El doble fraude de los ERE

El dictamen final de la comisión de investigación parlamentaria  sobre los ERE ha resultado, como desgraciadamente era de esperar, un auténtico fraude político. La comisión de investigación ha resuelto el fraude económico de los ERE con un fraude parlamentario no menor. No hay responsabilidades políticas de ningún tipo, se condena las prácticas pero no a los practicantes. Guerrero y el chofer  (los dos malos oficiales de esta película) montaron todo el tinglado; el gobierno, los consejeros, el PSOE pasaban por allí.

El papel de IU en esta comisión es muy lamentable. Las pocas esperanzas de que la comisión de investigación de verdad investigase estaban depositadas en IU. Pero IU no ha sabido, o no ha querido,  jugar el papel de catalizador del cambio de la izquierda  andaluza que sus votantes le habían otorgado y ha jugado en el mismo bando que los sospechosos.

Pero lo más lamentable del dictamen no es la absolución por omisión de las responsabilidades políticas reales, sino la ausencia de  una reflexión crítica sobre las condiciones legales  e institucionales que han permitido que él fraude de los ERE ocurriera. Los casos de corrupción de los ERE son el producto indirecto de la  brutal externalización de  servicios públicos y  funciones administrativas de la Junta de Andalucía hacia empresas y entidades que se rigen por el derecho privado. Estas empresas públicas  y  privadas  han gestionado de hecho gran parte del presupuesto de la Junta de Andalucía sin los controles legales que el derecho administrativo establece para la fiscalización del gasto público. En estas condiciones de ausencia de controles era cuestión de tiempo y de sinvergüezas que la corrupción surgiese.

El fraude parlamentario es también evidente. Después de ver el dictamen  de esta, y de otras muchas comisiones de investigación, cualquier ciudadano se preguntará sobre la utilidad de este tipo de comisiones. La respuesta  es rotunda, ninguna o algo peor que ninguna: refrendar siempre la versión de los investigados. Algo así como si  los tribunales de justicia tuvieran la obligación  de  dar  siempre la razón a los acusados. En las  actuales  comisiones de investigación parlamentarias no es que se respete el principio de presunción de inocencia es que está prohibido revocarlo.

Mientras que no se cambien los reglamentos de las cámaras legislativas esto es lo que podemos esperar. Si las comisiones  de investigación se elijen  representando  a la mayoría parlamentaria que es la que sostiene al gobierno, que es, habitualmente, el investigado,  las comisiones de investigación serán escasas o un mero paripé, como esta.

Hay que cambiar la forma de elección y la composición de las comisiones de investigación parlamentaria. El modelo mixto (político-juridico) norteamericano, y en general anglosajón, ha mostrado una mayor eficacia y confiablidad, que el modelo continental que se aplica en el Estado español.  Puede ser un punto de referencia para el cambio. Si esto no se modifica más vale  que nos ahorremos  bochornosos espectáculos como el que ha dado esta comisión.