Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Por Lola Ruiz
Portavoz de IULVCA en el Ayuntamiento de Granada
En un estado de derecho todos los ciudadanos y ciudadanas disfrutan de todos los derechos humanos. El movimiento feminista tiene y ha tenido un papel incuestionable en la construcción del estado de derecho. Ha sido determinante para conseguir derechos “escondidos” entre las cuatro paredes de las casas, que pasaban “desapercibidos” al poder eminentemente patriarcal.
Luchamos y conseguimos que el adulterio dejara de ser un delito. Las mujeres adúlteras no eran lapidadas con piedras, pero sí con palabras. Además de ir a la cárcel. Los varones no.
Luchamos y conseguimos la mayoría de edad. Hace muy poco tiempo no podíamos sacarnos el pasaporte o abrir una cuenta corriente, sin la autorización de nuestro padre y/o de nuestro marido. Ya no.
Luchamos y conseguimos el derecho al divorcio. A pesar de las voces que se alzaron desde la iglesia católica y de otros ámbitos conservadores.
Luchamos y conseguimos la igualdad formal para poder acceder al empleo. Todavía hay diferencias en el acceso y en la remuneración económica. Queda pendiente por conseguir “a igual trabajo, igual salario”
Luchamos y conseguimos cambiar la terminología y el concepto sobre el maltrato y la violencia hacia las mujeres y redoblar los esfuerzos para acabar con ella. Todavía no ha terminado.
Luchamos y conseguimos empezar a romper el “techo de cristal”, acceder a puestos de responsabilidad. Aún falta bastante. Muchos techos, más que de cristal, son de hormigón armado.
Luchamos y no conseguimos el derecho al aborto. El proceso que se abrió a 11 mujeres en Bilbao en 1.979 inició un camino de luchas y movilizaciones que llegan hasta hoy. Porque la represión no ha parado. En octubre de 1.980 son detenidas 29 personas, veinte de ellas acusadas de haber realizado prácticas abortivas en el Centro Los Naranjos de Sevilla. Las movilizaciones se suceden para solicitar la libertad de las personas detenidas y el derecho al aborto. En enero de 1.981 se entregan en el juzgado número seis de Sevilla 26.249 firmas de mujeres y hombres que declararon haber abortado o colaborado en la práctica de abortos. Entre 1981 y 1983 las detenciones de Pere Enguix y su grupo de Valencia. En abril de 1.992 el Parlamento europeo aprueba una resolución solicitando al Gobierno que cesen las persecuciones, detenciones, juicios, etc. por aborto. A pesar de ello, han continuado, siendo los últimos casos los acosos y registros sufridos por las clínicas de Barcelona o Madrid acreditadas para realizar interrupciones de embarazo y la intromisión en la privacidad de las mujeres que han acudido a dichas clínicas por diferentes motivos.
La Coordinadora Feminista realiza una propuesta de ley en 1.982. La respuesta es una despenalización parcial en tres supuestos: riesgo para la salud física y psíquica de la madre, violación y malformaciones en el feto. El aborto sigue siendo un delito.
Las mujeres, las feministas, sabemos que los derechos no se regalan, se consiguen. Por eso seguimos luchando y batallando. Para disfrutar de una sociedad democrática plena donde estén reconocidos todos los derechos. Incluido el derecho al aborto. Regulado a través de una ley de plazos. Donde se ponga como límite la viabilidad fetal tal y como lo establece la Organización Mundial de la Salud que considera que el aborto es “la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal”. Donde las mujeres sean las responsables de su decisión. Que se realice en la sanidad pública, para garantizar la igualdad. Además de impulsar, generalizar y hacer universal la información y educación sexuales. Para garantizar una sexualidad libre y placentera. Sin riesgos. Para evitar embarazos no deseados.
Eso es lo que queremos.
Eso es lo que exigimos.
Eso es lo que esperamos de un gobierno que se dice progresista. Si las mayorías absolutas del PSOE con Felipe González no tuvieron la voluntad y valentía políticas para hacerlo, esperamos que el actual gobierno del PSOE, sí. Que no lo deje a medias, imponiendo unos plazos tan cortos que dejan fuera a muchas mujeres. Contemplar hasta las 24 semanas y, tal y como está actualmente, sin límite cuando se trate de malformaciones graves.
Establecer un derecho no es imponer su práctica. El derecho al divorcio no implica que todo el mundo se tenga que divorciar. El derecho al aborto no implica que todo el mundo tenga que abortar.
Prohibir derechos sí implica que no se puedan disfrutar. He ahí la diferencia.
Impedir cualquier derecho público basándose en conciencias privadas es limitar la libertad, la justicia, la igualdad. Es minar los pilares básicos del estado de derecho. En nuestro país lo construimos poco a poco. El camino recorrido y el que queda por recorrer es largo, en ocasiones escarpado y con muchos obstáculos. Obstáculos impuestos por aquellas personas y/o colectivos que quieren imponer su conciencia privada sobre los derechos públicos. Legislar basándose en los presupuestos filosóficos de cualquier creencia religiosa supone limitar los derechos civiles. Se critica cuando es con una interpretación del Islam y sin embargo cuando las ingerencias en derechos civiles son de otras confesiones religiosas, especialmente la católica, no.
