El peligroso triángulo del dinero

Hasta ahora, el Tesoro avalaba a las entidades para que emitieran en el mercado y se pudieran financiar. El asunto ha ido empeorando y ya es imposible para las entidades (sobre todo las que están cuestionadas) que alguien les deje un euro ni con el sello del Estado. Y por ello tienen que acudir al BCE. Esta situación originaba dos problemas: la banca no podía atender a sus vencimientos (lo más grave que le puede ocurrir) y nadie adquiría la deuda pública española, por lo que el Estado no se podía financiar.

¿Solución? El Estado vende avales a las entidades y, sin pasar por el mercado, los utilizan como garantía para que el Banco Central Europeo (BCE) les preste dinero, a tres años de plazo, al módico precio del 1% de tipo de interés. Con este dinero adquirirán papel de Estado al 3%, atenderán vencimientos o comprarán emisiones propias que cotizan con fuertes descuentos, con lo que obtienen plusvalías contables. El crédito privado, por el momento, no se beneficia; sigue en caída libre, como la economía. Las entidades prefieren destinar el dinero a la Administración, que es menos arriesgado.

¿Es un remedio feliz para el Estado, los bancos y el BCE? “Mientras todo vaya bien, no habrá problemas. Pero si, por ejemplo, un día los inversores creen que Portugal puede caer y castigan a los bancos españoles por el riesgo de contagio y sus bonos se hunden… las entidades necesitarían más capital. Esto pondría en apuros a los bancos y los problemas llegarían al Estado”, apunta Íñigo Vega, analista bancario de la firma CA Cheuvreux. Para el BCE el riesgo no es el de las entidades a las que les deja el dinero, sino el del Estado español que es quien les ha avalado.

El Estado, para protegerse por ese riesgo, cobra a los bancos por la venta de avales, entre el 0,75% y el 1,25% dependiendo de la solvencia. Así, rebaja su coste de emisión, muy importante en los tiempos de austeridad.

El Ministerio de Economía ha adjudicado a 12 bancos y cajas avales por 41.235 millones, dentro del máximo de 100.000 millones contemplado en el decreto ley de prórroga de los Presupuestos. Una sola entidad, Banco Financiero y de Ahorros, la matriz de Bankia, acapara el 36% de los avales. Ha recibido garantías por 15.000 millones. El grupo presidido por Rodrigo Rato ha pagado una comisión de 75 millones. CatalunyaCaixa, por su parte, ha solicitado avales por 5.241 millones, por los que ha pagado una comisión inicial de 26,2 millones.

Por el momento, el Tesoro ha ingresado 206 millones. Esa comisión se exige en el momento de fijar la emisión. Las entidades más fuertes, que ya cuentan con activos válidos para obtener dinero ante el BCE, no acuden al Tesoro porque les resulta más caro. Las que pasan más estrecheces, sí lo tienen que hacer.

Con esta operación, el Estado se garantiza que la banca española compre su papel. “Pero todo tiene un límite. En diciembre los bancos compraron 27.000 millones en papel del Estado. Si no acuden los inversores extranjeros a las próximas subastas, no podrán acaparar todo lo que salga”, explica Vega. Hasta ahora, los grandes inversores norteamericanos y asiáticos siguen rehusando la deuda en euros de países periféricos.

Guillermo Monroy, de la Dirección de Tesorería del Banco Sabadell, advierte que estas inyecciones billonarias tienen el riesgo de terminar produciendo inflación por el exceso de dinero en circulación. “La capacidad del BCE para sacar el dinero que ahora está metiendo es relativa. Los préstamos actuales son a tres años, hasta 2015”, recuerda.

No obstante, en España desde todos los estamentos se pide acudir a la subasta del miércoles con intensidad. Se calcula que se volverán a pedir unos 100.000 millones, como en diciembre. Miguel Martín, presidente de la patronal bancaria AEB, afirmó hace días: “Hay que pedir lo máximo posible. Es la manera de sustituir la financiación del mercado. Es lo mejor para el sistema y la economía”.

Sin embargo, hay voces críticas que consideran que este es un intento de tapar con liquidez los problemas de solvencia de la banca y, al final, no se va al corazón del problema. Aristóbulo de Juan, ex director general del Banco de España y responsable del saneamiento bancario en las crisis de los ochenta y los noventa, apunta: “No se puede cambiar liquidez por capital”. Este es el reto de futuro.