Rafa Rodríguez
1.El gobierno de coalición presenta unos buenos resultados económicos en 2023
El gobierno de coalición presenta un buen balance económico en 2023, sobre todo teniendo en cuenta un entorno tan adverso por los impactos del cambio climático con una sequía cada vez más grave; la inflación, la subida de los tipos de interés; la desestructuración de las cadenas globales de valor; la ralentización del crecimiento en el mundo pero sobre todo en la Unión Europea; la invasión de Ucrania, el genocidio de Israel sobre Palestina, el recrudecimiento de muchas guerras, y las tensiones geopolíticas, que ofrecen un panorama muy negativo para los derechos humanos, pero también para la economía.
Han sido decisivas las transferencias de los fondos Next Generation EU. Según los últimos datos de principio de noviembre, España ha recibido unos 37.000 millones de euros y ha desembolsado más de 36.200 millones de euros.
En concreto, se han lanzado 12 proyectos estratégicos (PERTEs), para impulsar la transformación en clave verde y digital de los sectores tractores de la economía, y ya están en marcha más de 500.000 proyectos financiados con los fondos Next Generation EU, el 60% liderados por empresas y centros de investigación de las que más de 300.000 son de pymes y autónomos.
La política económica desarrollada por el Gobierno ha demostrado estos años que es compatible avanzar en la transición energética, el fortalecimiento del Estado de bienestar y la contención e incluso la reducción del déficit y la deuda pública.
2.Ingresos públicos e ingresos fiscales
La estimación de los ingresos del conjunto de las Administraciones Públicas es de unos 600.000 millones de euros en términos de contabilidad nacional, al alrededor del 41% del PIB.
A falta de los datos del mes de diciembre, los ingresos fiscales del Estado central suponen 253.000, con un crecimiento del 5,5%, respecto al año anterior.
Hay que destacar los ingresos por el Impuesto a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas, que han supuesto unos ingresos en torno a los 3.600 millones.
Sin embargo, las grandes empresas siguen tributando por debajo de la media. España pierde casi un 16% del impuesto de sociedades porque las grandes empresas establecen sedes fiscales en Países Bajos, Irlanda o Suiza para pagar menos allí. Esta elusión fiscal supone 4.000 millones de euros menos para el Estado y, lógicamente, para los servicios que presta.
El gobierno cumplirá los objetivos de reducción del déficit y la deuda pública.
La deuda pública marca un récord de 1,6 billones, pero su ratio sobre el PIB baja del 110% y se sitúa en el objetivo del Gobierno del 108%, por el crecimiento del PIB.
El déficit público cerrará este año 2023 en el 3,8% del PIB, lo que supone una disminución de más de 6 puntos porcentuales en tres años.
El gobierno ha presupuestado en 2023 el mayor gasto social de la historia con 274.445 millones de euros.
Destaca el gasto en pensiones para 9,2 millones de pensionistas, casi el 20% de la población, que supone el 11,5% del PIB, unos 145.000 millones al año.
El gasto para sostener el sistema público de pensiones ha ido aumentando durante los últimos años, en parte por el aumento de la población jubilada, en parte por el aumento en la cuantía de las mismas, ya que las personas que se están jubilando ahora cobran, de media, 1.398 euros mensuales, un 16% más que los pensionistas que ya tiene reconocidos el sistema. Sin embargo, en 2020, cuando la economía sufrió una contracción sin precedentes debido al confinamiento, España gastaba el 12,4% de su PIB para pagar las pensiones, y hoy gasta el 11,5%. por el mencionado aumento del PIB.
La prima de riesgo, es decir la diferencia entre la rentabilidad ofrecida a los inversores por los bonos españoles a diez años en relación a la referencia del bund alemán, se ha situado en poco más de los 95 puntos básicos, por debajo de lo que pagan Estados como Italia o Reino Unido.
Prima de riesgo. Diciembre 2023.
Italia | 165 |
Reino Unido | 154 |
Grecia | 102 |
España | 95 |
Portugal | 73 |
Francia | 53 |
Un gobierno progresista no puede limitarse a redistribuir, sino que tiene que intervenir en la asignación de los recursos para liderar la transición ecológica y social.
