desempleo y/o con los que no llegan para pagar el incremento espectacular de las hipotecas.

La solución, pues, no puede ser la austeridad en el gasto público que precisamente tiene como objeto el desarrollo de políticas sociales. Más bien se ha de reforzar incluso para apoyar a las familias españolas que sufren el desempleo y la subida de las condiciones de financiación y pago de sus propias viviendas. Por tanto, frente a la crisis económica más Estado Social, más protección para los débiles que serán los que sufrirán más duramente sus consecuencias.

Una de las claves para salir de esta grave situación es la creación de empleo. Aunque el sector público crea empleo para el desarrollo de los servicios públicos en sectores emergentes como la gestión del medio ambiente, el desarrollo de nuevas infraestructuras, o el cuidado integral de personas, esta responsabilidad de creación de actividad económica corresponde fundamentalmente al tejido empresarial privado. La decisión de iniciar una nueva actividad industrial intensiva en mano de obra, o de instalar una empresa en un territorio es gran parte de la solución. Esta sería una línea estratégica de acción pública, favorecer las nuevas actividades intensivas en creación de empleo, siempre dentro del marco jurídico respetuoso con normas sociales y medioambientales, pues, no son admisibles atajos en el desarrollo económico de los territorios.

Además del sector público, también las grandes corporaciones empresariales y financieras han de hacer un especial esfuerzo en esta situación de crisis que padecemos, tomando decisiones societarias en términos de generación de nuevas inversiones industriales con el ánimo de contribuir al desarrollo económico nacional, desarrollando políticas empresariales de responsabilidad social y no sólo pensando en la cuenta de resultados. La acción institucional pública y empresarial contra el desempleo y sus lamentables consecuencias sociales es la gran prioridad de la agenda de los próximos años.

Realmente, la lucha contra el desempleo debiera ser el gran objetivo institucional de todos los poderes del Estado (Administración General, Autonómica y Local), impulsando un gran acuerdo al efecto, con dotación real de recursos financieros para llevar a cabo las líneas políticas que se acuerden, sobre todo para las Administraciones Locales, como institución más cercana y a la primera a la que se demanda ayuda ante ese problema por parte de la ciudadanía que sufre esta lacra social que es el desempleo, que genera exclusión, pobreza, desigualdad social, empobrecimiento e insatisfacción personal, impidiendo nuevas oportunidades vitales y profesionales.

En estos momentos tan complicados desde el punto de vista económico y social, y de profunda crisis del cuadro ideológico de las tesis económicas neoliberales, debemos recordar que nuestra Constitución, en su artículo 128, consagra que toda la riqueza del país, sea cual sea su titularidad, está subordinada al interés general. Y en el artículo 131 se desarrolla uno de los contenidos de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho (proclamado en el primer artículo de nuestra Carta Magna), cual es la planificación de la actividad económica para atender a las necesidades colectivas y armonizar y equilibrar el desarrollo regional y sectorial, así como el estímulo del crecimiento de la renta y la riqueza y su justo reparto.

Los ciudadanos debemos pedir ahora con más fuerza y legitimidad que se pongan en valor estos importantes principios y valores constitucionales como directrices esenciales de nuestro sistema económico nacional. Ahora es el momento de la preeminencia de lo público y del interés general en la dirección de las políticas económicas de los Estados, con el objetivo fundamental de ayudar a los que sufren el desempleo.

Ángel B. Gómez Puerto está Doctorado en Derecho Público por la Universidad de Córdoba, y es autor del reciente libro “Aspectos jurídicos y administrativos de la protección del medio ambiente en los diferentes ámbitos institucionales” (Editorial Dykinson, 2008). Escribe su Blog Opinion + Propuesta