El bipartidismo actual impide el consenso para hacer frente a esta crisis cuya profundidad aún no se atisba. Zapatero y Rajoy, las cabezas visibles del bipartidismo español, son claros representantes de la insoportable levedad de la política en la crisis del desarrollismo, sobre todo el presidente del gobierno que por su función ostenta la máxima responsabilidad. Zapatero es hoy la máxima expresión de la decadencia de la socialdemocracia europea, aferrado a la escenificación permanente y que, como Penélope, espera angustiosamente cada trimestre el milagro de una nueva primavera que traiga los brotes verdes de la recuperación económica aunque cada vez es más consciente de que no habrá milagros y de que los brotes verdes sólo nacerán por la labor de una política que los siembre y los cultive, con el esfuerzo de todos y que, por lo tanto, requiere un reparto justo también de los recursos, y no sólo de los sacrificios, ya que cuanto más escasos son aquellos más equidad se necesita para este trabajo colectivo.
En el conjunto del estado, sólo en los territorios de las Comunidades Autónomos donde existen partidos nacionalistas fuertes se ha frenado esta dinámica, ya que han aportado tres importantes logros: suavizar la polarización social; dotar de más poder a sus territorios e incrementan la pluralidad social. No es casualidad que haya sido precisamente un partido nacionalista el que haya liderado la propuesta de pacto político.
Desgraciadamente en Andalucía el desarrollismo y el adelgazamiento de la democracia ha alcanzado la máxima intensidad. Se ha vaciado de contenido a nuestra Autonomía, con el consiguiente desacredito de las instituciones propias, no hemos logrado una mínima articulación social (por ejemplo no hay medios de comunicación social de ámbito andaluz que no estén sometidos al fuerte control de la Junta), la economía ha sido liderada en gran parte por los especuladores, la cultura andaluza orillada e incluso nuestras elecciones materialmente suprimidas. El resultado: un 26% de paro, la desaparición operativa del gobierno andaluz y una considerable subida de los conservadores de banderita roja y gualda a los que sin embargo una gran parte de la opinión pública de nuestra tierra desprecia y hasta teme.
En estas circunstancia el Presidente nombrado no por lo andaluces como tal sino por designación de su antecesor se debate entre la imperiosa necesidad de acometer cambios y retomar la iniciativa y el temor a desorganizar el aparato y el régimen clientelar, originando legión de agraviados, justamente en un periodo preelectoral, cuando más cohesión se necesita. Además los poderosos grupos de presión económicos, alimentados por el propio régimen a lo largo de treinta años, se preparan para un nuevo escenario buscando su mejor posición frente a la debilidad de sus compañeros de viaje. En todo caso, se mira siempre hacia dentro y nunca a las necesidades del Pueblo andaluz.
Creo que ahora, más que nunca, es necesario fortalecer el poder público legítimo frente a los poderes económicos responsables máximos de la crisis y en particular fortalecer el poder andaluz, la democracia y activar nuestra sociedad recuperando las redes sociales que permiten la autonomía frente a cualquier tipo de poder.
En estos momentos tal vez la mejor opción sea un gobierno de concentración en España y en Andalucía, con unos objetivos claros para reformar en profundidad nuestro sistema económico y adaptarlo a la nueva realidad del siglo XXI, un sistema que tiene que ser productivo frente a los especuladores, ecológico frente a los destructores de nuestro patrimonio natural y basado en el conocimiento tanto de los recursos humanos como del capital tecnológico; para garantizar el estado social y en particular las necesidades básicas de todos los residentes; para democratizar las instituciones y para equilibrar el poder territorial mediante una organización federal sin centralismos ni privilegios de los más fuertes.
Pero atención, la unidad, en estos momentos de emergencia, debe servir para combatir la crisis económica, reorientar la crisis política y evitar la crisis social. Es decir, es un medio, no un fin en si misma. Lo digo porque hay que tener mucho cuidado de que no nos la vendan como un fin en si mismo y que en realidad sirva para desmontar el estado del bienestar y repartirse lo que queda del patrimonio público.