Defender la democracia: conflicto y consenso

Rafa Rodríguez

 

Comenzamos un bloque de tres artículos sobre la política española durante la pandemia.

• Este primero establece un marco teórico sobre la dinámica democrática en torno a la tensión entre conflicto y consenso, presidido por la idea de que la democracia, como cualquier bien valioso, solo se conserva cuidándola. Este marco nos servirá como referencia para evaluar el comportamiento de la oposición de derechas y del gobierno, durante la pandemia.
• Un segundo artículo, argumentará que el comportamiento de la oposición de las derechas, que se reclaman del nacionalismo español o del independentismo catalán, tienen una relación de indiferencia con la democracia, mientras que la extrema derecha despliega un rechazo manifiesto ante ella.
• En el tercer artículo se evaluará la gestión de la pandemia por el gobierno, a partir de la finalización de las declaraciones de Estados de Alarma.

 

El sistema democrático pivota sobre dos vectores que son contradictorios entre sí, el conflicto y el consenso, por lo que su equilibrio es siempre inestable.

 

1. Sobre cómo la democracia logra proyectar el conflicto social en conflicto político

El primer vector es el conflicto, cuya base es el conflicto social, producto de la desigualdad estructural de la sociedad capitalista. Esta desigualdad estructural se manifiesta en múltiples dimensiones. No hay política sin conflicto y sin oponentes con intereses y proyectos enfrentados. Por eso la negación del conflicto social, que está en la base del antagonismo social, implica la negación del pluralismo político.

 

La democracia consigue garantizar el pluralismo porque el Estado democrático constituye una esfera de autonomía con respecto a cualquier otro poder al concentrar el Estado todo el poder, jurídicamente considerado como tal, y organizarse sobre el status de igualdad de todas las personas que tienen su ciudadanía. El monopolio de la violencia, el estado de derecho y el sufragio universal son las condiciones para que la política sustituya a la violencia social, lo que hace posible que el conflicto social se proyecte en una dimensión política. Así, el conflicto político, en los contextos democráticos, se caracteriza porque está sustentado en valores universales y regulado por reglas e instituciones.

 

El conflicto legítimo, es decir, el conflicto político democrático, implica un cierto nivel de tolerancia que permite un estatuto positivo de las diferencias, a partir de la aceptación de que la división social y el conflicto son estructurales.

 

La dimensión política del conflicto sitúa la competencia por el poder político en el centro del conflicto social. El conflicto político tiene como objetivo fundamental el acceso y el ejercicio del poder público y la hegemonía social, aunque con unas características de permanente precariedad, porque están sometidas a su periódico relevo o revalidación.

 

2. La necesidad de una base de consenso

El segundo vector es la necesidad de que exista un orden de naturaleza constitucional, tanto en sentido jurídico como material, que implica unidad y consenso, en el contexto de diferentes grupos en competencia. La interpretación de este marco, a su vez, también está sujeto a conflictos y desacuerdos. Por eso, en gran medida, el conflicto político se manifiesta en la tensión por conseguir una determina interpretación del marco constitucional, aunque si queremos cambios estructurales necesitamos mucho consenso social.

 

Este orden, esta una unidad básica de consenso, es lo que permite encauzar el conflicto y transformarlo en un conflicto legítimo, con reglas e instituciones, y con un común universo de valores: los valores democráticos. Valores, instituciones y reglas que se superponen sobre el conflicto para garantizar la convivencia cívica. Por eso, este consenso establece un límite al pluralismo: la defensa común de los valores democráticos que se manifiesta en un sistema jurídico constitucional, siempre contingente, que construye un espacio simbólico y jurídico común.

 

El marco de consenso transforma el antagonismo en agonismo (Chantal Mouffe, “El retorno de lo político”), y convierte al adversario, al enemigo político o social, en oponente legítimo, en “un otro legítimo” excluyendo cualquier violencia contra el adversario político porque la violencia implica precisamente la negación política del adversario, del otro. La democracia no permite la dehumanización de los otros porque eso nos anestesia moralmente y nos pone en disposición de justificar cualquier decisión contra ellos si supuestamente nos protege.

 

El enemigo antagónico es sólo el que no acepta la democracia. El adversario, a diferencia del enemigo, comparte el espacio simbólico común y la lealtad al sistema constitucional vigente.

 

Así la democracia “configura una esfera pública autónoma de lucha agonística donde pueden confrontarse diferentes proyectos políticos hegemónicos de sujetos colectivos desde la pluralidad y el reconocimiento del otro en un marco de convivencia cívica.” (Chantal Mouffe) “En torno a lo político”).

 

El marco de consenso necesita también una base epistemológica, la consideración de que en política no hay verdades absolutas, sino que lo que se defiende en política es opinable: no se trata de tener la verdad o estar en el error sino de defender distintos intereses en conflicto, que la aceptación de un marco mínimo de reglas y valores convierte en intereses legítimos.

 

La forma en que se manifiesta la tensión entre conflicto y consenso entre los adversarios políticos, está determinada en gran medida por el contexto. Los contextos de normalidad permiten ampliar la esfera del conflicto y achicar el consenso, mientras que, en contextos de excepcionalidad, sucede lo contrario: el consenso de amplia y se debe amortiguar el conflicto, incluso instaurando una “tregua” hasta que se haya conseguido reestablecer un contexto de normalidad. En situaciones de excepcionalidad la oposición política debe ejercer la lealtad democrática, respetando los valores, instituciones y reglas que constituyen el consenso básico, evitando que el vector del conflicto político adquiera una dimensión destructiva del marco común de convivencia, ni anule por completo cualquier atisbo de consenso.

 

(*) La imagen reproduce una obra de Aliza Nisenbaum