Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Rafa Rodríguez
Estamos inmersos en una época de transición tan conflictiva como lo demuestra el genocidio del gobierno de Israel contra la población palestina, la invasión de Ucrania, la tensión geopolítica, el agravamiento de la emergencia climática, la desigualdad o la inflación estructural y la subida de los tipos de interés por la mayoría de los bancos centrales.
La derecha española es consciente de la trascendencia de los próximos cuatro años para orientar la transición a favor de las élites o a favor de las clases populares y medias, en función de quién gobierne.
La derecha quiere gobernar para capturar y debilitar al Estado en función de los intereses de los grupos de presión económicos y, de esta forma, concentrar todo el poder institucional para acelerar la privatización de los servicios públicos y el recorte de los derechos y libertades, negando la realidad del cambio climático o de la desigualdad, para impedir que se tomen medidas estructurales en la transición ecológica con justicia social, en las mejoras laborales o para una fiscalidad que acabe con los privilegios y desmesuradas ganancias de las grandes empresas, muchas de ellas oligopolios internacionales.
La gran tragedia de la sociedad española es que la derecha mayoritaria esté basando su estrategia en un nacionalismo autoritario, centralista, monárquico y confesional, que le impide llegar a pactos excepto con vox, queriendo expulsar de la ciudadanía a quienes no comulguen con esa idea excluyente de nación. Su finalidad es puramente electoralista, sin importarle las consecuencias de exacerbar los más bajos instintos inflamados por el fanatismo, la aniquilación y criminalización de quienes tengan otra orientación política, esparciendo el miedo, el odio y el resentimiento.
Esta opción tan irresponsable del PP lo conduce a rivalizar con Vox para replicar en España las actitudes golpistas de Donald Trump o Bolsonaro, generando una dinámica de extrema polarización social porque no admiten la derrota que les impida gobernar, alentados por la prensa basura como Ok Diario, Voz Pópuli o Libertad Digital y por los mensajes de odio en las redes.
Aznar se ha erigido como el Trump o el Bolsonaro español que ha dado la consigna de que “El que pueda hacer algo que lo haga”, pasando por encima de los valores democráticos, también en el ámbito internacional con el apoyo explícito al genocidio que está llevando a cabo el gobierno israelí contra el pueblo palestino.
Están utilizando los pactos sobre la amnistía para deslegitimar radicalmente al inminente gobierno de coalición progresista, acusándolo de dictadura, de fin del Estado de derecho, de golpe de Estado comparable al 23F y a los asesinatos de ETA, al mismo tiempo que pretenden ocultar los contenidos programáticos de los pactos entre el PSOE y SUMAR para hacer frente a los problemas reales de la ciudadanía.
Vox se comporta como la fuerza de choque de esta alianza reaccionaria y utiliza a los cayetanos como su infantería, aleccionados en los centros de enseñanza de la iglesia, la gran mayoría subvencionados por el Estado.
Ha convocado las concentraciones ante la sede del PSOE a través de su organización juvenil “‘Revuelta”. El propio Abascal ha participado en esas concentraciones, así como destacados dirigentes de la organización ultraderechista en medio de consignas y simbología franquistas y nazis. Han pedido a los policías que desobedecieran “las órdenes ilegales” del gobierno en un llamamiento que implica la incitación a la insurrección de un cuerpo armado del Estado y han realizado invocaciones al Rey, a las Fuerzas de Seguridad y al Ejército para que impidan la formación del nuevo gobierno.
PP y Vox están llevando a cabo una acción coordinada activando todos los frentes disponibles. Las Manifestaciones no autorizadas y violentas frente a las sedes del PSOE han sido el mensaje que están dispuestos a todo con tal de impedir un nuevo gobierno de coalición progresista. El que partidos políticos organicen el acoso a otro partido rompe cualquier frontera democrática. Han querido dar la sensación de que esos miles de fachas eran los millones de españolas y españolas que se manifestaban contra los pactos y lo que han conseguido es infundir miedo y rechazo a la violencia.
