El PP quiere cargarse el actual Estado de las Autonomías aprovechando la crisis

El Gobierno y las Comunidades Autónomas (CC.AA) abordan hoy en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el nuevo objetivo de déficit para el año 2012.

Esta reunión ha estado precedida de la revelación del déficit público de 2011 que ha servido para echar fuego en su campaña contra el Estado de las Autonomías. El desvío del déficit en las Comunidades Autónomas supone pasar del 1,3% fijado al 2,94% sobre el PIB, el mismo porcentaje que en el año 2010, aunque son precisamente el PP y el PSOE los principales responsables políticos de este incumplimiento.

Pero profundicemos un poco. En primer lugar analicemos la naturaleza del gasto y de los objetivos de déficit de cada una de estas administraciones:

1. El objetivo global de déficit para 2011 era 4,8 sobre el PIB. A las CC.AA se les permitía menos de un tercio de este déficit, el 1,3%.

2. El déficit real en 2011 se ha cerrado en el 8,51%, llegando la administración del Estado hasta el 5,1%, es decir que fue responsable del 60% del déficit total en 2011.

3. La mayor parte del gasto autonómico, en torno al 75%, se dedica a enseñanza, sanidad y servicios sociales. Es un gasto muy poco elástico (no se puede reducir) y ha aumentado sustancialmente por la crisis.

4. El gobierno central (PP y PSOE) no ha liquidado en su totalidad los Fondos de Convergencia y les endosa competencias sin financiación a las Comunidades Autónomas como las derivadas de la Ley de la Dependencia.

Para el año 2012 Rajoy ha decidido subir el objetivo de déficit del 4,4% (que pactó Zapatero con Bruselas) al 5,8%, ya que incluso al PP le parece una locura mantener estos objetivos cuando la economía está entrando de nuevo en otra recesión. Pero ¿cómo ha hecho este reparto entre las administraciones?, claramente a favor del Estado y en contra de las CC.AA. A las CC.AA le ha subido los objetivos de déficit sólo en dos décimas, del 1,3% al 1,5%, mientras que a la Administración del Estado le ha subido cuatro veces más (0,8 décimas), del 3,2% al 4%. Si se hubiese mantenido la misma proporción para las Comunidades Autónomas en vez del 1,3% se habría llegado al 1,7% sobre el PIB, un 25% más sobre la cifra inicial, en vez de un 15%.

En segundo lugar, y no menos importante, veamos como es el reparto de los objetivos de déficit entre las propias Comunidades Autónomas. Este reparto no ha tenido en cuenta:

1. Que al repartir los márgenes de déficit tomando como referencia al PIB y no, al menos, a la población perjudica gravemente a las más pobres. Andalucía por ejemplo representa el 18% de la población pero sólo el 13% del PIB. El Estado actúa aquí curiosamente como si las CC.AA fueran estados independientes eludiendo su responsabilidad sobre la cohesión territorial del conjunto, sin duda, la principal función que tienen que afrontar los estados que están integrados en Unión Europea (UE).

2. Esta distribución del déficit entre las CC.AA no tiene en cuenta las tasas de paro existente en cada una de ellas. Andalucía por ejemplo supera en un 300% a la del País Vasco o Navarra. Esto es sencillamente inaceptable. Ningún Estado que se precie como tal puede consentir estas desigualdades. Si lo hace es porque carece de política de cohesión territorial, a pesar de la imperatividad del mandato constitucional, y porque quiere que se hunda el actual modelo autonómico al que está acusando precisamente de ser el causante de las desigualdades.

3. No tiene en cuenta la deuda pública de cada una de ellas (es decir, los déficit acumulados), lo que favorece descaradamente a las que han acumulado más deuda que están gobernadas por el PP (Valencia y Castilla la Mancha) y por CIU (Cataluña).

El mito del «despilfarro regional” se ha convertido en el eje de la campaña contra el Estado de las Autonomía. Como dijo de Guindos en el Financial Times (5 de enero de 2012) «Las dificultades de liquidez son una auténtica oportunidad para imponer duras condiciones a las Comunidades Autónomas”. En esta campaña UPD es la avanzadilla, jaleada por los tertulianos de las TDT, que se ha especializado en desacreditarlas y cuestionarlas. Quieren coger a las Comunidades Autónomas en una pinza, entre el “mayor hachazo presupuestario de su historia” y la obligación que tienen de prestar los servicios públicos esenciales, precisamente cuando más falta hacen.

Pero ¡atención¡ ¿significa este ataque al “actual” modelo autonómico constituya un ataque indiscriminado del centralismo? ¡No¡ ¡Es un ataque al modelo que introdujo Andalucía¡. Saben que este ataque está reforzando al nacionalismo vasco y catalán, como se deduce de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS) que da una subida electoral muy importante de PNV y AMAIUR en el País Vasco y a CIU en Cataluña, pero que está encontrando un importante caldo de cultivo en el resto de las Comunidades, incluida Andalucía, es decir, donde han gobernado PP y PSOE.

Lo que en realidad se propone el PP es desprestigiar al Estado de las Autonomías que impulsó Andalucía cuando conquistó una Autonomía de primera a través de la casi imposible vía del 151. El PP está lanzando por delante a UPD, esos centralistas disfrazados de postmodernos, a los que habría que declarar persona non grata en Andalucía, que piden lo que el PP no ve oportuno decir, que le quiten a Andalucía las principales competencias, sobre todo la de educación y la de salud. Pero ¿por qué ese ataque ahora?

Hay dos grandes motivos:

a)      El Andalucismo despertó la conciencia Andaluza en los años setenta del siglo pasado e hizo posible que conquistáramos una Autonomía de primera el 28 de febrero de 1980. Este hecho truncó la posibilidad de una alianza de la burguesía españolista con la vasca y la catalana. El Andalucismo impulsó un modelo federal en España que por falta de fuerza no pudo culminarse. El modelo federal suponía más igualdad y más democracia. Ahora los poderes económicos quieren aprovechar la crisis para imponer el modelo que la derecha siempre defendió: el centralismo asimétrico. Es decir, que el poder político territorial coincida por completo, de nuevo, con el poder económico.

b)      Las Autonomías gestionan los servicios públicos más importantes: enseñanza, sanidad y asuntos sociales. La derecha quiere aprovechar la crisis para privatizarlos y convertirlos en mercancías. La estrategia es desprestigiar a sus gestores, decir que son muy caros,  recortar la financiación autonómica y sembrar el caos administrativo.

El PP quiere cargarse al actual Estado de las Autonomías aprovechando la crisis y ha lanzado por delante a UPD para que vaya haciendo el trabajo sucio.

En estas elecciones se juegan muchas cosas entre otras la defensa del Estado Autonómico de corte popular y democrático, que reparte territorialmente el poder político en función de sociedades diferenciadas y no de la concentración del poder económico.

Defender la Autonomía andaluza significa hoy denunciar y desenmascarar esta campaña pero también sentar las bases para refundar nuestra Autonomía para que además de política sea económica, social y cultural, es decir que sea real.