De sotanas y laicidad en la escuela pública.

Víctor González.

 

Que el estado Español se reconoce como laico en la Constitución, a estas alturas no se le escapa ni a aquellos que se empeñan en negarlo. Sin embargo, la religión sigue presidiendo innumerables actos e Instituciones Públicas. No es extraño encontrar crucifijos en Juzgados, Hospitales, Comisarías, dependencias municipales, y en otras tantas de espacios educativos sufragados con fondos públicos. La religión Católica, se defienda Ratzinger con lo que absurdamente prefiera, sigue siendo el hilo adoctrinador/conductor de la derecha que ningún gobierno ha sido capaz de sacar de nuestras Instituciones Educativas.

 

En los tiempos de la oscuridad dictatorial, a todos no obligaron sin preguntarnos, a suscribir un contrato vestido con la ornamentación del bautismo, para pasar a engrosar las listas del nacional catolicismo. En eso se basan ahora para esgrimir los -según ellos- pequeños porcentajes de los que están fuera del redil, como justificación de la necesidad de dispensar en la escuela pública y en la concertada, servicios de enseñanza de la religión, claro no de cualquiera, sólo de la suya. Es interesante hacer notar, que la escuela concertada tiene idéntico carácter de escuela pública, aún cuando esté en manos mayoritariamente de confesiones religiosas católicas. Así las cosas, la renovación actualizada de los concordatos del 79 con el Vaticano, ponen la laicidad de las escuelas en el marco de lo inalcanzable. Es aquello en lo que pretenden, no deberiamos pensar, cerrándose el paso una y otra vez a la salida de la religión de las escuelas, -la nueva ley para la educación promovida por el Ministro Gabilondo ha sido la penúltima- y el desprecio a la inclusión de la Ley de Libertad Religiosa, la última.

 

El lógico ideal de que la religión de cualquier confesión salga de las aulas, siendo sustituida por una enseñanza ético-cívica común a todos los alumnos,  garantizando el conocimiento y la práctica de valores y normas morales propias de sociedades democráticas, tales como la libertad, la igualdad y la solidaridad, se ve truncado permanentemente. Tal vez no interesen los alumnos libres y con capacidad de elección. Tal vez el ancla de dependencia en la tradición, ofrezca para ellos mayores garantías de ciudadanos temerosos de Dios y de vivir empoderadamente.

 

 

Resulta llamativo que una institución anacrónica como es la Corona, se encomiende públicamente a uno de sus santos que murió hace 2000 años, a 4000 kilómetros de Santiago de Compostela, para que los males de la crisis del capital nos sean más llevaderos. Sorprende que el representante legal de Dios en la tierra, se permita el lujo de disfrazado de Jefe de Gobierno, venir a darnos lecciones morales de forma intimidatoria. Es causa de discriminación, que aquella solución de urgencia, que fue la escuela concertada, mientras el Estado disponía de recursos para construir nuevas escuelas e institutos públicos, siga vigente tantos años después. generándole a la enseñanza pública una competencia desleal, a la que por cierto este año se nutre con un incremento presupuestario muy superior al de la pública; 0,56% para la pública y 3,34% para la concertada.

 

 

Abochorna que no se cumpla en tantos sitios la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre la permanencia de símbolos religiosos en las aulas, espacios de todos, no de unos pocos. Claro que cuando al patronazgo educativo, se le ponen nombres de gentes ligadas a la iglesia, en vez de utilizar el de tanto ilustre ligado a la enseñanza. Cuando  el principio de neutralidad del estado se ve vulnerado, teniendo determinadas instituciones religiosas el derecho otorgado de indultar, desde el siglo XIX, sólo a aquellos que ellos deciden y que profesaban su fe. Con tanta circunstancia en contra, la petición de que el adoctrinamiento de cualquier religión se produzca fuera de los espacios educativos, no parece de fácil resolución. En estos momentos de alcaldes en procesión, a dios rogando y con el mazo dando, y obispos respaldando a la derecha más abiertamente que nunca, sólo cabe la exigencia del cumplimiento de los derechos constitucionales en materia educativa, una y otra vez hasta acabar con el monopolio.