Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Ayer participé en el Colegio de Abogados de Córdoba en un seminario sobre Derecho y Deporte, sobre las diferentes ramas del saber jurídico que intervienen en la ordenación y fomento de esta imporante actividad para el ser humano como es el deporte, que como después describiremos tiene en la propia Constitución un precepto importante a modo de principio rector para los poderes públicos, como integrante de las políticas sociales a desarrollar. Esa participación me ha motivado a exponer esta breve reflexión.
Desde el punto de vista jurídico y de la actual organización administrativa de los Estados democráticos, también se ha incorporado como un objetivo social y ciudadano de primer nivel. En un nivel avanzado de desarrollo democrático, el actual Estado Social y Democrático de Derecho que incorpora nuestra actual Constitución de 1978, recoge el deporte como un valor esencial a proteger. El deporte, junto a la cultura, el medio ambiente o la protección del consumidor, vienen a dotar a los actuales Estados democráticos de una vertiente de compromiso social muy avanzado, con el interés general como fundamento constitucional último.
En concreto, nuestra actual Constitución de 1978 recoge en su artículo 43, en el marco de la regulación constitucional del derecho fundamental a la salud, que “los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”.
Importancia fundamental tiene la conexión constitucional que se establece entre la salud y el deporte, y el deber de los poderes públicos de fomentar estos objetivos. En este marco, las diferentes entidades y asociaciones que nos dedicamos a fomentar el deporte entre nuestros niños y niñas, tenemos que plantear y recordar de manera permanente a las diferentes administraciones su obligación constitucional de fomento del deporte base en todas sus vertientes y dimensiones.
La sociedad civil, la ciudadanía, las empresas o las entidades deportivas tenemos en nuestras manos la capacidad de iniciativa de propuesta y desarrollo de actividades deportivas para nuestros niños, pero los poderes públicos, incluso en estos tiempos de recortes de las políticas sociales, siguen teniendo esa obligación constitucional de fomento del deporte, que está intacta desde el punto de vista jurídico, por el bien común, por interés general de la sociedad en su conjunto.
