El cazador de elefantes y el pacto de izquierdas en Andalucía

La democracia contemporánea, entre otros fundamentos, se basa en un equilibrio entre la Constitución y la soberanía popular. La soberanía popular se expresa en la capacidad decisoria del parlamento elegido través de elecciones periódicas mediante sufragio electoral universal, libre y secreto. La Constitución constituye un límite para la soberanía popular justificado sólo para determinadas funcionalidades imprescindibles que tienen que expresar un profundo consenso social de carácter estructural en el tiempo: la protección de las minorías (incorpora la garantía de los derechos y libertades); la organización de las instituciones democráticas tanto verticales (esencialmente los tres poderes –legislativo, ejecutivo y judicial- y la relación entre ellos) como horizontales (organización territorial del estado); un marco muy amplio de consenso político – económico (que en nuestro caso se plasma sobre todo en su título VII dedicado a “economía y hacienda”) y la instauración de un árbitro para los grandes conflictos: el tribunal constitucional.

La tesis que quiero defender en este artículo es que la mala gestión de la crisis por parte del PSOE y del PP está quebrando este delicado equilibrio porque, aunque tienen entre ambos una sobrada representación formal “ahora”, están siendo incapaces de expresar el consenso social de carácter estructural, precisamente cuando es más necesario que nunca.

Veamos brevemente las líneas de ruptura del consenso estructural:

a)      La reforma “express” de la constitución acordada por el PSOE y el PP al final de la última legislatura ha sobrepasado los límites razonables del marco constitucional y ha supuesto una “ingerencia” injustificable en la soberanía popular en esta materia ya que el techo de déficit público es un instrumento de política económica sujeto al debate político y no un “límite estructural del consenso político -económico”. Esta limitación, vía Constitución, del juego parlamentario ha supuesto una carga de profundidad contra la legitimidad de las decisiones económica que expresan el pluralismo político.

b)      La ausencia de regulación constitucional de las relaciones entre el estado y la Unión Europea, que debería plasmarse en el título VIII concretando también la distribución competencial que a ésta le corresponde, provoca una continua merma de la soberanía popular agravada tanto por el carecer ademocrático de su actual estructura como por la percepción social de que la Unión Europea está actuando como correa de transmisión de “los mercados”.

c)      Los escándalos que están afectando a la casa real, muy condensados en el tiempo tales como el paso por los juzgados de Undargarín (corrupción); el accidente de Felipe Juan Froilán (uso ilegal de armas) o el desvelamiento, al haber sufrido un accidente, de que el rey estaba cazando elefantes en África (lujo y crueldad), están suponiendo una importante ruptura emocional entre la ciudadanía y la monarquía, precisamente en una institución en la que más impostado fue el consenso constitucional al ser consecuencia de un ejercicio de pragmatismo político durante la transición pero que contravenía frontalmente el principio de igualdad sobre la que se asienta la propia constitución.

d)      El ataque a la configuración resultante de la estructura territorial del estado basada en el principio de igualdad de derechos y diferencia de identidades que logró plasmar Andalucía al ganar el referéndum del 28 de febrero, por parte de la derecha centralista y nacionalista de algunas comunidades del norte. Estas fuerzas políticas quieren involucionar para que los centros de poder político vuelvan a coincidir con los centros de poder económico y no con los centros de expresión social. Andalucía es un espacio de expresión social indiscutible tanto por nuestra identidad como por nuestro peso demográfico y territorial aunque no ha logrado construir un poder económico autónomo. La derecha quiere quitarnos el poder político para que no interfiramos en el reparto de los recursos cada vez más escasos.

e)      La falta de operatividad del Tribunal Constitucional que tiene pendiente de resolver conflictos desde el año 1998 y su crisis de legitimidad por las interferencias en su composición mediante el bloqueo a su renovación por los intereses partidistas del PP y del PSOE, está invalidando también al árbitro que es la garantía en última instancia del equilibrio entre la constitución y la soberanía popular, cualquiera que sea su ámbito nacional de expresión.

