Derecho a la vivienda, marginalidad y crisis política

Andalucía está sufriendo la crisis en cuatro niveles superpuestos, cada uno de los cuales ha implementado a los demás:

 a)      La crisis global que es sistémica (desacoplamiento de la estructura económica y financiera y superproducción) y ecológica (la globalización implica una contradicción insalvable entre la necesidad de crecimiento inherente al capitalismo y los límites biofísicos del planeta) y que es la que ha desencadenado las demás.

b)      La crisis de la Unión Europea que es una crisis del euro por su falta de apoyo institucional (falta de democratización y de competencias suficientes para que la moneda funcione bien en esta singular crisis). Esta es una crisis política en el sentido de que si se toman las decisiones políticas convenientes se obtienen buenos resultados a corto plazo como ha sucedido en la cumbre del euro celebrada este 29 de junio. 

c)      La crisis del modelo instaurado en el estado español durante los últimos treinta años, tanto en el diseño de la oferta económica basada en el desarrollismo a corto plazo (auge del sector inmobiliario, deuda privada, déficit de la balanza de pagos, hipertrofia del sector servicio de baja tecnología, etc.) como en la estructura política (bipartidismo, democracia limitada, corrupción, etc.)

 d)      Nuestra propia crisis diferencial que es la crisis de la ausencia de modelo propio, de la pérdida de autonomía real (económica, financiera y política) y de la pérdida de cohesión y de identidad.

El resultado ha sido un shock económico y social sin precedentes. Basta un solo dato para ver el terremoto que estamos sufriendo: en el año 2007 teníamos un 12,76% de tasa de paro (4,5 puntos más que la media del estado) y en el año 2012 tenemos un 35% (10,5 puntos más que la media del estado que a su vez es más del doble que la media de la Unión Europea, un 24,4% frente al 11%). ¡En menos de cinco años el cambio ha sido brutal¡ 

Son ya casi cinco años sufriendo el mayor paro de la Unión Europea durante los que se han cerrado miles de pequeñas empresas; en los que se han perdido cerca de un tercio del escaso empleo industrial (a pesar de que, en Andalucía, el peso de la industria en el conjunto de los sectores económicos es uno de los más bajos del estado); el desempleo juvenil supera el 50%; hay 750.000 parados de larga duración y 500.000 personas en paro ya no cobran subsidio de desempleo (la tasa de cobertura de las prestaciones ha bajado en dos años del 80% al 65%). Además hay que sumar el efecto “pobreza” (pérdida de valor de los activos inmobiliarios – casas, fincas, etc. – y de los activos financieros – acciones, etc.-), la bajada generalizada de los salarios y el aumento de la temporalidad en el trabajo y del trabajo a tiempo parcial.

Esta catástrofe social tiene dos caras, por una parte el empobrecimiento generalizado pero, por otra, la desigualdad (que no son sinónimas ni mucho menos). Como no podría ser de otra manera está produciendo múltiples consecuencias sociales pero en este artículo queremos llamar la atención sobre dos de ellas por su enorme repercusión política: 

a)      Los ataques al estado del bienestar dinamitan la estructura de la clase media tal como se ha ido construyendo en Europa desde el final de la segunda guerra mundial. La universalización y la gratuidad de los servicios básicos (educación, salud, jubilación, desempleo, etc.) ha ampliado y consolidado a la clase media a través de múltiples mecanismos: el acceso a la enseñanza superior de las clases populares, lo que ha permitido una creciente movilidad social; la abundante oferta de puestos de trabajos cualificados en los servicios públicos y en los sectores ligados a esta actividad; la renta “en especie” que estos servicios implican a pesar de disponer de rentas medias o altas, por el carácter universal y gratuito de los servicios, lo que aporta además un elemento cualitativo de seguridad económica que suma a su propio status.

El sistema político actual en España, el diseñado desde la transición, descansa en última instancia sobre la solidez de la clase media, e incluso me atrevería a decir que sobre su pasividad política: “bipartidismo a cambio de desarrollismo”. Es decir, un modelo democrático raquítico a cambio de altos niveles de consumo. El sufrimiento por la crisis, la decepción ante los gobiernos de Rodríguez Zapatero y el desconcierto por la virulencia de los ataques en estos meses del Gobierno de Rajoy al estado social, están tensionando tremendamente a la clase media y provocando su desapego respecto al actual sistema político. Su respuesta está siendo bipolar como se puede observar tanto por su participación en las movilizaciones contra los recortes como por el aumento de la opinión favorable a medidas autoritarias y populistas envueltas en la nostalgia al “estado – nación fuerte español” (tal como representan por ejemplo los discurso de Rosa Diez o Esperanza Aguirre) ahora que ha entrado en una crisis terminal el propio concepto de estado – nación.

b)      Una parte importante de las clases populares andaluzas están en zona de riesgo de marginalidad por el brutal aumento del paro, el hundimiento del sector de la construcción, la caída de las prestaciones sociales, etc. y sobre todo por la falta de respuestas políticas: no hay apoyo a nuevos sectores económicos en los que puedan reciclarse los parados; nadie ha explicado que esta crisis era diferente y que no se trataba de un simple “bache” en el camino; no se ha intervenido para paliar el choque cultural que la crisis ha producido en los hábitos de vida, sobre todo de los jóvenes entre los que casi se han duplicado en estos cinco años el porcentaje de los que ni estudian ni trabajan (han pasado del 13% hasta el 23%).

