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Alfonso Pedrosa.Diario de Sevilla.20/07/2012.El Tribunal Constitucional (TC) le ha dicho a la Junta que puede seguir adelante con las subastas de medicamentos, puestas en cuestión por el Gobierno central y que la Consejería de Salud puso en marcha con el objetivo de generar unos ahorros anuales de 244 millones de euros. El desarrollo accidentado del proceso hizo que, por presiones del Ministerio de Sanidad en vísperas de las pasadas elecciones autonómicas, siete de los 11 laboratorios que iban a optar a la licitación de moléculas se cayeran del cartel y, con ello, las expectativas de ahorro en la factura pública de medicamentos disminuyesen. Aun así, cuatro laboratorios siguieron adelante y su concurrencia generará al SAS 44 millones de ahorro, a los que, tras el pronunciamiento del TC, se pueden añadir otros 15 de futuros concursos: una suma de 59 millones este año, dato que alivia la presión sobre el cumplimiento obligado del plan de ajuste de la Junta.
Técnicamente, lo que ha hecho el TC en su resolución, emitida el lunes, es levantar la suspensión cautelar de la convocatoria de las subastas, paralizada a raíz del planteamiento de un conflicto de competencias por parte del Ejecutivo de Rajoy. El texto que respaldan los nueve magistrados del Alto Tribunal no entra en lo que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, llamó semanas atrás «peleítas» en alusión a los debates políticos ajenos a la realidad de la calle: la resolución del TC sobrevuela el fondo de la cuestión sobre si hay o no vulneración de competencias estatales por parte de la Junta y se centra en que hay que levantar la suspensión cautelar porque nada demuestra que lo que hace el SAS no es peligroso para los pacientes y porque la definición de prestación farmacéutica pública incluye el elemento de la eficiencia en la gestión. El efecto del ahorro estimado por esta inciativa es «tanto más relevante si se toma en consideración el contexto de crisis económica y financiera que está actualmente afectando a nuestro país», dice el Alto Tribunal.
La convocatoria sobre la que el TC se ha pronunciado se fundamenta en el decreto-ley de la Junta del pasado diciembre de medidas urgentes en farmacia, uno de los puntales del plan de reequilibrio financiero andaluz. El Consejo de Ministros de la semana pasada decidió, tres días antes de la reunión del pleno del TC en la que se adopto el levantamiento de la suspensión cautelar de la resolución de las subastas, plantear recurso de inconstitucionalidad contra esta base normativa de los concursos de medicamentos, por vulnerar competencias estatales. Una situación que podría derivar en estrambótica si el TC se contradijese, al final, a sí mismo, y concluyese que, efectivamente, las «peleítas» son lo importante.