En la acción emprendedora del gobierno en la economía destacamos por su importancia haber logrado la excepción ibérica, el impulso a la fabricación de los semiconductores, la compra de acciones de Telefónica y las inversiones destinadas a la movilidad sostenible aunque, como aspecto negativo, hay que destacar la concentración de inversiones para las nuevas tecnologías en Cataluña, y más específicamente en Barcelona, lo que, lejos de equilibrar las desigualdades existentes en tejido industrial e innovación, está aumentando las desigualdades estructurales entre el norte y el sur del Estado.
a) La excepción ibérica
El gobierno logró que la UE aprobara en 2022, como medida temporal hasta el 31 de diciembre de 2023, una excepción para España y Portugal del mercado eléctrico en el sistema europeo, con el objetivo de reducir el precio de la electricidad.
Consiste en poner un límite al precio del gas utilizado para producir electricidad, que se disparó como consecuencia de la invasión de Ucrania. Desde su inicio, la excepción ibérica ha supuesto un ahorro de unos 5.106 millones en el precio de la electricidad para las familias y ha sido una medida clave para controlar la inflación.
Cuando se aprobó el precio del gas en el mercado mayorista rondaba los 300 euros MWh, ahora los precios rondan los 35 euros MWh, muy por debajo del valor límite para activar el mecanismo ibérico.
b) El impuso a la fabricación de semiconductores y la investigación informática
La aprobación del PERTE Chip, ante la creciente demanda de semiconductores en sectores clave como la automoción o los electrodomésticos y la necesidad de acelerar la autonomía en la fabricación de chips, tiene como objetivo reforzar las capacidades de diseño y producción de la industria de la microelectrónica y los semiconductores y favorecer la autonomía estratégica en España y en la UE de este sector, de acuerdo con lo previsto en la Ley Europea de Chips que ha entrado en vigor en septiembre de 2023.
Está previsto que este proyecto estratégico movilice una inversión pública de 12.250 millones de euros hasta 2027. Entre los importantes logros alcanzados en 2023, se encuentran:
Broadcom, un diseñador, desarrollador y proveedor mundial estadounidense de una amplia gama de productos de software de infraestructura y semiconductores cuya capitalización bursátil supera los 350.000 millones de dólares y cotiza en el Nasdaq, ha anunciado que instalará en España una planta de fabricación de semiconductores ‘back-end’, que sería la única en Europa, con una inversión de en torno a 900 millones de euros
El Centro Belga de Microelectrónica, la principal institución de investigación del mundo en el campo de los semiconductores IMEC, que cuenta con más de 5.000 investigadores, planea abrir un hub de I+D en España.
Cisco va a instalar en el centro de innovación que la empresa ya tiene en Barcelona un instituto de diseño europeo de chips, que será también el primero que abra en Europa.
Intel diseñará microchips en un laboratorio financiado al 50% por el Gobierno central, también en Barcelona, en el que invertirá 200 millones de euros en 10 años, a los que el Gobierno sumará otros 200 millones.
El Barcelona Supercomputing Center ha puesto en funcionamiento el último de los supercomputadores de la familia MareNostrum, el 5º, 10.000 veces más potente que el que se instaló hace 20 años. Sus cálculos se usan para el análisis de big data, la investigación en inteligencia artificial, predicción de cambio climático o desarrollo de nuevos fármacos y materiales.
c) El estado compra acciones de telefónica
El Gobierno ordenó a la SEPI en diciembre la adquisición de hasta un 10% de las acciones de Telefónica por su carácter estratégico, tres meses después de que saudí STC Group, el operador líder de telecomunicaciones perteneciente al fondo soberano de Arabia Saudí, comprara el 9,9% de las acciones.
d) Inversiones destinadas a la movilidad sostenible
Las inversiones destinadas a la movilidad sostenible suman 6.667 millones de los fondos Next Generation, que priorizan el ferrocarril para completar los corredores europeos en España, acelerar el trasvase modal de la carretera al tren, especialmente en el transporte de mercancías, reducir la dependencia del petróleo importado y las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, subvenciona las zonas de bajas emisiones en el ámbito urbano y la sustitución del parque automovilístico por vehículos eléctricos y conectados.
(*) La imagen pertenece a Laure Prouvost y Martha Kirszenbaum (Cité internationale des arts)