El ataque a las energía renovables por parte del PP es una declaración de guerra contra Andalucía

El Gobierno del PP ha aprobado el Real Decreto Ley 1/2012 que supone un parón a la instalación de nueva potencia renovable con prima mediante la supresión de los procedimientos de preasignación de retribución y de los incentivos económicos tanto a las energías renovables como a la cogeneración y la producida a partir de residuos.

Así, cuando tenemos un 32% de paro el PP ha lanzado un ataque mortal contra la industria de las energías renovables que es el principal motor para cambiar nuestro sistema productivo, al mismo tiempo que defiende volver al modelo anterior basado en el ladrillo, lo que además de imposible sería tremente perjudicial para Andalucía ya que una economía basada en la construcción como locomotora provoca que las inversiones sean en sectores de bajo nivel de valor añadido, poca innovación y originen fracaso escolar y graves impactos ambientales y culturales.

Andalucía tiene una balanza de pagos deficitaria entre motivos porque importamos el 80% de la energía que consumimos. Las energías renovables suponen para Andalucía ser líderes en innovación energética; la posibilidad de ser autosuficientes ya que tenemos los recursos naturales necesarios y por lo tanto equilibrar nuestra balanza de pagos; sentar las bases de un modelo productivo de transición compatible con el medio ambiente; no ser vulnerables a la previsible subida imparable del petróleo y estar resguardado de los shock de oferta; avanzar en un sistema energético descentralizado que otorgue poder a las personas y a las comunidades; quedar al margen de las tensiones internacionales que originan la lucha por el control de la producción y distribución del petróleo; evitar las catástrofes ecológicas producidas por accidentes en el transporte del crudo que amenaza espacios tan sensibles como el estrecho de Gibraltar o la ría de Huelva e incluso el propio Parque de Doñana afectado por el proyecto de un oleoducto.

El sector de las energías renovables es uno de nuestros más importantes yacimientos de empleo y tiene que estar dotado de la suficiente seguridad jurídica no solo para los propios productores sino para que se pueda organizar todo un sistema de reciclaje de las personas en paro, formación de la gente joven e innovación científica y técnica de forma tal que permita crear empleo estable y de calidad.

Las energías limpias generaron 44.000 empleos entre directos e indirectos en 2011 y más de 11.000 millones de inversión en los últimos cuatro años. Además, hay 1.800 empresas en Andalucía que dependen del sector. De hecho, esta actividad ha servido para revitalizar zonas rurales gracias al desarrollo económico y social que suponía la puesta en marcha de un proyecto renovable en los municipios.

El sector de las renovables han incrementado su presencia en la economía andaluza y han superado a sectores tradicionales como el textil o la pesca, al tiempo que han ofrecido un balance netamente exportador. Países como EEUU han puesto a Andalucía como referencia en este ámbito e incluso empresas andaluzas de referencia, como Abengoa, han desembarcado en el país norteamericano para poner en marcha proyectos.

La aprobación del Real Decreto Ley 1/2012 supone la paralización legal del desarrollo de las energías renovables y tendrá graves consecuencias en un sector que, en los últimos dos años, ha perdido ya 20.000 empleos. La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) ha asegurado que el Real Decreto Ley 1/2012 “paraliza el sector» y destruye» un «tejido empresarial pujante», que se ha mostrado como «el que más empleos genera por megavatio producido». Por este motivo, APPA asegura que la norma «es un grave golpe a las posibilidades de recuperación económica» de Andalucía.

Sobre la pérdida de empleo, asociaciones como ASIF, de la industria fotovoltaica, estiman que solo en su sector se perderán alrededor de 10.000 empleos de los 15.000 (12.000 de ellos directos) que mantiene el sector. Sus cuentas son simples pero contundentes: el ahorro en primas rondará los 70 millones mientras el gasto en desempleo rondará los 120 millones. Incluso los que han salido mejor parados con la decisión del Gobierno del PP temen por el revuelo creado. Así, la asociación empresarial termosolar Protermosolar expresó su «profunda preocupación» por aspectos como el empleo y el desarrollo industrial.

«Estamos muy preocupados destacó ayer Barroso, presidente de la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean Renovables), de hecho, aseguró, el impacto sobre el empleo será «muy negativo», además, apuntó, no sólo el desempleo y las inversiones se verán afectados, sino el dinero que tendrá que pagar el Estado por la importación de petróleo, «que es previsible que se encarezca en los próximos meses».

Las empresas del sector han tenido que padecer la inseguridad jurídica a la que se ha visto sometido por los continuos cambios de normativa y rebaja de las primas. Estas han motivado un continuo enfrentamiento entre defensores de las renovables y compañías eléctricas, debido a que las primas, según los últimos datos de la Comisión Nacional de la Energía, suponen casi el 40% de los peajes eléctricos.

Actualmente la Junta de Andalucía está tramitando un concurso para asignar 1.000 megavatios (MW) eólicos a los que el Real Decreto Ley 1/1012 deja en una situación de indefinición jurídica.

El problema del paro masivo que padecemos no se solucionas con reformas laborales que solo pretenden destruir la capacidad negociadora de los sindicatos y someter a los trabajadores a condiciones de trabajo mucho mas duras con el chantaje del paro. El paro se soluciona invirtiendo para reformar nuestra estructura productiva para que sea competitiva, diversificada, sostenible y adaptada a los cambios que estamos viviendo. Por eso, lastrar al sector de las renovables es un atentado contra el presente y el futuro de Andalucía.