La situación es por consiguiente extremadamente peligrosa ya que a una visible situación económica que amenaza con la bancarrota del estado por la mala gestión de los dos grandes partidos se une esta soterrada crisis constitucional. Es más, parece evidente que ambas se retroalimentan y tienen en común el fracaso del PP y del PSOE en esta coyuntura lo que implica la crisis de este sistema político en su conjunto ya que se ha basado precisamente la alternancia bipartidista.

La esperanza de que el PP iba a saber gestionar la crisis se ha desinflado con una rapidez pasmosa. Andalucía, a través de sus propias elecciones, ha sido la encargada de levantar el acta notarial de este fracaso. Ahora queda un largo calvario de sobresaltos a base de “prima de riesgo”, recortes sociales, aumento de la tasa de paro, caída del PIB, etc. bajo la afilada amenazada de una intervención europea por otra parte imposible por la propia dimensión de la economía española. Paradójicamente sólo una victoria contundente de la izquierda en Francia puede allanar el camino para un cambio en la política económica europea, imprescindible para salir del círculo vicioso en el que nos han introducido el PP y el PSOE.

Por su parte, el PSOE representa ahora mismo todas las contradicciones de la política española. Su gestión durante la última legislatura ha provocado un naufragio sin precedentes de la economía evidenciando que carecía de instrumentos cognitivos para liderar al estado frente a la crisis, confirmando así, de forma dramática, la caducidad del modelo socialdemócrata. La crisis es una crisis de estancamiento económico que está rompiendo todas las costuras que contenían la desigualdad estructural del sistema y por lo tanto está abriendo de nuevo la brecha entre la izquierda y la derecha. El PSOE tiene un pie en ambas pero necesita andar en una u otra dirección.

La derecha del PSOE, ligada a intereses económicos de las grandes corporaciones globales, tiene en su hoja de ruta el pacto con el PP, permitiendo inclso la utilización de la constitución contra la soberanía popular aún a costa de romper el consenso estructural necesario que justifica la limitación de ésta. Esta vía implica profundizar en la brecha que abrió la reforma express de la constitución; no actuar para democratizar la Unión Europea de forma que sea un freno a los mercados y no su correa de transmisión; forzar la involución de la democratización del poder territorial que consagró a Andalucía como un sujeto político específico y relevante; impedir la normalización democrática de las instituciones del estado e incluso restringir los derechos y libertades para achicar el espacio de las movilizaciones populares.

La otra dirección está ahora mismo centrada en Andalucía. La constitución de un gobierno fuerte de izquierda, a pesar de todas las limitaciones tanto del PSOE como de IU, trasciende la suma de ambos. Puede implicar el contrapeso político, social y territorial necesario para frenar la involución democrática y ensayar una salida a la crisis que rompa el círculo vicioso de las política procíclicas centradas en el déficit público (que están recortando de forma suicida el gasto público y sobre todo las inversiones estratégicas en energías renovables, investigación y desarrollo, infraestructuras del conocimiento o formación y enseñanza); evitar el desmantelamiento del estado social (salud, enseñanza, desempleo, pensiones o dependencia) e impedir que la nueva santa alianza entre la derecha madrileña y la “liga del norte a la española” machaquen a Andalucía.

Los andalucistas siempre hemos intuido que la defensa de Andalucía no sólo es legitima sino que lleva consigo la defensa de todos los intereses generales en los distintos ámbitos territoriales porque el andalucismo está cimentado en los valores democráticos, igualitarios y universalistas que a su vez definen el patrimonio axiológico común de la izquierda. Por ello todo lo que fortalezca a Andalucía implica hoy, más que nunca, fortalecer la esperanza de que puede haber una salida no traumática de esta crisis que aún no han percibido en su verdadera dimensión los partidos tradicionales.