El gobierno del PP fragua un atentado ecológico a la soberanía andaluza

El gobierno del Partido Popular ha autorizado el sondeo y extracción de gas natural en el Parque Nacional y Natural de Doñana y en su entorno, junto con la construcción de un nuevo gaseoducto y el futuro almacenamiento de ese combustible fósil en el subsuelo del espacio protegido. Es una agresión sin precedentes contra Andalucía, su territorio, su medio ambiente y su futuro que debe basarse en la soberanía energética renovable.

El gobierno del Partido Popular se está convirtiendo día a día, con sus políticas, laborales, sociales y ambientales en el principal problema del Estado Español porque impone la destrucción de derechos laborales, económicos y sociales, los derechos y protección ambiental, y la limitación de las soberanías territoriales sobre la gestión política de sus recursos naturales endógenos.

La puerta giratoria por la que se pasa de las altas responsabilidades de gobierno a estar en las altas nóminas de los monopolios de la energía, las telecomunicaciones, la electricidad y otros bienes básicos o esenciales, se ha revelado nuevamente con el caso Doñana como uno de los males del bipartidismo y la actual institucionalidad. Felipe González, había sido Presidente del Patronato de Doñana hasta hace poco y ahora es asesor en la dirección de Gas Natural, la empresa que que quiere quedarse con Doñana. No es necesario añadir más para establecer las relaciones insanas entre poder político y capitalismo energético.

El cambio del modelo energético es central para salir de la crisis. La mejora de nuestro déficit de intercambios comerciales pasa por avanzar hacia la autosuficiencia energética y tecnológica. Es imprescindible que el movimiento ecologista interiorice el principio de subsidiaridad, básico para la construcción de modelos cooperativos federales.

Doñana es andaluz sencillamente porque está en Andalucía, lo mismo que el Guadalquivir, y son los que planean su destrucción los que no entienden de fronteras. La naturaleza sí que entiende de límites y lleva millones de años aplicando el principio de subsidiaridad y la cooperación ecosistémica. Esto es, lo cercano se gestiona mejor en lo cercano y lo que influye más allá se pacta y se acuerda con los sistemas del entorno.

El movimiento ecologista, junto con toda la sociedad civil organizada, deben reclamar al Gobierno y el Parlamento andaluz el ejercicio de todas las acciones políticas, legales, legislativas y competenciales para blindar Doñana y su entorno. Queremos que una Declaración institucional del Parlamento Andaluz deje claro al Gobierno central del Partido Popular que Doñana no se toca y que se encontrarán en frente a toda Andalucía en la trinchera del no pasarán, que necesitamos defender nuestro patrimonio natural, del que Doñana es un símbolo, y un modelo energético frente a la dependencia física y económica de las energías fósiles.