Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Rafa Rodríguez
La desigualdad social se refiere a las diferencias en el acceso a recursos y oportunidades entre diferentes clases sociales y grupos de personas, mientras que la desigualdad territorial se refiere a las disparidades en el desarrollo y los recursos disponibles en diferentes áreas geográficas.
La desigualdad social y la desigualdad territorial, lejos de ser realidades separadas, representan las dos caras de la misma situación, que se retroalimentan, de forma que no se puede entender la una sin la otra.
Comprender esta interrelación, es esencial para evitar los errores que provocan tanto esa izquierda que ignora la desigualdad territorial, como los nacionalistas que obvian la desigualdad social.
La desigualdad social y la desigualdad territorial tienen en común la misma causa: una determinada relación de poder que jerarquiza territorios y segrega a la sociedad.
La distribución del poder político y económico, de los centros de investigación y tecnológicos, la inversión pública y privada o la orientación de las infraestructuras, determinan las oportunidades y los tipos de empleo, lo que perpetúa la pobreza. Las comunidades con menos recursos carecen de infraestructura adecuada, servicios de salud y educación de calidad, lo que a su vez limita las oportunidades de desarrollo económico y social en esas áreas.
La desigualdad social es causa y efecto de la desigualdad territorial, factores como la educación, el empleo, la salud y el acceso a servicios básicos contribuyen a la desigualdad territorial. Las personas en situaciones de desventaja social suelen vivir en áreas desfavorecidas, lo que perpetúa un ciclo de pobreza.
La desigualdad territorial constituye un eje fundamental en la matriz de la desigualdad social, al determinar oportunidades socioeconómicas en las condiciones de vida, e incidir en la realización de los derechos políticos, económicos y sociales. El desequilibrio territorial es un factor que acrecienta la desigualdad social.
Pero hay una tercera derivada. La desigualdad, en todas sus proyecciones, es causa del deterioro ambiental y de la crisis climática, originadas por la acción depredadora de las oligarquías económicas sobre los territorios: por eso la lucha por la igualdad y la sostenibilidad es la misma lucha cuando se introduce el factor territorial en la ecuación.
Durante los últimos cincuenta años, la globalización y la crisis de la globalización han agudizado esta tendencia, polarizando el territorio y la sociedad, destruyendo los ecosistemas y alterando el metabolismo del planeta, y generando más desigualdad.
La Cuarta Revolución Industrial está tecnificando la economía y eso implica que las empresas transnacionales y de servicios, intensivas en capital humano e innovación, se ubican en los grandes nodos urbanos. Hay una nueva inercia centralista global que está empobreciendo a la periferia con la concentración del poder político y la ubicación del sector financiero, las grandes empresas de comunicación y los departamentos de I+D+I en las capitales y centros neurálgicos, que atrae las inversiones y el empleo y jerarquiza las infraestructuras, provocando un “factor capitalidad” en los ingresos fiscales.
El Estado democrático tiene la función y la obligación de revertir las tendencias del mercado de generar jerarquización territorial, segregación social y destrucción ambiental a través:
- a) La estructura institucional
- b) su intervención en la asignación de recursos (predistribución) para cambiar el modelo productivo,
- c) la redistribución de rentas.
La lucha contra la desigualdad social y territorial no solo es un imperativo ético y político, sino que es crucial para la sostenibilidad y la cohesión y convivencia social y, por lo tanto, para la defensa y profundización democrática.
La imagen corresponde a una intervención de la artista Marina Abramovic
