Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Europa Press .Ideal . 22/02/2011.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha ordenado la paralización inmediata de las obras de emergencia para la construcción de una conducción de abastecimiento de agua a Baza desde el embalse del Portillo, así como de las expropiaciones de las fincas afectadas por estos trabajos.
Las obras de canalización afectan a los términos municipales de Castril, Cortes de Baza, Benamaurel, Baza y Zújar y estaban enmarcados en el Real Decreto de 2005 por el que se adoptaban medidas para corregir los efectos de la sequía de las cuencas hidrográficas de los ríos Guadiana, Guadalquivir y Ebro.
En un auto fechado el 4 de febrero de este año, el Alto Tribunal basa su decisión en que este decreto de seguía fue anulado en 2010 por lo que quedan también sin efecto las medidas adoptadas a raíz del mismo.
Esta versión no era compartida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la Subdelegación del Gobierno en Granada y los municipios afectados, que en su día consideraron que este proyecto no estaba afectado por la anulación de la citada normativa y se optó por continuar los trabajos.
Al respecto, el Tribunal Supremo indica que estas obras «no tienen otro amparo ni cobertura que la del mentado Real Decreto declarado nulo en sentencia firme por lo que» se acceden a las pretensiones formuladas por la Plataforma en Defensa del Río Castril, personada en este caso, para que se paralicen las obras y las expropiaciones derivadas de las mismas.
Por el momento, no se ha acordado la demolición de lo que se ha construido hasta ahora hasta conocer el alcance de los trabajos, de lo que deberá informar el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Un complejo proceso
De este modo, se cierra uno de los frentes abiertos de la Plataforma en Defensa del río Castril, que desde en un inicio se ha opuesto a este proyecto por considerar que causará graves daños a la flora y fauna del nacimiento del río.
La asociación ha «valorado muy positivamente» esta resolución, al considerar que «respalda» la tesis de que las obras son ilegales «además de innecesarias por carecer del respaldo jurídico que las sustentaban, después de que el propio Tribunal Supremo ratificara en 2010 la anulación del citado decreto de sequía por el que se declaraban de emergencia los trabajos».
Por ello, la plataforma ha pedido «cordura» y sentido común tanto a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como al Gobierno central para que busquen otra alternativa al trasvase que cuente con el consenso con todas las partes implicadas.
«Queremos dejar claro que no estamos en contra del uso racional del agua y -queremos- que se busque una figura de protección de este paraje natural que conforma el río Castril», reclama el presidente de este colectivo, Miguel Ortiz, que aún tiene pendientes algunos asuntos relacionados con la tramitación del proceso.
Según indica el diario ‘El Mundo’, que adelanta la noticia en su edición del martes, entre estos asuntos se encuentra el hecho de que la «CHG no incluyera en la ficha medioambiental que el entubamiento afectaría a las riberas del río, protegidas», además de que pudo falsear el trazado de las obras.
