El Decreto Ley 8/2010. (I)

La publicación del RDL 8/2010 por el que se adoptan medidas extraordinarias para reducir el déficit público, ha supuesto un antes y un después para todo nuestro sistema social.

 

Estas medidas, adoptadas al límite del precipicio bajo presión internacional, sin estrategia de futuro y de forma improvisada, pueden ser el detonante de una crisis en la crisis de consecuencias imprevisibles. Ni siquiera han servido para aplacar a los mercados que ya han dictado sentencia: Zapatero no sabe a donde va. Creo que así hay que interpretar que al día siguiente de su publicación el diferencial con el bono alemán a 10 años se elevara a 157,30 puntos y la bolsa sufriera una caída un 3%, llegando el IBEX a los 9.000 puntos.

 

Estamos viviendo uno de los momentos más críticos desde el inicio de la democracia. ZP tiene el síndrome del conductor borracho que además no sabe conducir. Ha demostrado su ineptitud para dirigir al Estado en unos momentos en los que ya no sirve el piloto automático y en los que es necesario trazar el rumbo con pericia y sentido común, pensando en los intereses generales, en el sufrimiento que el paro supone para millones de personas y en la necesidad de trazar una salida de futuro.

 

En primer lugar, ha fallado y sigue fallando el diagnóstico de la situación. Llevamos mucho tiempo insistiendo que se trata de una crisis producto, en última instancia, del agotamiento del sistema global que se enfrenta a sus propios límites externos e internos, a los que lleva mucho tiempo eludiendo mediante el recurso al sector financiero como motor del crecimiento y que ahora, cuando han estallado algunas de las burbujas que éste ha generado, se encuentra en situación crítica: a su propio agotamiento suma la reducción del valor de los activos, la contracción de la demanda agregada y enormes desequilibrios mundiales entre Estados acreedores y deudores. El propio FMI, a través de su director de asuntos monetarios, José Viñals, reconoció ayer en Madrid que “el mundo rozó el colapso en mayo”.

 

En este contexto de crisis sistémica, turbulencias, incertidumbre y riesgo, la Unión Europea está sufriendo su propia inconsistencia: fracaso del proceso de dotarse de una Constitución, creación del euro al margen de las instituciones comunitarias, renuncia a su identidad social, política y moral y desequilibrios territoriales internos.

 

España ha construido sus instituciones actuales en la arena del desarrollismo. Pensábamos que nos podíamos permitir todo tipo de ineficiencias porque vivíamos subvencionados cuando en realidad estábamos endeudándonos para invertir, mucho más de lo razonable, en consumo y en vivienda residenciales. Ningún partido se ha salido de este guión. Ni la derecha ni la izquierda, ni los centralistas ni los nacionalistas.

 

Es en esta coyuntura cuando ha tenido lugar el “accidente Zapatero – Rajoy”. La destrucción social que han generado no tiene parangón en la democracia. Lo mismo hubiese ocurrido seguramente en la legislatura de Aznar o en las anteriores aunque ZP y Rajoy han demostrado una extraordinaria fe ciega en la capacidad de recuperación del sistema, en la fortaleza del capitalismo, y una voluntad electoralista tan ambiciosa que les ha impedido cualquier reacción, cualquier reflexión, cualquier reflejo.

 

La situación actual se puede resumir en que tenemos una deuda externa que supone el 180% del PIB y que con estas medidas (y las que seguirán como la reforma laboral) nos encaminamos a una segunda recesión pero en un contexto absolutamente distinto de la primera: en un entorno de déficit público que afecta a todos los niveles de las Administraciones. Es decir que podemos encontrarnos con 5 millones de personas en paro y sin dinero público para ayudarles a sobrevivir y a reciclarse.

 

Todo ello adobado con una profunda crisis política que afecta a los altos tribunales del Estado, a la moral pública (corrupción de la clase política), a su credibilidad (la mentira y la demagogia como instrumentos habituales) y con un presidente de gobierno amortizado.

 

Las principales amenazas de naturaleza política que se pueden deducir de esta situación son:

 

a)     Los recortes pueden llegar a un 30% de los gastos públicos, lo que inevitablemente va a afectar a las estructuras básicas del Estado del Bienestar: educación, salud, pensiones, subsidio de paro, servicios sociales y empleo público.

 

b)    Cuestionamiento de las estructuras territoriales descentralizas: colapso de los ayuntamientos y cuestionamiento de las Comunidades Autónomas tanto desde la perspectivas de los nacionalismos insolidarios de las burguesías del norte como de los centralistas.

 

c)     Convocatoria de elecciones anticipadas y victoria de la derecha, a pesar de los escándalos de corrupción, que impondrá un programa inequívoco: bajada generalizada de salarios (reforma laboral); utilización de los inmigrantes como chivos expiatorios; opción nuclear y privatización de los servicios y funciones del Estado. Es decir, escarbar en el agujero.

 

Frente a estas amenazas es necesario levantar la bandera del realismo político que debe partir de la evidencia de que el sistema capitalista globalizado está en crisis y que esta crisis puede conducirnos a la barbarie si no conseguimos un amplio consenso social en torno a una salida propia, estable, sostenible y solidaria de la crisis.

 

Esta alternativa tiene que ser una estrategia de transición imaginativa que se aparte de los tópicos y de los lugares comunes. Es una situación nueva que requiere nuevas soluciones y por lo tanto un debate urgente de nuestra sociedad.