Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Concha Caballero / Tenemos tan cansada la indignación que debemos inventar otros conceptos antes de que lleguemos a la conclusión de que todo es inútil, nefasto, ingobernable, irresoluble.
No han comprendido nada. No han aprendido nada. Creen que hay dos tipos de leyes y dos tipos de artículos constitucionales. Los que afectan a los derechos de los más poderosos y los que hablan del interés de los de abajo. La Constitución habla del derecho a la propiedad, pero un poco más adelante establece que “toda la riqueza del país en sus distintas formas, sea cual fuese su titularidad, está subordinada al interés general” y, por supuesto, esto último les parece deleznable.
Aunque el PP se había abstenido en el Parlamento de Andalucía, aunque había declarado que era una ley propagandística y sin incidencia, Mariano Rajoy ha sacado tiempo para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto antidesahucios de la Junta y exigir su paralización inmediata. No van a consentir la expropiación temporal de viviendas a los bancos ni el gravamen a las entidades que tengan viviendas sin sacarlas al mercado.
Estas últimas semanas nos han ofrecido una verdadera sinfonía de insensibilidad social. La Comisión Europea y el Banco Central han afirmado que el decreto andaluz reduce “el apetito de los inversores por los activos inmobiliarios españoles”. Reconocen que los dichosos mercados son seres monstruosos y pantagruélicos cuya ansia devoradora hay que alimentar cuidadosamente por los Estados. Nos enteramos de que no basta con haberles ofrecido a los bancos más de 40.000 millones detraídos de nuestro sudor y recortes, sino que además, hay que garantizarles que puedan seguir devorando las entrañas de la Unión Europea, colocando títulos en el mercado y protegiendo sus ganancias. Si esa es la Europa que nos ofrecen, mejor no pertenecer a ese club de adoradores del euro y de los inversores alemanes.
El PP no pierde ocasión de bloquear al Gobierno andaluz. La mayoría absoluta que no ganaron en las urnas pretenden alcanzarla a través del Tribunal Constitucional. Dentro de algunos años se preguntarán por qué no han conseguido todavía gobernar en Andalucía, pues vayan anotando las razones. Ni siquiera han tenido reparo en dejar en ridículo a su líder andaluz, el señor Juan Ignacio Zoido, quien afirmó que no tenían intención de recurrir al Tribunal Constitucional. El hecho de confrontarse con medidas como la subasta de medicamentos o el decreto antidesahucios, acogidos con esperanza por la mayoría de los andaluces, los coloca fuera del tablero político andaluz. Tan solo el vergonzoso escándalo de los ERE los mantiene con respiración asistida.
Cada votación perdida en Andalucía, cada medida que no es de su agrado, es torpedeada con artillería pesada desde Madrid. A este paso, el Gobierno de Rajoy va a convertir al Tribunal Constitucional en la segunda cámara de Andalucía. Según el recurso del Gobierno, las autonomías no pueden regular absolutamente nada sin que el Estado previamente lo haya autorizado, lo que equivale a anular su existencia. Han retornado al ideal político de la más rancia derecha española: el centralismo más feroz que hoy cuenta con nuevos aliados como esa UPyD que pinta de rosa el regreso al pasado.
Han olvidado que el telón de fondo es una población empobrecida, con graves problemas sociales; personas que sin el decreto se encuentran más solos y desasistidos, expulsados de su vivienda sin un techo que los cobije. Han olvidado que la función de todo gobierno y de toda institución democrática es velar por el interés general que, en este caso, está identificado con la finalidad del decreto antidesahucios.
Cuando se posicionan tan claramente contra el interés general, las instituciones se convierten en entes desalmados hostiles a la ciudadanía. Si lo que quieren demostrar es que no se pueden hacer cambios a favor de los más desfavorecidos; si lo que quieren escenificar es que los privilegios de bancos, farmacéuticas y poderosos, son intocables, lo están haciendo perfecto. Pero si tuvieran el sentido común más elemental deberían pensar si cegando cualquier esperanza, no están regando con gasolina las calles.
