El ardid de la razón política

La división de las tareas espectaculares conserva la generalidad del orden existente  (Guy Debord, La sociedad del espectáculo).

Juan José Gómez: “En todas las revoluciones anteriores” -escribía Rosa Luxemburgo en la Rote Fahne del 21 de diciembre de 1918- “los combatientes se enfrentaban a cara descubierta: clase contra clase, programa contra programa. En la revolución presente las tropas de protección del antiguo régimen no intervienen bajo el estandarte de las clases dirigentes, sino bajo la bandera de un partido social-demócrata. Si la cuestión central de la revolución fuera planteada abierta y honradamente: capitalismo o socialismo, ninguna duda, ninguna vacilación serian hoy posibles en la gran masa del proletariado.”

Así, días antes de su asesinato, Luxemburgo descubría el secreto de las nuevas condiciones creadas a partir de la proclamación de la república parlamentaria alemana: la organización espectacular de la defensa del orden existente, el reino social de las apariencias donde ninguna cuestión central puede ser ya planteada abierta y honradamente. Los partidos democráticos, de los cuales la socialdemocracia alemana puede considerarse origen y modelo organizativo, habían terminado por convertirse a la vez en actor principal y resultado central de una descomunal falsificación política.

Comienza la precampaña de las elecciones municipales y se engrasan las maquinarias de los partidos, se proclaman candidatos  y se multiplican las notas de prensa, las vallas publicitarias, los folletos en los buzones, carteles, pegatinas, camisetas, bolis, globos y gorritas, señoras y señores trajeados estrechando manos por plazas y mercados, actores de moda pidiendo el voto…, y leemos y escuchamos que es necesario movilizarse, que el momento lo requiere, que la crisis exige acudir a las urnas masivamente y, lo que es más, es tiempo de alternativas: Izquierda Unida y su refundación; ICV y Espacio Plural; el PP y la alternancia de Arenas al alcance de la mano; el PSOE y su segunda modernización; la irrupción institucional de UPyD… Y en medio de todo esto los sindicatos y su huelga general “sin ánimo de molestar”. Llama la atención el continuo intercambio de papeles, la circulación de un espectro cada vez más limitado de conceptos y la forma en que los políticos presentan esos conceptos inmediata y naturalmente identificados con sus siglas y sus aparatos. Y en el fondo el discurso se reduce a cuál de los partidos mayoritarios va a gobernar y con qué bisagras.

¿Quién podría sorprenderse, entonces, de la indiferencia popular? ¿A dónde conduce esa indiferencia? Un reciente manifiesto de profesores universitarios contra la crisis señalaba que se había acotado el debate público de tal manera que era imposible discutir del asunto en sus justos términos, evitando así tratar cuestiones centrales como, por ejemplo, el de la propiedad del capital. A mí, por otra parte, esa afirmación me hace pensar en el modo en el que se acota el debate político general, lo cual conduce a la esencial identificación de los partidos, y me lleva a reflexionar sobre los mecanismos de administración del poder político en un sistema de partitocracia burocrática.

¿En qué sentido podemos interpretar la máxima popular de que todos los políticos son iguales? En primer lugar, con referencia a la identificación absoluta de las organizaciones políticas con el aparato del Estado. En los partidos existe una creencia derivada de su propia práctica que afirma que toda la política debe ser institucional, y ello parece demostrar el hecho del control democrático efectivo de los asuntos públicos: ningún partido plantea un programa más allá de las instituciones cuya forma aparentemente neutra, por otra parte, es la que fija los términos de su actividad y acota los discursos políticos de un modo que termina por equipararlos todos. Cualquier partido que pretenda acceder a la representación institucional debe respetar las reglas del juego o desaparecer, porque su propia supervivencia como organización, desde la perspectiva financiera y de visibilidad social, depende esencialmente de contar con representación institucional y, en suma, fundirse con el aparato del Estado. No son organizaciones sustentadas en la sociedad civil sino en su no existencia. Su dinámica parece similar, en un movimiento inverso como el del reflejo de un espejo, a la antigua nomenclatura soviética, que de la noche a la mañana se convirtió en dirigente de los diferentes partidos parlamentarios rusos con una facilidad mucho más sorprendente que el propio colapso aparente del sistema.

Es imposible saber cuántos cargos de confianza o libre designación existen en las administraciones públicas y mucho menos en la trama de agencias, empresas públicas, entes y organismos autónomos y similares, por no hablar de las empresas pesebreras relacionadas con los partidos que operan a la sombra de la opacidad administrativa y la descomposición de la justicia. Lo evidente es que se trata de prácticas y recursos que todos, sin excepción, emplean por igual y el número de colocados, sumado al personal de los partidos mismos y a los aspirantes a tal condición, corresponde a la mayoría absoluta de su militancia conjunta o, al menos, a la totalidad de sus cuadros.

