Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Rafa Rodríguez
Las debilidades y contradicciones del proceso independentista que está impulsando la Generalitat de Cataluña impiden que el 1 de octubre sea una estación término. Sin embargo, su potencia como movilización popular lo convertirá en el punto de arranque para una nueva configuración de la organización territorial en todo el Estado y de una nueva configuración del sistema político de partidos, porque siempre ha ido unido a los grandes cambios en la estructura territorial, el cambio en la correlación de fuerzas entre partidos.
La debilidad del movimiento independentista catalán parte de una lectura errónea de la fuerza que necesita para conseguir que haya un referéndum de autodeterminación. O hay acuerdo entre las partes o se necesita una amplísima mayoría política y social tanto para convocarlo como tomar la opción de ruptura.
No es un problema específico de la constitución española sino de las contradicciones en el proceso de cambio que vivimos. Para hacer frente a los efectos de la globalización y su crisis necesitamos pasar de las constituciones aisladas y fragmentadas existentes a un sistema de constituciones interrelacionados, pero la plasmación constitucional de la nueva realidad política y social encuentra el obstáculo del dogma de la soberanía única. El principio de indivisibilidad de la soberanía ha dejado de ser el fundamento de la Constitución para convertirse en el principal escollo para la realización efectiva de la democracia pero para superarlo son necesarios procesos de amplia base social y política.
Optar por exiguas y contradictorias mayorías políticas y sociales (mayoría simple para decidir la independencia) conduce a fracturar a la sociedad catalana y a triturar todos los mecanismos democráticos en el parlamento catalán, como ha puesto de manifiesto el portavoz ecosocialista Joan Coscubiela en su brillantísima intervención durante el lamentable pleno en el que se aprobó la ley de transitoriedad.
La continuidad del movimiento nacionalista catalán necesitará después del 1-O un cambio completo de guion (el diálogo político frente a las decisiones unilaterales), de proyecto (un proyecto de contenido también económico y social frente a la falta total de contenidos de la alianza de la derecha catalana y la izquierda sectaria de la CUP) y una nueva dirección política.
Para este cambio de escenario solo una persona se presenta con el suficiente capital político para liderar el nuevo proceso, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Representa a la izquierda social que ha sabido entender las instituciones democráticas al mismo tiempo que ha contribuido a hacerlas mucho más inclusivas. Por eso es una líderesa que tiene la credibilidad suficiente para reparar los abusos antidemocráticos en los que ha caído la actual mayoría parlamentaria y lo que es más importante, la credibilidad para recomponer a la fracturada sociedad catalana.
En este torbellino de confusiones está siendo capaz de no enfrentarse a la opinión pública soberanista (gente suya muy cercana como Pisarello tiene un discurso afín a ellos) al mismo tiempo que comparte organización con personas que representan a la izquierda política y democrática, como el citado Joan Coscubiela; de convocar un acto propio en la próxima Diada y de homenajear a los mossos de escuadra a pesar de las acusaciones de haber llevado a cabo “ejecuciones extrajudiciales (sic)” que ha formulado la CUP frente a ellos. Su decisión de no poner urnas en Barcelona a no ser que la Generalitat garantice a los funcionarios inmunidad desactiva materialmente el referéndum en toda Cataluña al mismo tiempo que también la protege frente a la amenaza de procesos penales con resultado de inhabilitación política. Y ha sido capaz de poner el capital político de Podemos y de Pablo Iglesias a su favor aunque posiblemente este trasvase de capital político le cueste a Unidos Podemos perder definitivamente el pulso con el PSOE de Pedro Sánchez en torno al liderazgo de la izquierda en España.
Si esto es así, si el 1 de octubre no es una estación de llegada sino el inicio de un cambio de escenario y si Ada Colau se convierte en la líderesa que puede hacer posible un acuerdo entre las mayorías políticas y sociales de Cataluña y de España, tendrá también que liderar a la opinión pública en Cataluña y en España para asumir al menos los siguientes límites:
- Cualquier configuración territorial en España tiene que respetar la igualdad entre territorios y la solidaridad entre ellos.
- Un proyecto de cambio no puede circunscribirse a un cambio en las estructuras jurídico-políticas sino que tienen que ir acompañado de un cambio en las estructuras de poder material y por lo tanto en un cambio económico y social.
- La independencia material no es una opción viable. Materialmente somos interdependientes. Se trata de que esa interdependencia sea gobernada de acuerdo con los valores democráticos donde prevalezca la voluntad popular en sus diferentes escalas. Por eso la opción progresista es el federalismo plurinacional (no solo para España sino como principio organizador de la democracia en la crisis de la globalización).
- En Estados democráticos e instituciones transgubernamentales como la UE no puede haber ruptura de la legalidad (supongo que esta conclusión después de este proceso será evidente). Ahora bien, con mayorías sociales suficientes la legalidad se cambia. Esto también es evidente.