Pero, una sociedad plenamente democrática ha de separar creencias privadas y derechos públicos.
Luchamos y conseguimos que el adulterio dejara de ser un delito. Las mujeres adúlteras no eran lapidadas con piedras, pero sí con palabras. Además de ir a la cárcel. Los varones no.
Luchamos y conseguimos la mayoría de edad. Hace muy poco tiempo no podíamos sacarnos el pasaporte o abrir una cuenta corriente, sin la autorización de nuestro padre y/o de nuestro marido. Ya no.
Luchamos y conseguimos el derecho al divorcio. A pesar de las voces que se alzaron desde la iglesia católica y de otros ámbitos conservadores.
Luchamos y conseguimos la igualdad formal para poder acceder al empleo. Todavía hay diferencias en el acceso y en la remuneración económica. Queda pendiente por conseguir “a igual trabajo, igual salario”
Luchamos y conseguimos cambiar la terminología y el concepto sobre el maltrato y la violencia hacia las mujeres y redoblar los esfuerzos para acabar con ella. Todavía no ha terminado.
Luchamos y conseguimos empezar a romper el “techo de cristal”, acceder a puestos de responsabilidad. Aún falta bastante. Muchos techos, más que de cristal, son de hormigón armado.
Luchamos y no conseguimos el derecho al aborto. El proceso que se abrió a 11 mujeres en Bilbao en 1.979 inició un camino de luchas y movilizaciones que llegan hasta hoy. Porque la represión no ha parado. En octubre de 1.980 son detenidas 29 personas, veinte de ellas acusadas de haber realizado prácticas abortivas en el Centro Los Naranjos de Sevilla. Las movilizaciones se suceden para solicitar la libertad de las personas detenidas y el derecho al aborto. En enero de 1.981 se entregan en el juzgado número seis de Sevilla 26.249 firmas de mujeres y hombres que declararon haber abortado o colaborado en la práctica de abortos. Entre 1981 y 1983 las detenciones de Pere Enguix y su grupo de Valencia. En abril de 1.992 el Parlamento europeo aprueba una resolución solicitando al Gobierno que cesen las persecuciones, detenciones, juicios, etc. por aborto. A pesar de ello, han continuado, siendo los últimos casos los acosos y registros sufridos por las clínicas de Barcelona o Madrid acreditadas para realizar interrupciones de embarazo y la intromisión en la privacidad de las mujeres que han acudido a dichas clínicas por diferentes motivos.
La Coordinadora Feminista realiza una propuesta de ley en 1.982. La respuesta es una despenalización parcial en tres supuestos: riesgo para la salud física y psíquica de la madre, violación y malformaciones en el feto. El aborto sigue siendo un delito.
Las mujeres, las feministas, sabemos que los derechos no se regalan, se consiguen. Por eso seguimos luchando y batallando. Para disfrutar de una sociedad democrática plena donde estén reconocidos todos los derechos. Incluido el derecho al aborto. Regulado a través de una ley de plazos. Donde se ponga como límite la viabilidad fetal tal y como lo establece la Organización Mundial de la Salud que considera que el aborto es “la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal”. Donde las mujeres sean las responsables de su decisión. Que se realice en la sanidad pública, para garantizar la igualdad. Además de impulsar, generalizar y hacer universal la información y educación sexuales. Para garantizar una sexualidad libre y placentera. Sin riesgos. Para evitar embarazos no deseados.
Eso es lo que queremos.
Eso es lo que exigimos.
Eso es lo que esperamos de un gobierno que se dice progresista. Si las mayorías absolutas del PSOE con Felipe González no tuvieron la voluntad y valentía políticas para hacerlo, esperamos que el actual gobierno del PSOE, sí. Que no lo deje a medias, imponiendo unos plazos tan cortos que dejan fuera a muchas mujeres. Contemplar hasta las 24 semanas y, tal y como está actualmente, sin límite cuando se trate de malformaciones graves.
Establecer un derecho no es imponer su práctica. El derecho al divorcio no implica que todo el mundo se tenga que divorciar. El derecho al aborto no implica que todo el mundo tenga que abortar.
Prohibir derechos sí implica que no se puedan disfrutar. He ahí la diferencia.
Impedir cualquier derecho público basándose en conciencias privadas es limitar la libertad, la justicia, la igualdad. Es minar los pilares básicos del estado de derecho. En nuestro país lo construimos poco a poco. El camino recorrido y el que queda por recorrer es largo, en ocasiones escarpado y con muchos obstáculos. Obstáculos impuestos por aquellas personas y/o colectivos que quieren imponer su conciencia privada sobre los derechos públicos. Legislar basándose en los presupuestos filosóficos de cualquier creencia religiosa supone limitar los derechos civiles. Se critica cuando es con una interpretación del Islam y sin embargo cuando las ingerencias en derechos civiles son de otras confesiones religiosas, especialmente la católica, no.
Pero, una sociedad plenamente democrática ha de separar creencias privadas y derechos públicos.
