Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Manuela Martínez / Si hay algo que el Partido Popular hace con auténtica maestría es cambiar de papeles como de color el camaleón. De hecho, nos tiene acostumbrados a “vender” con vehemencia las políticas anti-personas que promueve el Gobierno de Rajoy, al tiempo que algún que otro líder o lideresa territorial se sale del tiesto para quedar bien con su parroquia o, lo que es más llamativo aún, practica un populismo exacerbado contra las consecuencias de esa misma política en los territorios que no gobierna. Al menos, así lo percibimos muchos en nuestra tierra.
Ejemplos hay muchos, pero voy a centrarme en el último, relacionado con la reciente suspensión provisional de la conocida como “ley andaluza antidesahucios”.
Efectivamente, esta es la segunda vez que el Tribunal Constitucional suspende una decisión política avalada por la voluntad de los andaluces y andaluzas, atendiendo a la demandas del Gobierno del PP. Primero, anulando el decreto promulgado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y, en esta segunda ocasión, admitiendo a trámite la impugnación del Gobierno que ha supuesto de forma automática la suspensión provisional de la ley antidesahucios de Andalucía.
Para quienes vimos frustradas nuestras esperanzas en una Iniciativa Legislativa Popular que acabase con el drama de los desahucios y las deudas de por vida que provocaba una ley decimonónica, después de recoger miles de firmas en los centros de trabajo, en las asociaciones de vecinos y en las calles de nuestras ciudades, la ley andaluza supuso una buena noticia que acogimos con expectación.
Porque es cierto que la ley andaluza aprobada el pasado 25 de septiembre, con los votos del PSOE e IU y con el rechazo del PP, no cubría todas nuestras reivindicaciones en esta materia, pero servía para garantizar el derecho fundamental a la vivienda a personas en riesgo de exclusión social, al permitir la expropiación temporal de la vivienda, al menos por tres años, a los dueños que pretendían desahuciarles, paliando así uno de los peores dramas sociales de nuestra tierra.
Y hete aquí que el Gobierno del PP ha recurrido, entre otros, los artículos que afectaban a esa expropiación temporal del uso de la vivienda, dejando desprotegidas durante unos 6 meses, como mínimo, a 37 familias cuyas viviendas iban a ser expropiadas a los bancos para impedir su inminente desahucio.
¿Qué alega el Gobierno de Rajoy?
Sus razones son pura palabrería de una insensibilidad social superlativa y con una intencionalidad clara: Que la ciudadanía no vea que, con voluntad política, sí se puede gobernar por y para los ciudadanos.
Una voluntad como la que ha demostrado la consejera Elena Cortés, defendiendo contra viento y marea esta ley andaluza. La felicito por ello y la animo desde aquí a seguir adelante con la misma fuerza que ha demostrado hasta ahora. El apoyo ciudadano es incuestionable.
Conviene recordar que, hasta la reciente suspensión, la ley había permitido paralizar ya dos desahucios en Torremolinos y Huelva e iniciar los 37 expedientes que he comentado anteriormente, estando pendientes de tramitación unos 200 expedientes más. Y detrás de cada expediente hay una familia y una historia que debería pesar como una losa sobre la conciencia de los políticos que pudiendo actuar para proteger a los ciudadanos más vulnerables, se inhiben.
Pero es que además, algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Baleares o Aragón, habían puesto en marcha medidas paliativas contra las consecuencias de los desahucios, aunque de menor entidad y escasa eficacia. Y, obviamente, el Gobierno central ni las ha cuestionado ni las ha impugnado.
Por todo ello, cuando encuentro noticias como las que relato a continuación se me revuelve el estómago. Cinismo político en estado puro que recuerda el estilo caciquil de una época olvidada y magistralmente recreada en la película “Los santos inocentes”.
Toda una comitiva de la Diputación Provincial, gobernada por el mismo partido que ha impugnado la ley andaluza antidesahucios y provocado su paralización, se hace la foto con los vecinos del municipio de Jete, cuyo desahucio ha traspasado fronteras.
El Presidente les ofrece construir viviendas de VPO si el Ayuntamiento le cede los terrenos a Diputación. Sólo le ha faltado llevar tiendas de campaña y agua potable para que las familias que se han quedado en la calle puedan esperar bajo techo los 3 años que dice el Alcalde que harían falta para construir esas viviendas. Y de paso, inaugurar “el Campamento de la Esperanza”, con banda de música y corte de cinta y todo. Pero con muchos periodistas, claro está, para que den fe de su buena acción y lo cuenten por ahí.
A todo esto, el Alcalde de Jete tenía un cabreo como un piano, aunque ahora lo que se lleva es decir que estaba indignado y eso fue lo que dijo. Y cualquiera en su lugar también lo estaría, cabreado o indignado, tanto da, porque los mismos que le ”vendían” ahora la oferta, mientras se hacían todo un reportaje fotográfico con los vecinos, hacía pocos días que le habían vuelto a denegar la solicitud de viviendas de VPO para su pueblo.
¡Cuatro años llevaba el pobre hombre esperando que le autorizasen la construcción de esas viviendas! Si le hubieran hecho caso en su momento, los vecinos no se habrían quedado en la calle. Pero, ya se sabe, la crisis, los recortes… Jete, un pueblo tan pequeño, pocos votantes potenciales…
Eso sí, para fotos y propaganda que no falte.
¡Viva el vino!
@Manuela_MJ
