El nuevo código ético enfrenta a los médicos sobre la objeción

El nuevo Código Deontológico Médico ha llegado con polémica. El documento de la Organización Médica Colegial, que afecta a los más de 225.000 profesionales que hay en España, y que advierte por primera vez de que los facultativos no pueden alegar problemas de conciencia para informar sobre el aborto -ni sobre ninguna práctica- ha desatado una guerra interna que amenaza con alargarse y que ya ha llegado hasta los tribunales.

El Colegio de Médicos de Toledo recurrió hace unos días el texto, ya en vigor, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Sus miembros aseguran que el documento no se aprobó con transparencia, y critican los puntos del texto dedicados al aborto y a los cuidados en el final de la vida. Con su recurso buscan que el código, que ha tardado dos años y medio en elaborarse, sea declarado nulo.

El ataque del colegio de Toledo se suma a un puñado más de denuncias que, según la plataforma antiabortista Derecho a Vivir, se han presentado a la Defensora del Pueblo y ante la Real Academia de Medicina. Los presidentes de los colegiados de esa provincia, que afirman que el código desprotege a los objetores, esperan ser solo la punta de lanza de una serie de movilizaciones contra el documento. Quieren, dicen, «despertar conciencias».

La controversia principal del texto está en el punto dedicado a la interrupción del embarazo. Afirma que no se puede negar a la paciente información médica y sobre «los derechos que el Estado le otorga». Un argumento de sentido común para el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, que no comprende las duras críticas hacia el texto. «El código defiende libertad de conciencia del médico. Por encima del individuo. El profesional nunca se puede negar a informar a su paciente. Este necesita saber todo lo que le concierne para poder tomar decisiones; es lo básico para ser autónomo», esgrime.

El documento -«no es una ley, señala el camino a seguir; lo que es correcto y lo que no», aclara el presidente de la OMC- se pronuncia sobre uno de los puntos más conflictivos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en vigor desde julio de 2010, que fija que la mujer puede interrumpir su embarazo sin dar explicaciones hasta la semana 14 de gestación. Esta norma fija que solo pueden objetar al aborto los profesionales «directamente implicados» en la intervención, pero no especifica cuáles son estos. Una rendija -que no es tal para el Gobierno, que asegura que todo está claro- que ha permitido la disparidad de criterio judicial en unas cuantas sentencias contradictorias sobre la objeción de los médicos de primaria. Hace unas semanas un juez de Málaga concedía a un facultativo la posibilidad de negarse a informar sobre esa intervención. Unos meses antes, otro juez andaluz había expresado lo contrario. Y el panorama, el debate y las críticas hacen prever que esos son solo dos casos de otros muchos que se judicializarán.

Tampoco es la primera vez que el Colegio de Médicos de Toledo se moviliza contra el aborto. El año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sentenciaba, tras el pertinente recurso de los colegiados, que los médicos de familia de esa comunidad podían inscribirse en el registro autonómico de objetores -único en España-. Un fallo que les otorgaba, de facto, la opción de objetar. Salvedad que el Gobierno regional se apresuró a resolver mediante un protocolo por el cual el médico ya no informa a la mujer sobre esa prestación. Solo le entrega el sobre reglamentario con la información necesaria. Y a veces ni eso.

Sendín explica que el nuevo código es el más participativo de los 100 años de historia de la organización. Ha sido elaborado por su Comisión Deontológica, formada por 12 expertos designados por la Asamblea del colegio, a su vez compuesta por miembros electos por los colegiados. El texto, al que se llegó después de 16 borradores muy debatidos, recibió enmiendas dos veces, revela.

Tampoco han gustado a los grupos conservadores las líneas sobre cuidados paliativos. Pese a que no es la primera vez que el tema se incluye en uno de estos códigos, el nuevo insiste en que la limitación del esfuerzo terapéutico para enfermos en agonía es «ética». Expone que el médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente «siempre que sea posible», pero añade que cuando no lo sea «permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir su bienestar. Aun cuando de ello pudiera derivarse un acortamiento de la vida». Argumento en línea con la nueva ley de muerte digna.

Pero la guinda de la controversia no le ha llegado al código desde los propios facultativos sino desde la industria farmacéutica. El texto expone que los médicos, a igualdad de efectos, deben prescribir el fármaco «más barato». Algo que a la patronal de laboratorios no le ha gustado. Hace unos días, su director general, Humberto Arnés, dijo que la OMC no era «el organismo de referencia para pronunciarse» sobre el tema. Sí lo son, en su opinión, las sociedades científicas. Algunas ya se han pronunciado en contra de la medida. Estas organizaciones, compuestas por médicos especialistas, reciben, sin embargo, financiación de compañías farmacéuticas.

2011-07-31