Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Rafa Rodríguez
El vertiginoso cambio político que estamos viviendo tiene como causa la respuesta de la ciudadanía, a través de los cauces democráticos, a los tres grandes problemas que padecemos por las deficiencias económicas e institucionales: el social y económico, el democrático y el territorial (los tres, a su vez, muy interconectados) que, aunque ya existían, fueron acentuados por la crisis global y lo implementaron la mala gestión, sobre todo en su segunda legislatura, de Rodríguez Zapatero y el Gobierno de Rajoy.
Cualquier proyecto de gobierno tiene que cumplir dos condiciones: la primera tener los apoyos parlamentarios suficientes, cuestión que se está mostrando muy complicada, pero esta condición no basta, tiene que cumplir también la de dar respuesta a los problemas que tenemos planteados.
Un gobierno del PP con el apoyo de ciudadanos lejos de dar cualquier alternativa a estos problemas presagia el enconamiento de los mismos porque el aporte de Ciudadanos lejos de moderar las políticas del PP las va a radicalizar. Podemos simbolizar los tres problemas en tres titulares: desigualdad y paro, corrupción y Cataluña. Las políticas económicas que defiende Ciudadanos van a traer más desigualdad; la aceptación de Rajoy como Presidente, al que identificó durante la campaña como el requisito para asumir las responsabilidades por la escandalosa corrupción del PP, liquida cualquier pretensión de regeneración democrática, pero, sobre todo, el integrismo españolista de Ciudadanos va a llevar hasta el límite el enfrentamiento territorial en España.
Afrontar las aspiraciones de mayor autogobierno del pueblo catalán y el cuestionamiento de los partidos soberanistas de la legitimidad constitucional exige abrir cauces de diálogos, con la participación de todas las Comunidades Autónomas, entre las fuerzas políticas para buscar soluciones. La intransigencia territorial de Ciudadanos nos pone en el camino contario: destruir los escasos puentes de comunicación existentes. La primera condición que Ciudadanos puso al PP fue el impedirle a CIU (ahora PDC) tener grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado, a pesar del apoyo de los soberanistas a la elección de Ana Pastor, para presidir el Congreso, y la segunda que la investidura tenga lugar cuanto antes pero no para defender los intereses generales sino para evitar cualquier negociación con el PNV que carece de margen de maniobra para apoyar al PP a cambio de concesiones en su agenda política hasta después de las elecciones vascas.
La estrategia territorial de Ciudadanos es un monumento a la irresponsabilidad: quiere convertir la Constitución en un instrumento para la represión en vez de lo que realmente debe ser: la base para la convivencia social. Tal vez su modelo es la ley de 2 de enero de 1935, aprobada tras la entrada de la CEDA en el gobierno de Lerroux, durante el bienio negro, que suspendió el Estatut, designó un gobernador general para Cataluña y encarceló al presidente Companys y a miembros de su gobierno en los penales del Puerto de Santa María (donde recibió la visita de Blas Infante) y Cartagena. Sin embargo, Martinez Domingo, como vicepresidente del parlamento catalán, impugnó la ley ante el Tribunal de Garantías Constitucionales (el equivalente al TC) que dictó sentencia el 5 de marzo de 1936 anulando la ley, al argumentar que la Constitución de 1931 no permitía dejar en suspenso la autonomía de un territorio, reponiendo en sus funciones al gobierno catalán y liberando a Companys y los miembros de su gobierno encarcelados. Sin embargo la Constitución de 1978 si le permite al gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, en su artículo 155, adoptar las medidas necesarias para cumplimiento forzoso de las obligaciones que la Constitución o las leyes le impongan y dar instrucciones directas a las autoridades de la Comunidad Autónoma. Por ello lo más probable es que hoy el TC rechazara un recurso como el presentado por Martínez Domingo y mantendría la Ley y los encarcelamientos.
Pero la pregunta es ¿y luego qué?
El camino es justamente el contrario: hay que adecuar la Constitución y las leyes a la nueva realidad social y no utilizarlas contra ella. El TC abdicó de su función de acercar la Constitución a la realidad social cuando dictó la sentencia 31/2010 anulando parte del Estatut, después de aprobado en referéndum, en base a una interpretación añeja del principio de soberanía como un poder máximo de disposición, único e irresistible, tal como lo formularon Bodino y Hobbes para el monarca absoluto y como Locke, Montsquieu y los constitucionalistas liberales de América, Francia y España lo trasladaron a la nación, mediante una construcción intelectual por la cual creaban un centro imaginario y colectivo de imputación del poder para despersonalizarlo.
La realidad política y social de hoy es muy distinta. La soberanía es un poder fragmentado en múltiples instancias en construcción y en deconstrucción. Basta con observar cómo las Comunidades Autónomas organizan todo su sistema jurídico sobre la base de sus Estatutos, que tienen por lo tanto una naturaleza muy parecida a las Constituciones, o como la Unión Europea ejerce el monopolio de la soberanía monetaria y produce normas que se imponen en caso de conflicto sobre las leyes emanadas de las Cortes Generales.
Por lo tanto, se trata de acercar la Constitución, que se fundamenta en una noción de soberanía que ya solo existe formalmente, a un concepto más real de la soberanía como poder compartido y a una nueva generación de constituciones, hipertextuales, que se está gestando por evolución y no mediante un solo acto constituyente. Y para ello hace falta abrir los cauces de diálogo porque es una operación que tenemos que hacer sin vulnerar el estado de derecho pero sorteando todas las dificultades producidas por la rigidez de la constitución del 78, que está provocando un peligroso conflicto entre el principio de legalidad constitucional y el principio de legitimidad democrático.
Para ello hay pasos necesarios, objetivos parciales que nos pueden evitar la frustración de plantearnos objetivos inviables en el actual marco jurídico. Así habría cuatro requisitos para evitar entrar en una vía de espiral en el conflicto territorial: a) la aceptación por todos los actores de que las soluciones no pueden buscarse al margen del estado de derecho; b) que las soluciones tienen que incrementar el principio de igualdad entre los territorios y no disminuirlos; c) que hay que ir dando pasos porque no son posibles las rupturas desde marcos constitucionales democráticos; d) que hace falta un gobierno con una clara voluntad política de dar soluciones a los problemas que tenemos y no agudizarlos. Lamentablemente Pedro Sánchez desperdició por cobardía política la gran oportunidad en las pasadas elecciones de lograr un gran acuerdo con Podemos y parte de los partidos nacionalistas. Después de estas elecciones es más complicado este acuerdo pero tarde o temprano tendremos un gobierno que no propugne el conflicto sino soluciones productos de un gran acuerdo donde solo se excluyan los partidos reaccionarios.
