El cambio prometido por el PP era dar un golpe desde el estado contra la convivencia y la democracia

Rafael Rodríguez de León|  La tesis que defendemos en este artículo es que establecer el objetivo de reducción del déficit público en el estado español como prioridad directa y absoluta, en respuesta a la profunda crisis que padecemos, supone un triunfo ideológico de la derecha y conduce a un deterioro profundo de la convivencia hasta el punto de que pone en peligro la propia democracia. Lo más importante en política (como en la vida) es ser capaz de configurar la agenda. Por ejemplo, no es lo mismo que al Banco Central Europea (BCE) le pongan como objetivo prioritario el control de la inflación, como ocurre ahora a pesar de que no hay problema inflacionario alguno (más bien todo lo contrario), que su objetivo sea la lucha contra el desempleo y por la cohesión social (no hace falta decir que el paro es el gran problema tanto en términos generales como por sus diferencias territoriales. En Andalucía hay un 35% frente a una media en la UE del 11%). Este “simple” cambio de objetivo transformaría completamente la situación actual en Europa.

La sociedad andaluza y, en particular, el gobierno de la Junta de Andalucía deben intentar cambiar ante la opinión pública ese objetivo y establecer como prioridad la creación de empleo y la transformación del actual modelo productivo asumiendo así la defensa de la convivencia y la democracia no sólo en Andalucía sino en el conjunto del estado. Andalucía, sobre la base de la unidad de la izquierda andaluza, tiene que representar la alternativa política, social, territorial y ambiental y ofrecer una salida de esperanza cuando “La democracia llora en un rincón” y “La indignación es poco para definir el clima que se respira en la calle” (Concha Caballero en “Crónica en negro”, El País Andalucía 14/07/12).

Los acuerdos del Consejo de Ministros del viernes 13 de julio de 2012, presidido en su parte primera por el propio monarca, pasarán a la historia de la democracia española como el peor atentado contra la convivencia desde intento de golpe de estado del 23F, representando una cumbre en la profundización de la trayectoria que comenzara Rodríguez Zapatero el 10 de mayo de 2010, cuando hizo suyo el “programa” de los mercados financieros y de Merkel de reducción del déficit público a costa de lo que fuese y al margen de cualquier racionalidad económica y social.

Lo más increíble de estas medidas (que van a hundir a gran parte de la clase media y llevar a la marginalidad a un sector muy importante de las clases trabajadoras y, por lo tanto, a poner en peligro las propias instituciones democráticas sustentadas, como es lógico, en la opinión pública), es que no producen resultado positivo alguno ni siquiera ante los actores financieros internacionales a los que, como sanguinarios dioses primordiales, se les está ofreciendo un masivo sacrificio humano. La prima de riesgo, después de este descomunal recorte, sigue por encima de los 600 puntos básicos y el interés que se paga por los títulos de deuda del estado en los mercados secundarios cercano al 7%.

Hemos repetido desde el principio en P36 que el déficit público ha sido consecuencia y no causa de la crisis específica española y que había que centrar la agenda en crear empleo y luchar contra el déficit privado, sobre todo el exterior, es decir, invertir y no desinvertir en la reforma estructural de la economía, en equilibrar la balanza de pagos y en impulsar los nuevos sectores económicos. El apoyo a las renovables, por ejemplo, cumpliría estos dos objetivos porque la mayor factura que pagamos en el capítulo de importaciones en la de importaciones energéticas y supone, al mismo tiempo, el soporte de la nueva economía. Esta deuda privada, que en su mayor parte está banquerizada (es decir que las empresas y familias han pedido el préstamo a los bancos y estos lo han financiado con créditos recibidos del exterior) es lo que ha provocado, por ejemplo, que durante el mes de junio los bancos españoles necesitaran créditos netos del BCE por valor 337.000 millones de €. ¡En un mes prácticamente el presupuesto anual del conjunto de todas las administraciones públicas españolas¡

Si el debate estuviese centrado en cómo y en dónde crear empleo y no en bajar el déficit público recortando derechos básicos y subiendo los impuestos sin plan estratégico alguno, si fuésemos capaces de reactivar la economía entonces se generarían más ingresos, disminuirían los gastos públicos, por ejemplo en la partida de subsidios por desempleo, y bajaría los intereses que pagamos por la deuda pública ya que la prima de riesgo sube por el “riesgo” a que el estado se declare insolvente (¡Es la tasa de paro el gran indicador sobre la solvencia del estado¡). Así, la lucha contra el paro y por un nuevo económico es también la lucha contra el excesivo endeudamiento público pero no como prioridad absoluta y directa sino como prioridad secundaria y de forma indirecta.

