El Estado de Derecho

Francisco Garrido. Para muchos personas  todo el mundo  es inocente salvo que se demuestra lo contrario, o  sea acusado de delitos especialmente repugnante para el grupo afectado. Así la simple acusación de corrupción es para mucha gente, medios  de comunicación incluidos,  ya una condena que debe llevar aparejado la muerte civil y política del acusado acusada. Es la ideología Alaya, mucho más peligrosa par la ley  que los delitos que dice  combatir.   No digamos si la acusación  es algo que tenga que ver, aunque sean chistes en twitter,  con el terrorismo o el yihadismo, entonces hay un salto procesal abismal y la  fase de instrucción es sustituida  por la de ejecución. Por supuesto todo lo que tiene que ver con la violencia de género o los crímenes ecológicos, son delitos  en el procesamiento equivale a condena moral y mediática.

Y no digo que todas las acusaciones  de esos delitos  terminen en condena judicial, ni mucho menos más bien concluyen  en lo tocante a género y ecología  corrupción, en  lo contrario; sino de la condena  moral y el escarnio público que conlleva. Afortunadamente el sistema judicial se resiste, aunque  con debilidades crecientes a este populismo penal que se ha instalado en España , pero el daño que se hace a la cultura del garantismo y al soporte social  del Estado de Derecho puede ser fatal.  En este ambiente bastaría que los diques institucionales   que separan a la  opinión pública del sistema judicial se agrietaran , para que  el espantoso e injusto de los totalitarismo nos arrasara.

Pero lo mas preocupante es que esta ideas  hayan prosperado entre causas tan progresistas como el ecologismo, la lucha contra la corrupción o el feminismo.  Hay mucha gente de izquierda  que ha legitimado  lo que podríamos llamar una suspensión teleológica de la verdad procesal, que es la única verdad a la que los seres racionales finitos tenemos acceso. La intención noble, y compartida, de perseguir estos  horribles crímenes  justificaría la suspensión ad hoc (para este tipo de delitos),  de las garantías  procesales. Vamos  pues  hacia  una especie de “estado de excepción” mediático y moral para los delitos que causan especial  rechazo moral en cada uno de los colectivos sociales.

La impotencia política sirve de abono para este moralismo antigarantista. Cuanto menor es la capacidad de cambiar realmente las cosas mayor es la exigencia de chivos expiatorios. Pero olvida esta izquierda que a las garantías y el Estado de Derecho es una condición de posibilidad formal y material para la existencia y la protección de cualquier derecho y que si se promueve una cultura  política que deteriore  esta condición, se deteriora  irreversiblemente todos los derechos, especialmente aquellos que aun ni mínimamente se cumplen hoy en día, como la igualdad de género, los derechos de las generaciones  futuras o de los animales . La universalidad de la ley por un lado, y la la  exigencia  de la verdad objetiva en  la construcción  de la prueba como base de la verdad procesal.    es la mayor conquista normativa  y epistemológica de la izquierda  y de la humanidad contra la barbarie.