Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
La Comisión que ha estudiado la reforma de la Constitución en Marruecos ha remitido este viernes su proyecto al rey Mohamed VI. El nuevo texto de la Ley fundamental será sometido a referéndum popular el próximo 1 de julio. Tras su previsible aprobación, se disolverá el Parlamento y se convocarán elecciones generales para octubre.
El proyecto reformista constituye un avance a un Estado de derecho, si bien se sitúa aún muy lejos de las expectativas suscitadas en la población marroquí por el proceso de cambios en el mundo árabe. La principal reivindicación de los diferentes movimientos y asociaciones bereberes en Marruecos será satisfecha: la lengua tamazigh (bereber) será oficial junto con la lengua árabe.
Un capítulo importante lo constituye la eliminación de “la sacralidad del rey” como estipulaba la anterior Constitución. En la nueva, la persona del Rey será, al igual que en la Constitución española, “inviolable”.
El soberano alauita señaló en la audiencia que la nueva Carta Magna va a sentar “las bases de una gobernanza constitucional democrática”. Con estas siete palabras Mohamed VI ha sintetizado el conjunto de cambios que se van a operar en el país, y las concesiones que el monarca hace de sus regalías absolutistas. La esencia de la reforma consiste en permitir a la “soberanía popular” optar por los partidos políticos de su elección para constituir la futura Cámara baja del Parlamento. Del partido mayoritario en las elecciones saldrá el presidente del gobierno, que nombrará al conjunto de ministros que formen el Ejecutivo bajo su mando. El futuro Gobierno será responsable ante el rey y ante el Parlamento de la gestión de los asuntos internos del país, salvo los relacionados con la defensa, la seguridad, las relaciones internacionales, las orientaciones estratégicas y la estabilidad del país, que seguirán siendo prerrogativa del monarca. Lo mismo que la Justicia, que pasará a depender de un Consejo Superior del Poder Judicial que preside el rey.
La iniciativa real de las reformas ha cortado el efecto contagio que las revueltas árabes estaban teniendo en Marruecos desde hace cuatro meses. El Movimiento 20 de febrero, organizador de las movilizaciones populares — toleradas algunas veces, reprimidas con fuerza, otras — se ha quedado casi aislado en sus reivindicaciones pidiendo la formación de una Asamblea Constituyente elegida por los partidos políticos y la sociedad civil, cuya misión debería ser la redacción del nuevo texto de la Ley fundamental. Dos partidos políticos legales, el de la Vanguardia Socialista (PADS) y el Congreso Nacional Ittihadi (CNI), así como la central sindical afiliada a la Unión Socialista de Fuerzas Populares, la CDT (Confederación Democrática del Trabajo) han dado portazo a la convocatoria hecha por el consejero real Moatassim para informar de viva voz a los representantes políticos del nuevo texto.
