Despotismo no ilustrado

Despotismo no ilustrado
Angel Cagigas

Desde hace varias semanas nos venimos desayunando con distintas medidas del Gobierno que suponen recortes que han afectado a casi todos los sectores, y quizás con mayor virulencia a la Sanidad y la Educación. Y no deja de sorprender que tales recortes se ceben con las áreas de los profesionales mejor valorados por la sociedad española, es decir médicos, asistentes técnico-sanitarios y profesores. Por el contrario, a la cola están los jueces, profesión quizás ejemplificada en estos últimos días por el Presidente del CGPJ, Carlos Dívar, y si hablamos de políticos, en el último barómetro publicado del CIS ninguno de los ministros actuales llega al aprobado, siendo el peor valorado José Ignacio Wert, ministro de Educación, con una nota de 3’19, es decir un suspenso bajo.
La razón que esgrime el Gobierno para realizar tales recortes es aumentar la eficacia de tales servicios, una mejoría que confían en conseguir a base de reducir sus presupuestos, algo hasta ahora inédito pues difícilmente se concibe mejorar unas prestaciones eliminando personal y reduciendo las partidas destinadas a innovar e investigar. Los recortes de estas áreas se cifran en 30.000 millones de euros, cifra que paradójicamente contrasta con los 100.000 millones de euros que se van a destinar a salvar la Banca, cuyos directivos y grandes ejecutivos son los culpables de que todos estemos sufriendo esta situación.
Estas medidas hacen patente el cinismo de las declaraciones gubernamentales y dejan en evidencia su verdadero objetivo, que no es otro que ir desmantelando lo público a velocidad de crucero, en especial los sectores de la Sanidad y la Educación, que son los que concentrarían mayores oportunidades de negocio privado.
En el caso de la educación universitaria, el despotismo no ilustrado del ministro Wert está haciendo estragos. Con una actitud cínica, niega que la subida de tasas de matrícula para el alumnado o los despidos (designados eufemísticamente como no renovaciones temporales de contrato) sean responsabilidad suya pues su ministerio simplemente recorta la dotación a las Autonomías y serán éstas, en el ejercicio de su autonomía, las que decidan dónde y cómo efectuar esos recortes (si no fuera por la tragedia que conlleva, semejante argumentación sólo movería a la risa y la vergüenza ajena).
La subida de tasas de matrícula para el alumnado, junto con la reducción de becas, hará que inevitablemente buena parte de quienes no tengan una renta solvente deban abandonar la Universidad, lo que limitará el acceso a los estudios universitarios a quienes puedan financiárselos, con lo que volveremos a una situación propia de nuestra posguerra, confundiendo elitismo con excelencia.
Por lo que atañe al profesorado, los recortes tendrán varios efectos, el aumento del potencial docente (que se cifra en un porcentaje absoluto del 33%) hará que por un lado muchos profesores no vean renovados sus contratos, lo que volverá a hacer crecer nuestras listas del paro, y por otro lado la cantidad y la calidad de la investigación de los docentes que conserven su puesto de trabajo se verá mermada al deber asumir la docencia de los compañeros despedidos, lo que además repercutirá en la calidad de la docencia, pues en el ámbito universitario ésta se nutre de la propia investigación del docente.
El despido de parte del profesorado repercutirá en el personal de administración y servicios, que también sufrirá despidos pues su número depende directamente del de profesores en plantilla, lo cual rebajará la calidad del servicio que prestan a todos.
Y otra consecuencia de esta medida será que nuestros investigadores jóvenes verán vetado su acceso a la Universidad durante décadas, lo que privará de nueva savia a nuestras incipientes líneas de investigación relegándonos a niveles tercermundistas.
Ante tal agresión ministerial a nuestro sistema universitario, que sólo se explica por una malentendida relación con el mundo empresarial y en aras a la privatización, sólo debería caber una respuesta madura y firme. Una respuesta de toda la población universitaria que sepa hacer entender a la sociedad que la supervivencia del modelo actual es la garantía de su futuro como sociedad moderna, igualitaria e innovadora, y una respuesta que no se quede en el papel, en los manifiestos y las huelgas que solamente sirven para que el ministro Wert sonría al tiempo que nos tacha de vagos, cuando no de maleantes, sino que ha de ser una respuesta con medidas de presión concretas, unas medidas que sólo serán posibles si nuestro miedo, el de todos los estamentos universitarios, deviene en coraje.
Tales medidas de presión paralizarían la actividad universitaria y abrirían la posibilidad de un diálogo real, pero sólo son viables si son medidas generalizadas, medidas que se adopten en acuerdos departamentales, en todos y cada uno de los Departamentos de nuestras Universidades, lo cual obligará a los Rectores a defender el presente de la Universidad española, pues en último término el éxito de nuestras movilizaciones depende de la valentía de los equipos de gobierno con nuestros Rectores al frente, que no han de poner sus cargos por encima de su dignidad.
Al mencionar medidas extremas, los más tibios responden con el argumento de la responsabilidad, pues esta paralización afectaría tanto al alumnado como a la imagen de la Universidad, entre otras cosas, pero tal argumentación es falaz pues se basa en una visión a corto plazo que únicamente conduce a la resignación; toda medida tiene sus costes pero debemos ser conscientes de que los perjuicios a largo plazo que generaría la aplicación de los recortes serían inconmensurables, lo que convierte la asunción de tales medidas de presión en un ejercicio de verdadera responsabilidad.