Hace 33 años que el Pueblo Andaluz conquistó la Autonomía por la vía del articulo 151 de la Constitución en el referéndum celebrado el 28 de febrero de 1980. Esta victoria primordial significó, en primer lugar, el reconocimiento de Andalucía como identidad política y como sujeto jurídico territorial por vez primera en su historia, culminando el esfuerzo de Blas Infante que había logrado generar durante la II República un amplio movimiento pro Estatuto de Andalucía que no pudo aprobarse por el golpe de Estado fascista que acabó con la democracia y con el propio Blas Infante al que fusilaron pocos días después en Sevilla, junto a otros destacados republicanos.
Además, ese 28 de febrero, Andalucía cambió la distribución del poder en España al provocar un proceso de generalización a todo el territorio español de los derechos autonómicos en igualdad de condiciones, que debería haber culminado con la normalización de un Estado Federal, mediante la reforma del Título VIII de la Constitución.
El terremoto político que provocó Andalucía aquel 28 de febrero fue de tal envergadura que causó la desaparición de la UCD e incluso hay una relación directa con el golpe de estado del 23 de febrero del año siguiente (1981), ya que la federalización del Estado suponía de facto una fractura importante del sistema institucional atado y bien atado de la transición y también la hegemonía de una lectura popular de la construcción de la democracia al vincular los nuevos centros de poder con las comunidades con identidad política y no con la centralidad de los poderes económicos.
A su vez, el golpe de Estado condicionó la consolidación de nuestra constitución como Comunidad Autónoma. La UCD y el PSOE firmaron a los pocos meses el primer pacto autonómico (los pactos de la LOAPA que posteriormente fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional) que lastró el contenido del Estatuto de Autonomía, aprobado en octubre de 1981. También gracias al proceso desencadenado por la movilización andaluza en torno al referéndum del 28F, el PSOE logró una amplia mayoría absoluta accediendo por primera vez al gobierno, con una generación de jóvenes líderes muchos de ellos andaluces, encabezada por Felipe González.
A partir de ahí, se fue desmovilizando al pueblo andaluz y diluyendo el proceso de recuperación de nuestra identidad cultural y política al igual que sucedió con el empuje que había traído la conquista de la democracia en España. En 1984 dimitió Rafael Escuredo, demasiado andalucista para los planes del PSOE y el gobierno de la Junta pasó a gestores que no creían en la identidad andaluza ni en el contenido emancipador de nuestra constitución como entidad política aunque si creían con la fe del converso en el desarrollismo económico y en el nacionalismo españolista.
El resultado de esas políticas la podemos evaluar ahora. Se renunció a un poder andaluz real y a un modelo propio económico y social y se implementó el desarrollismo que se impulsaba desde Madrid a base de ladrillo, corrupción y especulación y cuando estalló, la crisis ha barrido buena parte de nuestra estructura económica, nos ha hundido en la mayor tasa de la paro de la historia andaluza y hemos alcanzado los máximos niveles de desigualdad territorial y social en el Estado.
El entorno en el que vamos a celebrar este 28 de febrero es muy hostil. El Estado Español está en una crisis inimaginable: endeudamiento privado y público mas allá de cualquier límite razonable; paro, pobreza y desigualdad; corrupción generalizada de las élites económicas y políticas; crisis en todas las instituciones; desmoronamiento del sistema político bipartidista y tensiones territoriales por el empuje soberanista de Cataluña y los ataques recentralizadores y privatizadores (están muy conectados) del PP.
Sin embargo, esta vez no partimos de cero. Tenemos mucho que defender, desde nuestra instituciones de autogobierno hasta nuestra sanidad y enseñanza pública. Tal vez no valoremos lo suficiente estas conquistas como no se valora el aire que respiramos hasta que nos falta. En Andalucía derrotamos a la derecha en las últimas elecciones, gracias entre otros factores a las movilizaciones que promovieron los sindicatos convocando la huelga general del 29 de marzo de 2012.
Ahora, por vez primera, toda la izquierda social y política ha convocado al Pueblo andaluz a manifestarse por nuestros derechos, por el empleo y por la dignidad de Andalucía. El PP no puede asistir porque en la calle, al contrario de lo que ocurre en los actos institucionales, no tiene cómo encubrirse.
Este 28 de febrero puede ser el comienzo de la recuperación de la verdadera naturaleza del 28 de febrero de 1980. Sólo una Andalucía movilizada, conciente de su fuerza, de su importancia y de sus necesidades puede hacer frente a la tragedia del paro, los desahucios, las desigualdades sociales y territoriales, las privatizaciones y al neocentralismo. Si las manifestaciones son masivas, tanto nuestra Autonomía como nuestra posición en el conflicto territorial que se ha desencadenado en España van a salir muy reforzadas. Y vamos a necesitar mucha fuerza para ganar la batalla de esta segunda transición.