El Estado de las Diputaciones

EL ser humano tiende al caos tanto como lo evita. El equilibrio emocional se ansía cuando no se tiene y escuece cuando se consigue. A España le ocurre algo parecido. España es una noción polisémica que bascula permanentemente como el péndulo de Foucault. A un extremo, el nacionalismo españolista, confesional y excluyente. Al otro, la España plural, laica e incluyente. En contra de lo que pudiera parecer, ninguna de las dos nociones ha existido nunca en estado puro. Aunque puestos a elegir, es infinitamente más acertada y veraz la segunda que la primera. Y el vigente Estado de las Autonomías, con todos sus desperfectos, lo demuestra.

España jamás fue una, grande y libre. Que una dictadura utilice la palabra libertad equivale a nombrar la soga en la casa del ahorcado. La pretendida grandeza territorial y espiritual se desvaneció con la pérdida de las colonias musulmanas y negras. La económica, con el hambre y la emigración de posguerra. Por último, España tampoco fue una. Franco concedió a Vizcaya y Álava sus fueros en 1959. Poco tiempo después lo hizo con Cataluña, Baleares, Galicia, Aragón y Navarra. Por supuesto, no con Andalucía por «derecho de conquista». Desde entonces, las consecuencias patrimoniales de la muerte o del matrimonio, por ejemplo, hacen diferentes a unos españoles de otros según su vecindad civil. El Estado de las Autonomías no es el responsable de que los catalanes se casen preferentemente en separación de bienes. O de la libertad de testar que disfruta un navarro. O del calor civil que reciben las uniones hecho en esos territorios frente al frío desolador de las Castillas, Andalucía o Extremadura: allí heredan o adoptan; aquí no.

España no es una identidad nacional: son muchas. El DNI acredita la españolidad del individuo. Pero no se trata de un documento de «identidad nacional»: lo nacional es el documento. Aún más, la españolidad es sólo el vínculo jurídico y político que ata al ciudadano con el Estado. En rigor, deberíamos cambiar el término nacionalidad por el de estatalidad. Porque es española la ciudadana vasca y atea que habla euskera. Y el catalán que no quiere serlo. Y el militar colombiano gay o el musulmán de padres marroquíes que reza antes de hacer guardia. Tanto como Dujshebaev o Senna cuando defienden las selecciones españolas de balonmano o fútbol.

El ataque injusto y manipulado al Estado de las Autonomías proviene de ese nacionalismo españolista al que todavía le repugna lo diferente. El argumento económico es burdo y falso. Quizá sobren los pinganillos (sólo porque la traducción interna es al castellano). Pero puestos a eliminar, que desaparezca el Senado como cámara de corrección ortográfica (los parlamentos autonómicos no la tienen) o que se convierta decididamente en la cámara territorial que todavía no es ni quieren que sea. Y sobre todo, que se eliminen las diputaciones. La verdadera duplicidad administrativa en España se da con ellas. Pero quien maneja el péndulo ha decidido cambiar de extremo. Con la complicidad ciega de los españoles de pura raza que hablan en cristiano.

Artículo publicado en El Día de Córdoba