Al principio muchos han podido aguantar con los ahorros y con la esperanza de encontrar un nuevo trabajo; luego “han ido tirando” mediante la solidaridad familiar agrupándose de nuevo en familias amplias y compartiendo algún subsidio sobre todo las pensiones de las abuelas y de los abuelos. Pero ahora ya no hay para vivir ni esperanzas en encontrar un trabajo. La crisis de la vivienda, los desahucios en su inmensa mayoría en los barrios populares, es el símbolo de este proceso acelerado de marginalidad que están sufriendo los trabajadores y las trabajadoras andaluzas. Andalucía encabeza el ranking de Comunidades con más desahucios, con 68.053 ejecuciones entre 2007 y 2011, es decir, “lidera” la exclusión de la vivienda como símbolo de la injusticia y de la irracionalidad del sistema (miles de viviendas vacías y miles de familias sin un techo) y como símbolo del desamparo (el sistema político se ha vuelto indiferente ante el sufrimiento ajeno aunque sea masivo). 

El movimiento 15M ha sido consciente de esta realidad, y desde aquí celebramos su lucidez y su compromiso en esta lucha. La movilización por el derecho a la vivienda es desde luego la exigencia de dar respuesta a una necesidad inmediata y básica (sin vivienda no se puede construir una vida) pero también es la denuncia de este proceso de marginalidad que están viviendo un segmento muy numeroso de las clases populares andaluzas y que afecta a todas las edades y a todos los géneros.

La actual ley andaluza reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía (Ley 1/2010, de 8 de marzo) es una ley obsoleta pensada para una época de fuertes desarrollos inmobiliarios que para nada se ajusta a la realidad actual de parón inmobiliario pero de miles de pisos vacíos y de un incremento exponencial de las necesidades de poseer una vivienda digna. El gobierno andaluz debe cambiarla con carácter de urgencia para dar respuesta a una necesidad social de emergencia y los movimientos sociales andaluces deben presionar para que así se haga. 

Conectar las necesidades de la sociedad andaluza con las instituciones de autogobierno es tal vez una de las tareas más importantes ante la crisis política que estamos viviendo. A la pérdida de base social del sistema político actual se unen las evidencias de su pérdida de base ética: el dinero público a los bancos, la corrupción, la falta de responsabilidades por las actuaciones políticas y financieras, las indemnizaciones millonarias a banqueros y políticos, los privilegios de la clase política, la connivencia entre políticos y empresarios, la ineptitud de las principales instituciones, el debate abstracto, los recortes a los servicios básicos, el poder de los grandes empresarios como Adelson para cambiar lo que los Parlamentos han aprobado, la amnistía fiscal, el monarca cazando elefantes en uno de los estados más pobres África, etc. Ni el PSOE ni el PP representan ya al 90% de la sociedad. La valentía política de la Consejera de Obras Públicas reuniéndose con los realojados de la Corrala “La Utopía”, símbolo de la lucha ejemplar por el derecho a la vivienda, en el mismo edificio de la Corrala, es un paso importante en este camino.

Ante la crisis del actual sistema político es necesario ir construyendo un nuevo sistema político y no sólo otros sujetos políticos (que también). Es la hora de la sociedad. El tiempo de dejar de mirar al poder y mirar la situación de la gente, con sentimientos pero también con propuestas políticas. Sabemos que la Administración autonómica apenas tiene capacidad económica para actuar pero el gobierno que la dirige tiene la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz. Tiene el poder del Parlamento. El Parlamento es la conexión más directa entre la sociedad y las instituciones políticas porque están vinculados directamente por el ejercicio del voto. El Parlamento andaluz tiene que mirar a la calle y las calles andaluzas al Parlamento. Hay que convertir en andaluzas todas las reivindicaciones locales que tienen un carácter ejemplar desde Valdevaqueros a la Corrala porque la autonomía andaluza (y el estado de las autonomías en general) significa una conexión entre la sociedad real (la que se ha generado desde abajo) y el poder público, democratizando la distribución territorial del mismo, no sólo cuantitativamente sino sobre todo cualitativamente, frente al centralismo que conecta los centros de poder económico con el poder político (construido “desde arriba”). Y por eso, porque las Comunidades Autónomas son una de las construcciones sociales que más han repartido el poder a pesar de estar insertas, con carácter general, en un sistema político bipartidista, la derecha quiere acabar con ellas. La derecha necesita invisibilizar y concentrar las relaciones de poder para ejercer su poder.

Ante la profunda crisis económica y política que vivimos, Andalucía, a pesar de todas las dificultades, tiene que ejercer su autonomía conectando a nuestra sociedad con nuestras instituciones; tiene que ejercer sus competencias e impulsar un nuevo modelo económico y político propio, a la medida de nuestras necesidades y nuestras capacidades, para dar respuesta a nuestra crisis diferencial; tiene que ejercer en España el papel que le corresponde por su propia dimensión para cambiar su modelo de desarrollo; tiene que reivindicar una Unión Europea confederal, democrática y eficiente capaz de superar la crisis del Euro y ejercer un liderazgo global para la democracia y para la igualdad y tiene que tener voz ante la crisis global para mostrar que otro mundo es posible.

Imagen: EPress