Evidentemente la cuestión va mucho más allá de una llamada a la austeridad presupuestaria. Por supuesto, todo esquematismo es falso y la división aparente en la clase política muestra de por sí contradicciones reales e intereses relativamente opuestos de grupos o clases o subclases que no obstante aceptan las reglas del juego y buscan negociar su propia participación en el poder. Pero en conjunto se trata de un sistema esencialmente estanco: ningún partido hace política en la sociedad civil y todos se encuentran (o lo pretenden) fundidos con el Estado mientras mantienen su independencia aparente. La democracia representativa regulada de hoy consiste en una actividad de casta, electoral para todos y plebiscitaria para cada partido, cuya dinámica nunca ha sido perturbada ni mucho menos quebrada en España ni por arriba (los intelectuales) ni por abajo (las masas), a pesar de mitologías populares como la II República, el antifranquismo, la Transición o cualquier otra, y toda organización que históricamente haya reclamado para sí la representatividad de esos grupos aparece ahora como su mecanismo de gestión administrativa (del mismo modo que los sindicatos, por ejemplo, aparecen como representantes de la mano de obra cuando en realidad actúan y son reconocidos como sus dueños por los dueños del capital físico y financiero).

Es en ese sentido en el que me llaman la atención los términos “clase política” y “pluripartidismo”, que edifica su unidad sobre sus contraposiciones mientras esas contraposiciones son contradichas por su carácter unitario esencial. Si se quiere, por sus temas de conversación y sus formas jerárquicas de organización hasta convertir la democracia representativa en espectáculo: “la división mostrada es unitaria, mientras que la unidad mostrada está dividida”, dice Debord en La sociedad del espectáculo, de modo que ahora se trata de examinar de qué modo se despliega esa contradicción espectacular que, de hecho, corresponde a una unidad real: los partidos políticos como fracciones o corrientes del partido único de los políticos. Las alternativas aspirantes a obtener representación institucional no pretenden otra cosa que el ingreso en este club, y de ahí que todos se presenten ante el electorado apelando al voto útil, es decir, a la gobernabilidad o a cómo se puede influir sobre ella desde la condición de bisagra: el Gobierno y la Oposición puramente espectacular terminan por formar una misma cosa, en ningún caso la multiplicidad de programas políticos cuestiona la forma jerárquica y burocrática en la que se administra el poder.

Así reproduce la política la forma de la economía en las sociedades de consumo en una suerte de “parecido de familia” wittgensteiniano: la variedad de mercancías y posibilidades aparentes de elección corresponde a la variedad de opciones políticas, mientras que la dinámica de la división entre productor y consumidor y el propio sistema permanece invariable en todos los casos: igual que no existen productores-consumidores, tampoco existen electores-políticos y, en lo interno, la división entre bases y dirigentes reproduce la división entre trabajo y capital.

Todo elector de a pie que milita en un partido, tipo social cada vez más escaso y desprestigiado, no parece a sus pares hoy en día otra cosa que un iluso o un mitómano y, en cualquier caso, milita sólo por una identificación genérica y pasiva con las ideologías, pasiones o sentimientos que administra el partido, pero no participa de facto desde su organización en la gestión institucional ni del propio partido, que queda siempre a cargo de las “cúpulas”. Su rol político es sustancialmente diferente al de los dirigentes y de hecho la diferencia entre uno y otro es, digamos, esencial: a las direcciones de los partidos no se accede hoy en día por elección, porque para ello es necesario manejar una información de la cual las bases no disponen y, además, contar con un aparato y un circuito mediático de presentación de la propia candidatura (liberados, acceso a la prensa, etc.) que pertenece de por sí a la dirección y sobre la que los militantes de a pie no tienen control ni información alguna. De modo que todo acceso a la dirección es co-optación y la elección no es más que la forma ceremonial que toma el acontecimiento.

Por eso me parece que, en estos momentos, cualquier evolución lógica del sistema sólo puede ir en dirección golpista. Si hemos de buscar paralelismos históricos entre el hoy y el ayer, la situación es similar a la de Italia y Alemania en los años 20, donde la esencial relación entre parlamentarismo burocrático y fascismo quedó demostrada por el contraste entre la determinación con la que se reprimió la revolución y la tibieza complaciente con la que el propio sistema se hizo el hara-kiri tras algunos movimientos de salón por parte de los nazis y los fascistas, para renacer en forma de Estado corporativo donde las verdaderas relaciones de poder permanecían intactas. El proceso no mostró otra cosa que la culminación de la lógica partitocrática: gestión eficaz y rigor presupuestario.