Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
José Ángel Lozoya Gómez.Miembro del Foro y de la Red de Hombres por la Igualdad.
A finales de 1978, en Valencia, una amiga me contó que pertenecía a un grupo que hacia abortos clandestinos para luchar por su legalización y me pidió prestado el piso para hacer los que tenían concertados para esa tarde. Accedí porque no encontré ningún motivo para negarme, sin imaginar que ese acto de solidaridad me iba a cambiar la vida.
Esa tarde conocí a un grupo de mujeres valencianas, andaluzas y gallegas, asustadas y dispuestas a enfrentarse a lo desconocido con tal de interrumpir un embarazo no deseado para retomar una vida que se había visto absolutamente alterada por la noticia de su gestación.
Las chicas que practicaban los abortos, sorprendidas por mi habilidad para ayudar a estar relajadas a las mujeres que esperaban turno para ser intervenidas, me ofrecieron ver un aborto y me propusieron integrarme en su grupo, a lo que accedí porque planteaban una batalla para ampliar las libertades en la que valía la pena participar.
En el largo año que duró mi experiencia, interrumpida en Sevilla por la policía, que acabo en juicio, condena e indulto, conocí a más de mil mujeres de todas las edades, ideologías, nivel económico o cultural, y provincias españolas.
La mayoría confesaba estar en contra del aborto hasta que su embarazo venciera sus resistencias, cada mujer tenía unos motivos para abortar, pero siempre eran lo bastante poderosos como para que cada una de ellas estuviera dispuesta a arriesgar su libertad y su vida. Podían ser condenadas con seis años de cárcel y la imagen que tenían del aborto clandestino era realmente truculenta.
Unas abortaban porque no querían ser madres en ese momento y otras porque no «podían» serlo. Estas últimas hubieran llevado a término sus embarazos de contar con el respaldo necesario. Social o de sus parejas.
Recién legalizada la anticoncepción su uso era aún minoritario, en casi todas las familias había algún hijo del doctor Ogino y la manida promesa masculina del «confía en mí cariño que yo controlo» demostraba ser de una fiabilidad muy limitada.
La práctica totalidad de los embarazos eran el resultado de eyaculaciones irresponsables en relaciones sexuales físicamente satisfactorias para los hombres y solo ocasionalmente para las mujeres, que no obstante siempre cargaban con las consecuencias. Esta constatación nos llevo a defender la difusión y uso de la anticoncepción y promover una educación sexual igualitaria que cuestionase el modelo sexual dominante.
Una educación sexual que me llevo a cuestionar la pobreza de la sexualidad masculina, que oscila entre el placer y el dar la talla, y esta a cuestionar los modelos masculinos tradicionales, es decir el machismo y sus manifestaciones.
A principios de los años 80, en una reunión de clínicas de abortos estimábamos en unos cien mil el número de los que se practicaban en España (la Fiscalía hablaba de 300.000) una cantidad que ha ido saliendo a la luz con la legalidad y creciendo al ritmo de la población. La legalización disipó las tinieblas de la clandestinidad, el riesgo para la salud de las mujeres y la indefensión de quienes los practican, pero no ha logrado un descenso significativo de los mismos porque no se ha avanzado nada en la educación sexual.
Hoy, cuando parecía que las mujeres habían consolidado su derecho al voto, el acceso a la educación, al mercado de trabajo y al control de la natalidad, la victoria del PP nos recuerda que todas las conquistas son reversibles, y en el caso del aborto nos obliga a desempolvar viejos argumentos: que la legalización no recomienda ni obliga, que el derecho de los fecundadores a opinar no puede prevalecer sobre el de las embarazadas, que si los hombres parieran el aborto sería legal, que se cuestiona la capacidad de decisión de las mujeres porque se las quiere mantener a ellas y a sus cuerpos bajo control, que si ellas son las que pueden parir ellas suyo es el derecho a decidir.
Indigna que se opongan al aborto las mismas personas que se oponen a la educación sexual, al control de la natalidad, a los servicios sociales y las que exigen a las mujeres anteponer el cuidado de sus hijos o familiares dependientes a su desarrollo personal en lugar de exigir a sus parejas corresponsabilidad en lo Doméstico.
Gallardón promete que ninguna mujer ira a la cárcel por abortar, lo mismo que decía el PSOE de principios de los 80, pero entonces eso significaba un avance y hoy es un serio retroceso.