Llevamos más de dos años con esta agenda política sin resultado positivo alguno, al contrario provocando una nueva recesión, y lo único que hace el Partido Popular es echar más mucha madera al incendio social que se avecina. El desmontaje del estado social es un ataque frontal contra la clase media que se está escindiendo entre la movilización y una deriva centralista y antipolítica alentada por UPD que ofrece el mito del nacionalismo español como referente de “la autoridad perdida” que aún permanece en los viejos imaginarios colectivos heredados del franquismo. Pero sobre todo la política del Partido Popular está arrojando a la marginalidad a amplios sectores de las clases trabajadoras, primero sin trabajo, luego sin subsidio y muchos sin vivienda. Ya sabemos lo que el inconsciente Partido Popular siente al respecto: ¡que se jodan¡

¿Qué va a ser de miles de pequeños comerciantes que resisten a duras penas cuando tengan que subir el IVA en septiembre? ¿Y de los trabajadores y promotores de la industria cultural que han visto cómo les han subido de golpe el IVA del 8% al 21%? ¿Cómo van a poder vivir los funcionarios que han reducido su salario a golpe de boletín oficial en una media del 30% en dos años y a los que además se le sube la jornada laboral? ¿Qué va a ser de los autónomos a las que se les sube las cuotas de la Seguridad Social en una media de 225 € y además se aumentan sus retenciones por rendimientos profesionales del 15% al 21%? ¿Qué va a ser de los parados a los que se les reduce del 60% al 50% la prestación a partir del sexto mes? ¿Quién podrá acceder a una vivienda de protección oficial si han suprimido las subvenciones a los préstamos para su adquisición? ¿Si nos habían asegurado que había que retrasar la edad de jubilación porque no salían las cuentas, cómo se podrán pagar las pensiones si ahora reducen en dos puntos porcentuales (entre 2012 y 2013) las cotizaciones de la Seguridad Social poniendo en peligro su financiación? ¿Cómo van a sobrevivir los que lo hacen gracias a la ayudas de la ley de dependencia si han vuelto a recortar 195 millones de €?

Pero, sobre todo, ¿qué va a ser de los jóvenes? Tienen más del 50% de paro, cerca de un 25% ni estudia ni trabaja y precisamente el segmento más dinámico, el que debía servir de referente, el que trabaja en las Universidades y en los Centros de Investigación, va a ser despedido masivamente sin contemplaciones y sin que al estado le importe un bledo que se pierda todo su esfuerzo, todo el trabajo de innovación técnica y de investigación científica que están actualmente realizando. ¡Hasta la simbólica (la habían suprimido) Renta Básica de Inserción (ayuda al alquiler) la han rebajado de 210 a 147 € para los que ya la tenían concedida¡

Es obvio que esta crisis social está provocando una crisis política sin precedentes. El desprestigio de los partidos ha llegado a cotas inimaginables. La percepción social mayoritaria es que no tienen funcionalidad social sino que son un sindicato de intereses corporativo, que los programas electorales son tan solo un señuelo para pedir el voto y que no sólo se incumplen cuando se gobierna sino que se hace justamente lo contrario con alguna burda excusa de que las circunstancias han cambiado. En especial, el comportamiento del PP y del PSOE en el Congreso está, no ya al margen de la opinión pública, sino contra la opinión pública. El bipartidismo que hemos conocido se resquebraja sin vuelta atrás a pesar de intentar trucos como la supresión del 30% de los concejales en los municipios. Un hipotético pacto PP – PSOE en el estado, explícito o implícito, posiblemente supondría un golpe mortal a las instituciones constitucionales ya suficientemente desprestigiadas por la corrupción y la inoperancia (Monarquía, T. Constitucional, T. Supremo, CGPJ, T. Cuentas, Parlamentos, Diputaciones, Ayuntamientos, RTVE, Banco de España, etc.)

