El PSOE veta una comisión de investigación sobre los ERE

La mayoría absoluta del PSOE vetó ayer la creación de una comisión de investigación sobre el caso Mercasevilla y por extensión de la presencia de intrusos en expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con fondos públicos. El resultado de la votación estaba cantado, lo cual no impidió ver a un Gobierno arrinconado por la oposición del PP, cuyos diputados inundaron todo el pleno parlamentario de intervenciones contra el Ejecutivo y el PSOE sobre lo que consideran «el mayor escándalo de la autonomía».

Hubo hasta nueve iniciativas con el caso de los ERE, de las que ocho eran preguntas orales al presidente de la Junta y a los consejeros de Empleo y Gobernación y una proposición no de ley solicitando la investigación. El Gobierno salió satisfecho con sus explicaciones. El propio Griñán compartió unos minutos distendidos con algunos periodistas sobre ópera y fútbol.

El turbio asunto no parece, por el momento, tener fin. Aún está pendiente de que la Junta informe del resultado del cotejo de otros 15 expedientes. El caso ha saltado, además, a la escena de los telediarios nacionales y, por lo tanto, al Congreso, y ha situado al PSOE andaluz a la defensiva, a cuatro meses de las elecciones municipales. En este ambiente, sus iniciativas políticas, como la de la defensa del Estado autonómico, hallan poco eco.

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, tuvo que dar cuenta del caso de las presuntas prejubilaciones falsas a preguntas de Diego Valderas (IU) y de Javier Arenas (PP), quien como suele ser habitual tenía registrada una cuestión muy distinta. La estrategia del PP a lo largo de la sesión de control apuntó siempre hacia las mismas dianas: el PSOE, «como nexo común de la trama» y a Griñán. El propio Arenas y sus diputados acusaron al presidente andaluz de tener «responsabilidad directa» en las irregularidades de los ERE. El argumento del PP es que Griñán, como consejero de Economía y Hacienda, conoció los tres informes enviados por la Intervención General en 2005, 2006 y 2007 expresando su disconformidad con el procedimiento administrativo elegido por la Consejería de Empleo para financiar los ERE a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).

Arenas, un maestro del regate en corto, se puso solemne para pedirle a Griñán confirmación de que «ordenó la transferencia de fondos de empleo al IFA» de la que derivó la financiación de los ERE, un hecho que consideró «extraordinariamente grave». Y así dicho hasta lo parece. Lo que ocurre es que el consejero de Hacienda está obligado a insertar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) las órdenes de publicación de los presupuestos de explotación de los distintos programas presupuestarios. Hay decenas de órdenes como esta en el BOJA.

Griñán compartió la «preocupación» por las anomalías detectadas -hasta ahora menos del 1% de un total de 6.096 beneficiarios-, defendió las políticas de la Junta de ayudas a empresas en crisis, aseguró que los fondos que financiaron los ERE «ni son ocultos ni ilegales» y aseguró que la Intervención «nunca» le elevó una diligencia como consejero advirtiendo de ilegalidades en estas partidas.

Y se opuso a una comisión de investigación porque, en su opinión, lo que se pretende es «crear una comisión de difamación para mantener, con inmunidad parlamentaria, esta estrategia de la mentira» con fines partidistas. También subrayó que fue la Junta la que denunció a la fiscalía el caso Mercasevilla, que destapó las irregularidades en otros ERE. «Nadie se puede tragar que el único responsable sea el director general de Empleo», le espetó Arenas, para quien la Junta ha estado intentando «taparlo todo»

Diego Valderas, que se zafó de la causa general del PP contra todo lo que sea PSOE, también le instó a dar cuentas en comisión parlamentaria ante las «sombras de dudas razonables» que salpican a los ERE.