Han utilizado el poder judicial, haciendo que un Consejo General del Poder Judicial sin legitimidad alguna porque lleva caducado desde hace cinco años, porque así lo ha querido el PP, censure una ley que aún no existe arrogándose unas competencias de las que carece. Las asociaciones judiciales se han pronunciado en la misma línea y el juez García Castellón ha acusado de terrorismo a Puigdemont y Marta Rovira en la causa de Tsunami Democràtic sin fundamento alguno, en una decisión política en medio de las negociaciones del PSOE con Junt. Saben el daño que hacen a la imagen de los jueces que aparecen ante la opinión pública como la sección togada del PP y Vox.
Los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil, saltándose su debida neutralidad política, han criticado de forma más o menos amenazante estos pactos. La Asociación pro Guardia Civil (Aprogc) ha llegado a publicar que “Estamos dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional” en una clara actitud golpista.
Han puesto en juego todo su poder institucional con pronunciamiento en los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas donde gobiernan. En el Senado, con su mayoría absoluta, están reformando el Reglamento para retrasar la futura ley de amnistía, aunque sea calificada de urgencia por el Congreso. Han logrado que el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, curse una carta al gobierno pidiendo información sobre la ley de amnistía antes de se haya presentado al Congreso.
Ahora han convocado manifestaciones contra la amnistía antes y después de la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Esperemos que no imiten a sus referentes Trump y Bolsonaro e intenten asaltar el Congreso.
Estas acciones coordinadas para romper las reglas democráticas en la elección del Presidente del Gobierno han provocado un escándalo internacional. Hasta el Financial Times se ha hecho eco de la deriva antidemocrática del PP y su unión con Vox, afirmando que la amnistía es la solución “conveniente”, y “la correcta, para Cataluña y para España”. El Papa ha recibido al Presidente de la Generalitat en un gesto de apoyo al proceso de normalización política en Cataluña.
No solo no han podido parar el pacto entre PSOE y Junts, sino que el PSOE ha logrado firmar acuerdos de investidura, y en muchos casos de legislatura, con todos los grupos de la Cámara excepto con PP, Vox y UPN. Así, mientras que la derecha centralista no lograba entenderse con ningún grupo, la izquierda ha demostrado su capacidad de diálogo y de lograr acuerdos, sin que unos acuerdos se hayan vuelto incompatibles con otros.
Han logrado que Junts vuelva a la política y comiencen a respetar las reglas de la democracia, abandonado la confrontación, como se ha demostrado en la votación del Parlament donde ERC y Junts se han desmarcado de un nuevo referéndum unilateral que proponía la CUP, a pesar de que sus marcos nacionalistas replican los mismos mitos que la derecha españolista que consideran, ya sea a Cataluña o a España, como un sujeto de soberanía única que habla con una sola voz, la de ellos.
No habrá repetición electoral. La investidura, a pesar de la furia de la derecha, va a ser una realidad en primera votación y tendrá el apoyo de 179 y de ocho grupos parlamentarios, alumbrando un nuevo gobierno de coalición progresista.
Va a ser una legislatura muy complicada, tanto por el contexto global como por la oposición ultramontana de la derecha, pero la izquierda está demostrando que la tranquilidad y el sosiego es la mejor forma de defender la democracia y que va a llevar adelante un proyecto para un nuevo país dentro de los cauces constitucionales, para cohesionar a esta ciudadanía que la derecha quiere romper en dos.
El PP y Vox no van a poder mantener de forma permanente esta estrategia desestabilizadora. El normal funcionamiento de las instituciones acabará imponiéndose, el gobierno de coalición podrá llevar a cabo su programa en favor de las clases populares y medias, y la ley de amnistía, esa excusa que han utilizado para tratar de impedir un nuevo gobierno de izquierda, se aprobará por las Cortes Generales y será el Tribunal Constitucional quien decida sobre su constitucionalidad.