A la sociedad andaluza y en particular al gobierno andaluz, desde la defensa de nuestro autogobierno, le corresponde ofrecer una alternativa, una esperanza, una salida a este círculo infernal que ha provocado situar al déficit público como el objetivo exclusivo del gobierno. Hay que tener en cuenta que nuestras previsiones son que a finales de año, con estos descomunales recortes, el paro en Andalucía alcance la insoportable cota del 40% y que la estrategia del gobierno central sea la asfixia financiera del gobierno andaluz y el descrédito ante la opinión pública, española e internacional, del estado de las autonomía y de la autonomía andaluza en particular (véanse las últimas declaraciones al respecto de Durán i LLeida, Esperanza Aguirre o Rosa Díez).

En el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera el ministro Montoro se negó a compartir con las Comunidades Autónomas tanto los rendimientos por la subida del IVA como el margen de endeudamiento que la Unión Europea le ha concedido a España al retrasar en un año el objetivo de déficit para 2012. Sabe que la educación y la sanidad pública dependen de las Comunidades Autónomas y que no hay mejor manera de empujar hacia su privatización que obligando a las Comunidades Autónomas a que recorten hasta que la calidad sea tan baja que la propia opinión pública deje de resistirse a ello. Ahora preparan una Ley “de unidad de marcado”, una nueva LOAPA, que van a colar ante una opinión pública insensibilizada por tanto sufrimiento, impulsan a las Diputaciones como una cuña en la estructura autonómica e incluso el “mecanismo de ayuda financiera a las CC.AA” (una especie de póliza de crédito del estado a las CC.AA.) puede ser un mecanismo perverso ya que una de sus consecuencias es que “los que no paguen sus deudas podrán ser intervenidos”. De esta manera habría una excusa para intervenir Andalucía (si no pagara los créditos que hubiese pedido a ese fondo) sin necesidad de intervenir a las Comunidades más endeudadas como Cataluña, ante la que obviamente ni quieren ni se atreven.

La tarea política que proponemos es tan complicada como imprescindible y debe sustentarse en una comunicación fluida entre la sociedad andaluza y nuestras instituciones de autogobierno. La sociedad andaluza debe conocer la verdadera situación, compartir un proyecto estratégico y participar en las decisiones más difíciles cómo por ejemplo las grandes bases del presupuesto del 2013, sobre desde el que ya habría que ir informando a la opinión pública.

Andalucía tiene que ser un ejemplo en el estado a la hora de articular mecanismos de solidaridad para los que lo necesitan. No se puede contribuir a la invisibilización de los dramas sociales sino todo lo contrario. Esa es la tarea del gobierno ahora y no la gestión de la asfixia económica. Andalucía tiene que tener un proyecto estratégico conocido y participado de creación de empleo en el marco de una nueva economía; tiene que estar preparada para contrarrestar la nueva ley de costas que está preparando el gobierno de Rajoy que amenaza con destruir nuestro ya destruido litoral, nuestra memoria cultural y nuestro patrimonio natural. Andalucía tiene que poner en marcha un banco público que reactive nuestra economía financiando a familias y a empresas de acuerdo con el proyecto estratégico. Andalucía tiene que ofrecer al estado otro modelo de financiación autonómica que salvaguarde en todo caso la igualdad en la educación y la sanidad pública así como los servicios sociales básicos en el marco de un proyecto acabado de estado federal viable sobre nuevas bases fiscales. Andalucía tiene que tener voz en Europa, tejer las alianzas necesarias para que una nueva opinión pública europea exija una Europa democrática y una Europa que haga frente a la crisis de un modo totalmente distinto al actual.

Cuando Andalucía quiere, Andalucía puede y Andalucía quiere cuando tiene los valores y los términos del conflicto muy claros. Creemos que hoy los valores son los de la conexión entre sociedad y nuestro autogobierno, la defensa del estado social y de la democracia desde nuestra propia identidad, es decir los valores que unen a la izquierda andaluza tal como ocurrió el 28 de febrero de 1980 y que el conflicto lo es entre la autonomía andaluza y el gobierno del PP, por eso no podemos permitir que ninguna fuerza progresista colabore o gobierne con el PP en ninguna institución del territorio andaluz. Después de este viernes trece de julio eso sería situarse sin excusas contra el pueblo andaluz.

La conexión entre la sociedad andaluza y nuestras instituciones de autogobierno es el eje central de nuestro discurso. Implica por un lado la movilización creciente de todos los sectores sociales (es imprescindible la participación masiva en las manifestaciones que han convocado los sindicatos para el 19 de julio) y al mismo tiempo una política desde el gobierno que prime por encima de todo la corresponsabilidad con la sociedad andaluza y que eleve al parlamento andaluz como la institución de referencia de nuestra democracia real.