Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
La ciudadanía andaluza siente perplejidad y repulsión ante el dictamen que ha sido aprobado en la Comisión de Investigación con el apoyo del PSOE y del PP. La primera Comisión de Investigación que se crea en 18 años. La primera.
Es inconcebible que después de meses de debate, de decenas de comparecientes, de innumerables documentos barajados para su estudio, etc. las conclusiones de la Comisión de Investigación solo considere responsable al Sr. Guerrero, que aunque representaba a un personaje que nunca debió ostentar un cargo público, no es ni mucho menos el único responsable.
La carta del Interventor General de la Junta de Andalucía durante los años 2000- 2010, dirigida al presidente del parlamento de Andalucía y a los portavoces de los grupos representados en el Parlamento, refleja que la Intervención General advirtió en 15 ocasiones, mediante auditorias, a los titulares de la Consejería y de la Viceconsejería de las irregularidades que se estaban produciendo en la gestión de las subvenciones del programa 31L.
Si las conclusiones definitivas de la Comisión son aprobadas tal cual en el Pleno correspondiente, el PSOE y el PP habrán convertido al Parlamento de Andalucía en cómplice de la corrupción y ahondarán aún más en la separación entre la calle y las instituciones, ya que la corrupción es el cáncer de la democracia.
Exigimos una modificación del Reglamento del Parlamento en la composición de las Comisiones de investigación al objeto de democratizar y hacer más transparente y eficaz su trabajo.
Las Comisiones de investigación han de ser independientes del gobierno, lo que exige una:
- Composición paritaria entre las personas designadas por la mayoría de gobierno y de la oposición.
- Que esté formada a partes iguales entre parlamentarios y expertos.
- El informe incluirá un diagnóstico que recogerá los hechos y el análisis de los fallos normativos y administrativos, además de las responsabilidades personales.
- Asimismo se incluirán reformas normativas y administrativas para evitar que estas situaciones se vuelvan a producir.
Es imprescindible que se modifique urgentemente el Reglamento del Parlamento en el sentido que proponemos y se vuelva a reproducir el debate en la Comisión para valorar las informaciones recabadas por la misma al objeto de modificar sustancialmente las conclusiones redactadas y actuar ejemplarmente contra la corrupción en defensa de la democracia y del prestigio de nuestra Autonomía.
Otra evidencia más de que nos hallamos en un régimen colonialista, que nos trata a los andaluces como a deficientes mentales, indignos por tanto de legalidad judicial y hasta de los más elementales derechos democráticos.
Con una tasa de paro del 37% (muy superior a la media del Estado, 24%); con una tasa de analfabetismo del 18% (superior al 15% que teníamos en 1982); con un 20% de las personas nacidas en Andalucía viviendo fuera, en la emigración, por motivos económicos; con un mercado interior en el que el 90% de los productos que se consumen no están elaborados en el interior de nuestras fronteras (frente al 68% del País Vasco y el 63% en Cataluña, por ejemplo), siendo en su mayoría productos fabricados por empresas del Estado español; con un sector financiero controlado por los grandes bancos españoles; con el negocio de los seguros destinado a engrosar las arcas de las potentes empresas españolas del sector; con unos servicios diarios (luz, teléfono, Internet, gasolina, butano, etc.) en manos de empresas españolas; con un turismo preso de los tour-operadores extraestatales y las multinacionales españolas; con una agricultura diseñada para satisfacer los intereses marcados por Europa y por el Estado; con un sector de la construcción (pública y privada) dominado por empresas españolas; en definitiva, con una economía esclava y sumisa a los intereses del Estado, ¿quién puede decir que a día de hoy Andalucía no siga siendo un claro ejemplo de economía inserta en una estructura colonial-dependiente según el modelo centro-periferia?
Telefónica, Endesa, Repsol, La Caixa, Mercadona, el BBVA, Banesto, Iberdrola, Gas Natural, BSCH, ACS, Dragados, Sol-Meliá, NH Hoteles, Alsina Graells, RENFE, Iberia y demás empresas españolas que hacen caja diariamente en sectores claves de la economía andaluza y con el dinero del pueblo trabajador andaluz, ¿no son un claro ejemplo de colonización interior económica y estructural? Que sólo el 2% de las empresas que cotizan en las bolsas españolas sean originarias de Andalucía (pueblo que comprende a casi el 20% de la población del Estado), ¿no es una muestra evidente de que la economía andaluza está subyugada por la estructura capitalista española?
Cuando se hace cada día más evidente la necesidad de un macropuerto comercial marítimoque compita con Rotterdam y el que a punto esta de ultimar en Tánger, la repentina fiebre que les ha entrado a otras ciudades costeras andaluzas de dotarse de uno en mininiatura ¿no expresa un intento de obstaculizar el necesario Gran Puerto (electrificado por ferrocarril) en La Línea – Algeciras, que debe por necesidad alumbrar una nueva ciudad, con más recursos hídricos para abastecerla que Barcelona, donde los productos andaluces podrían tener una dinámica y creciente salida internacional, en su ubicación más estratégica y natural?
Pero no, es mejor dedicarse saquear fondos de cohesión europeos o recursos públicos pagados con nuestros impuestos. Es mejor justificar sueldazos, coches oficiales y dietas con palique barato, intrigas de sacristía y reglamentismos que harían carcajearse a las momias del conde de Romanones y Ceaucescu, en caso de escuchar todo ese farragoso mundo burocrático pedante,cuyo único afán es el inmovilismo para mantener el estatus de las medianías políticas locales.
¿A qué intereses ha servido y sirve la «izquierda» españolista, incluso la infiltrada en CUT-BAI, sospechosamente soberanista en Euskadi y Catalunya y aquí pretendiendo montar un soviet cañí, guiñando al centralismo, de menos altura que aquella Ïnsula Barataria de Sancho Panza?